Junts y PP, 'partners in crime'

Escuchado recientemente en uno de esos corrillos que retratan mejor que cualquier crónica la atmósfera enrarecida de la política española: “El Partido Popular está dormido y nadie nos está ayudando a que despierte. Hay muchos temas en los que nuestros intereses coinciden. Podríamos pactar una agenda conjunta contra este Gobierno, cuyas políticas, sobre todo económicas, están condicionadas por sus socios de extrema izquierda. Pero en el PP no se enteran. Con la reducción de la jornada laboral, hemos sido nosotros los que hemos tirado del carro”, decía ni corto ni perezoso un dirigente de Junts.

Estas palabras confirman la rapidez a la que se desenvuelven los acontecimientos en la política española y la promiscuidad de sus actores. Una relación sobrevenida entre un partido independentista y otro que fue el artífice de la aplicación del 155 en Cataluña. Nadie puede negar que, gracias a Sánchez, han surgido extraños compañeros de viaje.

A estas alturas, Puigdemont ya no es el monstruo que se le aparecía por la noche a la derecha española. "En medio de la pútrida charca de ranas de este fin de régimen, el errabundo Puigdemont es el único sapo que actúa con gallardía", escribía no hace mucho Juan Manuel de Prada. El expresident se ha convertido en un mal menor, en el sapo que el PP deberá tragarse para ver a Sánchez fuera de la Moncloa.

Más que partners in love, hay que hablar de partners in crime. En los últimos meses, PP y Junts han coincidido en no pocas votaciones, tales como la ley para desalojar okupas en 48 horas, el rechazo al decreto ómnibus o el bloqueo a la prórroga del impuesto a las grandes energéticas, entre otras. La tendencia, lejos de frenarse, irá a más según nos acerquemos al final de Sánchez. Lo veremos en los Presupuestos como en cualquier iniciativa que dependa de unos socios que, cual condotieros, se venden al mejor postor.

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Gabriel Rufián, en uno de sus habituales alardes de ingenio (sic), ya advirtió de un nuevo eje de la "ultraderecha" donde incluía a PP y Junts. Le preguntó a Sánchez cuánto creía que duraría la legislatura —tras el voto en contra de Junts a la ley que limitaba los alquileres de temporada— y le hizo una recomendación: "Hay un libro que habla de un fantasma que recorre Europa", dijo cáustico al presidente del Gobierno, "y hay uno que recorre este hemiciclo y es el de la derecha y la ultraderecha que se está conformando".

La desesperación que muestran los de Puigdemont con el PP tiene su razón de ser. Mientras Junts se abalanza sobre cualquier oportunidad de erosionar al Gobierno, en Génova siguen tratando de soplar y sorber al mismo tiempo, con un discurso tibio para pisar los menos callos posibles que, en ocasiones, es visto como un símbolo de debilidad incluso por los suyos. Como muestra, el debate de la reducción de jornada a 37,5 horas.

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Los viajes de Josep Sánchez Llibre (Foment) a Waterloo no han sido en vano y los de Junts van de cabeza hacia una enmienda a la totalidad. Sin embargo, a falta de 24 horas de que el proyecto de ley sea aprobado en Consejo de Ministros y con el malestar del empresariado en máximos, todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es la postura del PP. No es que no la tenga, que la tiene, pero la calculada ambigüedad de su discurso impide que los votantes tengan meridianamente claro qué piensa sobre la citada polémica.

"El proyecto de ley de Yolanda Díaz es una barbaridad económica. Es un tema de negociación colectiva y no puede venir por imposición legal. Así lo hemos dicho todo el rato. No hay ambigüedad en nuestro discurso", dice un economista que hace papeles para Génova. "Además, tiene un gran impacto en pequeñas y medianas empresas y en autónomos, que son muchos. La práctica totalidad de las compañías en España son pymes y hay 3,4 millones de autónomos, que tienen familia y que también votan, si quieres verlo desde el punto de vista electoral".

Estas palabras del entorno de Génova anticipan los próximos movimientos del PP y vaticinan un dudoso futuro al proyecto de ley para la reducción de jornada. El mismo futuro que a la vicepresidenta que lo impulsó.

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Al igual que otros que han sabido interpretar los tiempos actuales y que consideran que el capitalismo necesita reinventarse y hacerse más humano, el PP no ve con malos ojos un recorte de la jornada a las 37,5 horas. Tendría hasta su lógica si se hace de forma ordenada y calculando riesgos. El problema no es el fondo, sino la forma. Lo que de verdad chirría no es la reducción de jornada en sí, sino la manera en la que el Gobierno pretende imponerla: a golpe de BOE, manu militari, pisoteando los cauces naturales de la negociación colectiva.

En mayo de 2023, sindicatos y patronal se dejaban la piel en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un pacto que establecía subidas salariales progresivas y mecanismos de adaptación a la inflación. Un delicado equilibrio que ahora, con la alegre propuesta de las 37,5 horas, el Gobierno revienta de un manotazo.

Aunque el proyecto de ley que llega este martes al Consejo de Ministros se construye en torno a tres puntos principales (reducción de jornada a 37,5 horas, refuerzo del derecho a la desconexión digital y endurecimiento del registro horario para vigilar la aplicación de la reducción), lo relevante son otros asuntos. A saber: subida automática del salario/hora y agujero en la cuenta de resultados de las empresas.

La historia de PP y Junts es la de dos amantes de conveniencia: no se soportan, pero se necesitan. Y cada vez más. No están construyendo un proyecto común, sino una alianza táctica para desangrar al Gobierno socialista. Y mientras tanto, la reducción de jornada, que debería ser fruto de un acuerdo social maduro, se convierte en munición para una guerra de trincheras. Lo que no iba a pasar, pasará. Y lo que está pasando, solo acaba de empezar.