Ya no harán falta urnas: la Hacienda catalana será el nuevo 1-O

La financiación singular, acaso un eufemismo para referirse al cupo catalán, y el blindaje de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que se pretende cerrar este lunes en la mesa bilateral Estado-Generalitat, no son una anomalía ni un accidente. Son una página más del Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, también conocido como la Biblia de la independencia, ese compendio de instrucciones para la ruptura que presentó Artur Mas en 2014 y que muchos dieron por enterrado con el 155 y la foto de Puigdemont huyendo a Waterloo. Ingenuos. En dicho manual, se anticipaba que "la voluntad popular y la voluntad institucional podrían seguir manifestándose después de recuperarse la autonomía y el funcionamiento ordinario de las instituciones".

Esto no es el resultado de una "normalización política", ni mucho menos un reencuentro emocional, como se nos ha querido vender desde el Constitucional o desde columnas de opinión bienintencionadas. Esto es el resultado directo de una necesidad política: la de un Ejecutivo que, cercado por los casos de corrupción y con la soga judicial cada vez más próxima al pescuezo, depende del voto de quienes quieren romper España para no apearse del poder. Cada vez que Pedro Sánchez se asfixia en su torre de marfil, se escucha el sonido de una nueva concesión. El nacionalismo lo huele. Puigdemont intuye su último gran acto antes de caer el telón. Junqueras, tonto el último, también. La ATC es su arma.

El nuevo cupo catalán pactado para la investidura de Illa contempla que la Generalitat gestione todos los impuestos soportados en Cataluña, empezando por el IRPF. Para ello, la Agencia Tributaria Catalana —una estructura que hoy no tiene ni inspectores ni músculo técnico, como apunta Marcos Lamelas— será reforzada hasta dimensionarse como lo que aspira a ser: una Hacienda paralela y, en el fondo, una protoestructura de Estado lista para el siguiente asalto.

A diferencia de 2017, cuando se encerraron en el Parlament a corear adeu Espanya, en el próximo intento bastará con desconectar un servidor. Será suficiente con un gesto administrativo, una desincronización fiscal, un sabotaje silencioso. Como Putin cerrando la llave del gas. Cuando la ATC se haga con la totalidad de los datos fiscales, la operativa, el software, el personal y la legitimidad normativa que ahora se está pactando, el próximo 1-O no será televisado. Será digital. Una secesión por cable de red.

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Es ahí donde cobran sentido las palabras pronunciadas por Junqueras este fin de semana: "La Agencia Tributaria de Cataluña no puede quedar subordinada a la Agencia Tributaria Estatal. La ATC ha de poder ejercer sus competencias en plenitud".

Junqueras lo sabe. Es consciente del paso decisivo que está a punto de darse y quiere dejarlo todo atado y bien atado antes de que este matrimonio de conveniencia con el PSOE salte por los aires. La prioridad de ERC no es otra que blindar por ley —no por convenio— este nuevo marco fiscal. En el Gobierno prefieren el convenio, una fórmula flexible, transitoria, casi poética, pero en ERC quieren la ley, esto es, un armazón jurídico para evitar que el andamiaje se les venga abajo en cuanto haya un cambio de ciclo. Saben que lo que ahora se consigue con un chantaje, puede desaparecer con un cambio de mayorías. Por eso aprietan.

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Lo de la Hacienda catalana recuerda a lo ocurrido con los Mossos. Lo que empezó siendo una policía autonómica sin fuste ni muste acabó asumiendo competencias de la Guardia Civil y consolidándose como un cuerpo con lealtades propias. Hoy día, la benemérita en Cataluña es una especie en vías de extinción. Lo mismo puede ocurrir con Hacienda. Hoy son convenios. Mañana serán cesiones. Pasado mañana, desconexiones.

Aunque la cosa parece muy técnica, ya se encarga Isabel Díaz Ayuso —a la que se las dejan botando para que enceste—, de traducir al román paladino los farragosos acuerdos entre el Estado y la Generalitat. En palabras de la presidenta madrileña, lo que se pretende ahora es una "financiación ilegal", cocinada en pleno julio, en mitad del calor y del desgobierno, un nuevo golpe fiscal financiado por todos los españoles.

Según su diagnóstico, si Cataluña comienza a recaudar íntegramente el IRPF, no solo se rompe el principio de igualdad entre comunidades, sino que se oficializa una financiación privilegiada que convierte a Madrid en el cajero automático del procés. La mayoría de lo que se recauda en Madrid se lo lleva el Estado. Y ese Estado, a su vez, lo reparte como le piden quienes quieren destruirlo. La cosa parece de locos, ¿pero qué no lo es?

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Desde la Puerta del Sol ya han avisado de que usarán todos los instrumentos jurídicos y políticos disponibles para frenar este atropello. Y es probable que otras comunidades hagan lo mismo porque lo que está en juego no es solo el reparto de impuestos. Es el modelo de Estado. O lo que queda de él.

Lo más escandaloso de todo esto es que nada de lo que está pasando nos pilla por sorpresa. Se nos dijo que no habría indultos y los hubo, con argumentario sentimental y apelaciones a la concordia. Se nos dijo que se haría justicia y se eliminó el delito de sedición para que los condenados no tuvieran que volver a prisión. Se nos aseguró que jamás se concedería una amnistía, porque eso atentaba contra la igualdad ante la ley, y se ha aprobado una amnistía tan vergonzante que Europa ya la mira con desconfianza. Se nos juró que no habría cupo catalán y aquí estamos, a las puertas de uno.

Nada ha ocurrido por accidente. Todo forma parte de una misma lógica de poder, de una misma concepción líquida del Estado y de una misma amoralidad política. Sánchez no ha cambiado de opinión: simplemente ha ido revelando, paso a paso, lo que estaba dispuesto a hacer desde el principio. A cambio de poder. A cualquier precio.

Opinión

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Es probable que el presidente del Gobierno, refugiado en su búnker narcisista, no sea del todo consciente de las consecuencias. O sí lo sea, y le dé igual. Y eso es lo verdaderamente grave. Que todo encaja. Diez años después, el puzle se ha completado y nos muestra a un gobierno corrupto en lo material y, sobre todo, en lo moral. No es que hayan degenerado en el poder: es que ya venían corrompidos de casa.

La acción política de este Gobierno —indultos, eliminación de la sedición, amnistía, cupo catalán— responde a una misma matriz: una lógica de supervivencia barnizada de épica progresista. En este sentido, la nueva Hacienda catalana, pactada en esta atmósfera de descomposición institucional y con este Ejecutivo acorralado, resulta indecente. Como decía aquel filósofo: el final es el principio. Y ahora, al mirar atrás, entendemos cuál era el principio. Azul oscuro. Casi negro.