Cándido Méndez, el último facha

Cándido Méndez (Badajoz, 1952) dice que esta batalla la va a dar porque tiene nietos y no quiere dejarles un país al que le han saltado las costuras. Méndez fue secretario general de UGT durante 22 años, una persona de izquierdas que no ha perdido el oremus ("estoy ya jubilado, disfrutando de una digna pensión") y a la que ahora pretenden situar en la trinchera por decir simplemente lo que piensa.

Muy activo a raíz de la publicación de un libro, Por una nueva conciencia social (Deusto), y también por su faceta de contertulio, ha criticado con vehemencia la amnistía y el concierto catalán, dos hitos del actual Gobierno de coalición. Da igual su historial al lado de la clase trabajadora. La jauría se le ha echado encima.

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"Tengo una enorme preocupación porque creo que ha habido dos golpes a la igualdad en un espacio de tiempo muy corto. Uno es el golpe a la igualdad ante la ley, que es la amnistía, y el otro es un golpe contra la igualdad de oportunidades, que es el pacto fiscal, porque aboca a una discriminación", dijo en una entrevista en El Mundo.

A Méndez, como a muchos otros, se le acusa de haberse derechizado por el simple hecho de cuestionar decisiones mollares del actual Ejecutivo de izquierdas. Pero el de UGT no se ha movido. El que sí lo ha hecho, arrastrando consigo la escala ideológica hacia los extremos, ha sido el partido que gobierna, radicalizando sus propuestas y encaramándose con quien quiere destruir el país, para mantenerse en el poder. Sánchez, el gran estadista. La izquierda y el sindicalismo clásico, tachados de fachas. El mundo al revés.

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Méndez también ha dejado caer críticas, ¡oh sacrilegio!, con las formas con las que Yolanda Díaz pretende implementar la jornada laboral de 37,5 horas semanales, lo que ha sentado a cuerno quemado a una parte de sus compañeros, que este miércoles 26 de septiembre salen a la calle para manifestarse delante de las sedes de la patronal en un intento de forzar a los empresarios a que se sumen al acuerdo propuesto por Trabajo.

"Hace falta un pacto estratégico por el empleo y la productividad [...], un marco de entendimiento entre sindicatos y patronal. Porque el diálogo social sí está funcionando. El diálogo político, no", en una clara alusión de Yolanda Díaz y sus intenciones de orillar a los agentes sociales en la implementación de la reducción de jornada.

Con su imagen borrosa, a punto de desaparecer del coliseo de la política, Yolanda Díaz necesita de un golpe de efecto que vaya más allá del Yo Donna y le permita asomar la cabeza en el Congreso. La jornada de 37,5 horas semanales parece la excusa perfecta. Da titulares y cabrea a esos empresarios de copa y puro.

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El ministerio presentó un borrador de anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada que pretendía sacar adelante manu militari hasta que la parte socialista del Gobierno le dijo que mejor negociarlo con los agentes sociales. El principal de los cambios pasaba por reducir de forma progresiva la jornada, sin merma salarial y sin ampliación del límite máximo de horas extraordinarias, de las 40 horas a 38,5 horas en una primera fase, llegando al máximo de las 37,5 horas de trabajo efectivo en una segunda. La reducción de jornada sin bajada de sueldo proporcional implicaba una subida del salario por hora trabajada.

Con esta propuesta, el Ejecutivo se está metiendo, de nuevo, en un espacio que no le corresponde, invadiendo la autonomía de las partes, esto es, de sindicatos y patronal, para forzar la entrada en vigor de la reducción de jornada. Unai Sordo y Pepe Álvarez van cediendo sus grandes fortalezas a Yolanda Díaz, acaso una de las nuestras. Y claro está: si el Gobierno no respeta su espacio de negociación, a los sindicatos no les queda más remedio que echarse a la calle para hacer ver que todavía sirven para algo.

El deterioro institucional va in crescendo. Después de la Justicia, los medios de comunicación y el Ibex, ahora van a por la negociación colectiva. Como escribía Ignacio Varela, "es difícil encontrar un pilar del edificio institucional que se construyó en la Transición que no haya sido cuestionado, sacudido y, en ciertos casos, simplemente liquidado". En este 2024, toca la voladura de las 4.500 mesas abiertas en toda España entre sindicatos y patronal en las que se decide la negociación colectiva.

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En mayo de 2023, los agentes sociales firmaron en el Círculo de Bellas Artes un pacto salarial a tres años, el celebérrimo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que incluía un incremento del 4% en 2023, el 3% en 2024 y otro 3% en 2025, más la posibilidad de una subida adicional de otro 1% para los ejercicios 2023 y 2024 si la inflación superaba estos incrementos.

Hubo sintonía y cesiones por parte de todos. También, en el caso de los sindicatos, cierto temor a que la derecha llegara al poder y se les complicara la negociación. Se especulaba entonces con otro ciclo virtuoso del PP que comenzaría con las municipales y autonómicas, para luego más tarde, con la catapulta de la territorialidad, asaltar La Moncloa. Fallaron en este último punto. Ahí está el 23-J.

Pues bien, ¿para qué tanto esfuerzo en firmar el AENC si después el Gobierno, sin encomendarse ni a dios ni al diablo, impone una reducción de jornada a 37,5 horas semanales que implica, de facto, una subida inmediata de salarios?

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"Para generar confianza", escribía el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en Expansión, "es peligroso tratar de romper los espacios de consenso, no solo generando diálogos en los que los resultados ya se han marcado previamente, sino también forzando la entrada de nuevos actores afines a instancias del poder".

La cuestión es más que peliaguda. El Gobierno está ocupando un espacio que no le corresponde, que es el de los agentes sociales, reconocido en el artículo 7 de la Constitución ("los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley"). Hablamos de unos agentes sociales que se sitúan entre los partidos políticos (artículo 6) y las Fuerzas Armadas (artículo 8). Ahí es nada.

Sánchez trata de estirar la legislatura como un chicle porque sabe que, desde el poder, uno siempre se defiende mejor. Mientras tanto, para contrarrestar los ataques, se arroga facultades ajenas, caso de la negociación colectiva, y levanta un fortín a golpe de controlar las instituciones y laminar a los críticos. Y entre estos críticos no solo hay empresarios, sino sindicalistas de toda la vida nada sospechosos, verbigracia, Cándido Méndez.