Gobiernos que temen a jueces y jueces que temen a gobiernos

Si ustedes pensaban que el plan de regeneración democrática de Sánchez cruzaba varias líneas rojas, échenle un vistazo al propuesto por López Obrador. El español es un amateur en lo que a lawfare se refiere si lo comparamos con lo que pretenden hacer en México. Allí, el presidente saliente ha impulsado una reforma que busca reemplazar a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a unos 1.600 jueces y magistrados federales a través de votaciones populares.

El punto más delicado de dicho plan consiste en crear un tribunal de disciplina judicial, que pondría a los magistrados bajo control político. Norma Piña, presidenta de la SCJN, se ha opuesto a la reforma, argumentando que afectaría la independencia y preparación del poder judicial, pero, claro está, tanto AMLO como su sucesora, Claudia Sheinbaum, han descerrajado la artillería. Acusan a Piña de ser demasiado política y no querer dialogar. ¿Les suena?

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Y es que, pecando de simplista, uno puede reducir los tipos de países que existen en el mundo a solo dos. Por un lado, están los países en los que el Gobierno tiene miedo a los jueces y, por el otro, los países en los que los jueces tienen miedo al Gobierno.

Como se ve en el caso de México, muchos se dirigen de cabeza a la segunda de las categorías, mientras que España, afortunadamente y para alborozo de la mal traída separación de poderes, sigue encontrándose entre los primeros. Y todo ello a pesar de los pescozones de la Comisión Europea a España en su informe anual sobre la situación del Estado de derecho.

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El hecho de que la Justicia se haya pronunciado en contra de los intereses del Gobierno, orillando sus presiones, significa que la Justicia aguanta. Que el Supremo interprete que el delito de malversación no es amnistiable y mantenga la orden de detención contra Puigdemont y la inhabilitación contra Junqueras, es un ejemplo de ello. Que el juez Peinado tome declaración al mismísimo presidente del Gobierno en Moncloa por un caso en el que está investigada su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, es otro.

Así que, efectivamente, la Justicia aguanta. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo.

Si uno quiere saber lo que se nos viene, basta con repasar las epístolas tuiteras de Sánchez, el acuerdo de PSOE y Junts —que incluye la investigación de las situaciones comprendidas en el concepto de lawfare— o volver sobre las declaraciones de Óscar Puente cuando, en estas fechas estivales, acusó al Supremo de haberse "extralimitado" en su interpretación de la amnistía. El Ejecutivo "ha hecho lo que podía y lo que debía", y ahora es el turno de que los jueces hagan "lo que corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo, sobre todo a su tenor literal", predicó el ministro.

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Con estos mimbres se va a intentar fabricar una causa contra la Justicia. La contraofensiva vendrá en septiembre, pero los primeros acordes ya han comenzado a escucharse. Es el caso de la querella por prevaricación dolosa contra Peinado presentada por Sánchez, utilizando con impudicia a la Abogacía del Estado.

Música similar se intuye en las palabras de Puigdemont, señalando a los jueces y acusándolos de desobedecer la ley, lo que anticipa el próximo movimiento del expresident. Como escribía Beatriz Parera en este periódico, "las querellas por prevaricación desde el Gobierno contra los jueces ya no son una línea roja ni algo impensable después de la decisión de Pedro Sánchez de acusar al juez Juan Carlos Peinado. Y Carles Puigdemont lo sabe".

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Manuel Marchena y Pablo Llarena, presidente y magistrado, respectivamente, de la Sala Segunda de lo Penal son los enemigos a batir. En el Supremo se temen una lluvia de querellas por prevaricación contra ellos, una vez que Sánchez ha marcado el camino y comanda un Gobierno de coalición que necesita de los escaños de los independentistas.

De estudiar estas querellas se encargaría el propio TS. En concreto, la Sala del 61 si fuera contra distintos magistrados de una sala. Formada por 16 miembros, incluye al presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Según el artículo 61 de la LOPJ, esta Sala Especial conocerá "de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de Sala o contra los magistrados de una Sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen". Uno podría intuir que tales prevaricaciones quedarían en agua de borrajas, dada la actual composición del tribunal y la intencionalidad de las querellas que se van a interponer, pero que nadie se haga ilusiones. Lo mismo pensábamos de otros muchos asuntos cuyo final nos dejó ojipláticos tras un súbito giro de guion. El caso de los ERE es uno de ellos.

La cuestión es que la composición de la Sala 61 va a cambiar con el nuevo CGPJ y con el aluvión de nombramientos que está pendiente (122 plazas vacantes, de las que 25 corresponden al Supremo). En este contexto, la batalla de la Sala del 61 para colocar magistrados afines se antoja clave para el Ejecutivo, casi tanto como lo ha sido la del Tribunal Constitucional con Cándido Conde-Pumpido al frente. Lo mismo sucede con la Sala de Gobierno, que se ocupa de las normas de reparto, es decir, distribuye el quién y cuándo conoce los asuntos que entren.

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Todo ello explica, como no podía ser de otra manera, la enésima bronca que existe en el CGPJ para el nombramiento del presidente. No es lo mismo Pablo Lucas que Ana Ferrer, quien se desmarcó de sus compañeros al considerar que el delito de malversación no se debería haber excluido de la amnistía, por poner un ejemplo. Que sea uno u otra podría inclinar la balanza a favor o en contra del Gobierno en sus cuitas judiciales y en la legitimación sobrevenida que está haciendo del correoso concepto del lawfare.

Lo pone negro sobre blanco Guillem Soler Solé en un análisis publicado hace escasas fechas en El Nacional.cat bajo el título "El TS, un oasis de inmunidad". El articulista, magistrado en los juzgados de Barcelona y miembro de la asociación de jueces Ágora Judicial, "nacida en 2018 a raíz de la preocupante vulneración de derechos que se empezó a vivir en Catalunya", según afirma el propio Soler Solé, dice en el texto:

"La clave sería, en todo caso, el hecho de no saber por anticipado, el TS, cuál sería la composición de la sala que tramitaría una eventual querella [contra los magistrados]. Saber que no serían sus compañeros de café. Y eso —no lo dudemos— seguro que obligaría a cualquier jurista a pensar más de una y de dos veces si le compensa asumir los riesgos —ahora ya sí reales— de ciertos saltos jurídicos al abismo de la ilegalidad".

Y todo ello a pocos días de la apertura del año judicial, con un fiscal general del Estado al borde de la imputación y la presidencia de un Felipe VI al que tratan de hacer de menos. Hagan palomitas. A partir de septiembre, se abre la veda.