¿Para cuándo un partido independentista madrileño?

La cuestión la planteaba más enfadado que irónicamente: "¿Para cuándo un partido independentista madrileño capaz de pactar tanto a la izquierda como a la derecha, y de exigir las mismas condiciones fiscales que País Vasco y Cataluña?". Ley de Capitalidad, concierto económico, deuda histórica, inglés como segunda lengua con todo tipo de ayudas, publicación de las balanzas fiscales y un sinfín de exigencias más. "Todo lo que quieran las demás CCAA para ellas, lo quiero yo también para la mía", añadía mi interlocutor. Una especie de cláusula Camps a la madrileña. Siete escaños a cambio de la gobernabilidad.

El malestar que se percibe en la ciudadanía a raíz del acuerdo del PSOE con ERC recuerda al ambiente que se respiraba en 2017 a cuenta de la consulta ilegal. Aquel desafío lo que consiguió entonces fue despertar a la extrema derecha de su letargo. El concierto económico catalán encierra una maldad parecida. Conlleva la crisis definitiva de la Transición y una revuelta autonómica que enfrentará a unas comunidades con otras, convirtiendo la territorialidad en campo abonado para el populismo y la vieja tradición española del que hay de lo mío, el peix al cove, todo para la buchaca.

"Si el café para todos no ha servido, vamos a tener que probar con el whisky de importación a la carta", continuaba. "Se han inventado el impuesto a las grandes fortunas para que Madrid no pueda tener ni exenciones al impuesto sobre el patrimonio ni autonomía fiscal. Lo han hecho bajo la excusa de la igualdad para todas las comunidades. Y, de repente, ese mismo Gobierno, nos sale ahora con un concierto económico catalán que privilegia a unos españoles frente a otros. ¿De verdad tenemos que admitir esta tomadura de pelo?".

La infrafinanciación de Cataluña, que es el argumento ideado por el PSOE para que sus votantes puedan deglutir semejante plato, cae por su propio peso. Tal y como hemos analizado en este periódico, la financiación por habitante ajustado de Cataluña está en línea con la media nacional. De hecho, según los cálculos del mayor experto en la materia, Ángel de la Fuente, Cataluña tiene una financiación por habitante un 1,7% superior a la media nacional, casi lo mismo que Madrid (un 2,1% superior).

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Evidentemente, la posibilidad de crear un partido independentista madrileño que sea competitivo en las urnas no pasa de mera boutade, pues Madrid, a día de hoy, carece de veleidad identitaria alguna. Eso sí, la situación ha generado un malestar autonómico que irá a más y traerá inimaginables consecuencias. Resulta meridianamente claro que la excusa de los indultos, la amnistía y ahora el concierto económico catalán en aras de la convivencia y la unidad de España no es, sino una martingala para blindarse en el poder.

Puede ser que el procés, tal y como lo hemos conocido, haya tocado a su fin, pero ni estamos mejor que en 2017 ni estamos más unidos. La distensión esgrimida por el Ejecutivo es un paréntesis planificado en ese long game al que juegan los discípulos de Pujol para alcanzar sus objetivos. El último, la independencia.

Opinión

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"Una vez producida la negativa del Estado [al autogobierno] y la situación de bloqueo que se deriva, esta podría intentar forzar la negociación con el Estado, acudiendo a actores diversos que actúen como mediadores. El apoyo de la sociedad civil movilizada podría constituir igualmente un factor decisivo para este objetivo", decía el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña o Biblia de la independencia, redactado en 2014.

¿No estaba muerto el secesionismo después de las últimas elecciones catalanas? ¿No era el comienzo de una nueva etapa, según Pedro Sánchez? Si es así, ¿por qué la inauguramos con Esquerra, más débil que nunca, doblando la cerviz al Estado español y consiguiendo lo que nunca antes había soñado? Y todo ello después de que el PSC negara los indultos para luego concederlos, apostatara de la amnistía para después promoverla, jurara en el altar de Ferraz que jamás transaría con un concierto económico catalán para luego postrarse de hinojos ante las exigencias de un Junqueras capitidisminuido.

Cada vez quedan menos argumentos para calificar al PSC de constitucionalista. Habrá que preguntarse por el estado anímico de unos votantes que han sido engañados sistemáticamente y que, aun así, bajo la excusa del pragmatismo o de la invasión de la extrema derecha, o de lo que estimen pertinente en cada momento, siguen confiando en un partido que acaba de romper la caja común para mayor gloria de los independentistas. Concretamente, de Esquerra, una formación que, hasta hace tres días, planeaba montar una república y cuya secretaria general, Marta Rovira, se ufana de que el acuerdo con los socialistas marca una nueva era que culminará con el referéndum secesionista.

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Son muchos los analistas —entre otros, José Antonio Zarzalejos y Carlos Sánchez este fin de semana en El Confidencial— que aseguran que dicho acuerdo es inviable, por necesitar de una habilitación constitucional que ahora se presume imposible. Lo cierto es que, conociendo el precedente de la Ley de Amnistía y su próximo paso por el TC, no me jugaría ni el dedo meñique al fracaso del concierto catalán.

Sea como fuere, da igual. Si se hace efectivo, supondrá el fin de la España de la Transición; si lo tumba el Constitucional, los independentistas volverán a tener munición para otros 20 años de victimismo, exactamente igual que con el Estatuto de Maragall auspiciado por Zapatero, aquel que daba el Ebro a Cataluña, y aquí paz y después gloria.

Lo de ERC es un paso más (el enésimo) hacia la quiebra constitucional. Un traje a medida para un político en apuros, Sánchez, que no tiene ningún pudor en llevarse a quien pille por delante en su caída. El hecho de hacer coincidir el anuncio del concierto y la declaración ante el juez Peinado con su audiencia con el Rey en Mallorca resulta paradigmático.

De hecho consumado a hecho consumado, vamos de cabeza hacia una estructura confederal, con un triángulo privilegiado (País Vasco, Cataluña y Navarra), los territorios que necesita Sánchez para poder sumar y continuar en Moncloa. Ya está. Objetivo cumplido. El 1-O se ha hecho efectivo siete años después.