Consejos vendo que para mí no tengo: el liberalismo de mentirijilla del PP

Tres ciudades clave de Andalucía como Granada, Córdoba y Jerez han dado marcha atrás en los avances en la libertad comercial impulsados por la Junta en la pasada legislatura, cuando gobernaba con Ciudadanos. Las tres ciudades cuentan con alcaldes del PP. Si vives en estas poblaciones y quieres hacer la compra un domingo, lo tendrás complicado. Mejor meterte en las chinas Shein y Temu y hacer un pedido online. Más cómodo y barato.

Costco inauguró su nuevo centro en Zaragoza el 13 de septiembre de 2024. Tardó seis años en hacerlo, a pesar de que tenía el edificio preparado desde tiempo atrás. La cadena de hipermercados está esperando abrir en Valencia, Málaga y Torrejón. Los tiempos se dilatan por la burocracia y porque la regulación está orientada a proteger al pequeño y castigar a los grandes. Estas poblaciones están gobernadas por el PP.

El PP es un partido conservador liberal que tiene más de lo primero que de lo segundo, pero que, en este ir y venir, ora preocupado por el PSOE, ora asfixiado por Vox, despista ideológicamente a sus votantes. De ahí que empiecen a aparecer de forma explícita otros proyectos de centroderecha que, sobre el papel, estarían mejor definidos o, al menos, resultarían más fáciles de ubicar en el espacio liberal.

Iván Espinosa de los Monteros ha lanzado Atenea, un think tank liberal-conservador que pretende librar “la batalla cultural” y empujar reformas. Su cantera procede de ese modelo económico que encaja con Ayuso y Milei. Por el otro flanco, Míriam González Durántez trabaja en un futurible partido de centroderecha orientado a desencantados de la polarización, que cada vez son más, con agenda de limpieza institucional. Veremos si cristaliza en organización y listas; de momento, el globo sonda ha empezado a volar.

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Llevados por este trastorno de personalidad múltiple y por su necesidad de captar a votantes moderados, el PP ha llegado incluso a adoptar posiciones que muchos considerarían de centroizquierda en lo que a políticas sociales y laborales se refiere. La reducción efectiva de jornada en la Administración a 35 horas se ha implantado en varios gobiernos autonómicos del PP y Génova flirtea con la semana de cuatro días.

Aunque estos ejemplos no pasan de mera anécdota, alimentan las suspicacias de unos votantes que no se fían y temen que Feijóo caiga en la misma trampa que un Rajoy que, con mayoría absoluta, no acometió las reformas que debiera y se dejó demasiados pelos en la gatera. La pregunta es legítima: si los territorios en los que gobierna el PP, y donde tienen competencias, se muestran melifluos y tan intervencionistas como la Administración Central socialista, ¿qué nos hace pensar que con Feijóo será distinto? ¿Podrá Alberto Nadal desembarazarse de la sombra del 'socialdemócrata' Montoro?

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El único oasis liberal es Madrid. Entre otros motivos, por las medidas que impulsó Esperanza Aguirre y a las que Isabel Díaz Ayuso ha dado continuidad. Madrid es un oasis no por discurso, sino por leyes: la del Mercado Abierto (reconocimiento automático de licencias del resto de España), la ómnibus de simplificación, libre apertura en festivos, una administración más previsible. Esto, y no un mitin, es lo que atrae la inversión: estabilidad regulatoria, flexibilidad laboral y menos permisos. A los inversores les da igual el procés y la amnistía; les importa que no te pidan 25 sellos para poner un enchufe.

Si el PP no desregula y no liberaliza, ¿para qué sirve? Para el intervencionismo ya está el PSOE, que en esta legislatura ha ido colonizando precios, alquileres, termostatos y horarios. Se ha instalado una alergia al beneficio empresarial —que es la inversión y el empleo de mañana— y se han reeditado rigideces ochenteras en plena era digital.

Para más inri, en España, el mayor 'empresario' es el Estado, con todas sus ramificaciones —CCAA y Ayuntamientos incluidos—. En total, más de tres millones de empleados públicos. Donde aparece una empresa estatal o participada mayoritariamente por el Estado, desaparece una oportunidad privada. ¿De verdad así vamos a competir?

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El PP cuenta con una ventana de oportunidad y dos brújulas trasladables a nuestro país: Letta (Mercado Único) y Draghi (Competitividad). Sus informes estiman que el exceso de regulación cuesta 200.000 millones de euros al año en Europa. España no es una excepción. Más bien al contrario. Las barreras regulatorias y las disfunciones del mercado único lastran la productividad y el potencial de crecimiento de las empresas. Quienes pagan en última instancia estos aranceles internos son los consumidores.

Según las estimaciones recogidas en la última Estrategia de Mercado Único de la Comisión Europea, la producción de la economía española (VAB) podría crecer en 9.550 millones de euros suprimiendo solo un 10% de las actuales barreras del comercio minorista.

Entre las recetas del otrora alabado liberalismo, el PP debería impulsar las siguientes: unidad de mercado de verdad y menos corsé regulatorio. Una licencia única que valga en toda España (como en Madrid), silencio positivo, plazos máximos y ventanilla única digital.

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En comercio, libertad de horarios por defecto —protegiendo a los más pequeños con incentivos, no a golpe de veto—, entierro del impuesto a grandes superficies, prohibición de tributos por tamaño, fin de los vetos municipales a implantaciones grandes, y mismas reglas para promociones que en la economía online: si Amazon puede, Costco también.

En lo laboral, menos BOE y más productividad: reducir jornada si mejora la organización y la tecnología; incentivos contra el absentismo y para reorganizar el tiempo en cada convenio con métricas claras. Eliminación de los impuestos creativos y, sobre todo, ejecución con calendario: acabar con la mitad de trámites y un Consejo de Productividad y Unidad de Mercado que publique resultados trimestrales.

El PP tiene una oportunidad, quizá la última, de recuperar su ventaja comparativa: la economía. Pero tiene que elegir. O liberaliza de verdad —con propósito, calendario y coraje— o seguirá atrapado en su laberinto, aprobando medidas que podría firmar el adversario. El mercado no espera, y los consumidores tampoco: cada domingo que la tienda está cerrada por decreto, otro pedido se va a la app made in China.