Ceuta y Melilla: el laboratorio que desmonta el relato sanitario del Gobierno

Justo cuando Mónica García se enfrenta a uno de sus momentos más delicados como ministra —a las puertas de una huelga de médicos y en pleno pico de gripe—, aparece, oh casualidad, el escándalo de los audios del Hospital de Torrejón. La prensa se llena de titulares que cuestionan el modelo concesional, demonizan al sector privado y dibujan a Isabel Díaz Ayuso con un tridente mefistofélico, como si fuera la responsable de todos los males del Sistema Solar.

Nada como una de esas bombas de humo que fabrican en Moncloa para cambiar el paso y olvidarnos durante unos días de la ministra y de la crisis sanitaria que atenaza al país.

No digo que lo de Ribera Salud no sea grave, ni que no deba investigarse con el rigor quirúrgico que uno espera de un Estado serio. Pero el caso vuelve a revelar el síndrome crónico del Ejecutivo: ese estado de nostalgia opositora que, siete años después de llegar al Gobierno, le impide aceptar que ya no está en la grada, sino en el campo, y que no se puede seguir echando la culpa de todo al Partido Popular y lavarse en la fuente como Pilatos.

El ejemplo más elocuente es precisamente el de Mónica García, la némesis de Ayuso. Pese a que sindicatos, colegios profesionales y autoridades locales denuncian "abandono sanitario", "caos" e "insostenibilidad", la ministra despeja balones como si fuera Lamine Yamal: todos hacia la grada del PP, y en especial hacia Madrid, su obsesión.

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Pero mientras señala con el dedo, García esconde bajo la alfombra su propio 'agujero': los dos únicos territorios donde la sanidad depende íntegramente del Ejecutivo a través del INGESA. Su único laboratorio sin interferencias autonómicas, sin consejeros del PP a los que acusar, sin excusas ni intermediarios. El terreno donde solo se mide su gestión. Y ahí, precisamente ahí, los datos se vuelven incómodos. Hablamos de Ceuta y Melilla.

Ceuta y Melilla, el espejo que la ministra no quiere mirar

En estas dos ciudades autónomas, donde Mónica García gestiona sin cortafuegos, la fotografía resulta poco halagüeña: menos médicos, peores resultados de salud y un sistema más frágil que en buena parte de las comunidades con competencias transferidas. Es la demostración empírica de que el problema no es el modelo, sino el gestor.

Las listas de espera son solo la punta del iceberg: demoras medias en consultas de atención especializada que superan los 100 días; categorías como traumatología u oftalmología que tienen retrasos impropios de un país desarrollado, cuando no están directamente colapsadas, y esperas para cirugía de hasta 130–140 días.

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El déficit humano es aún más revelador: Ceuta y Melilla se sitúan en la cola nacional con 1,63 y 1,52 médicos, respectivamente, por 1.000 habitantes, frente a una media nacional en torno a 2,15. En atención primaria, la tasa se desploma hasta los 0,64 médicos frente al 0,8 nacional. Ceuta, además, es el único territorio de España que ha perdido facultativos mientras el país los ganaba. Es la versión sanitaria del "se busca personal para embarcar", pero sin barco, sin mapa y sin capitán.

El gasto sanitario en estas ciudades autonómicas, que el Ministerio exhibe con orgullo, es igualmente un espejismo estadístico: se gasta parecido pero, como demuestran los datos, se obtiene bastante menos. Todo es sobrecoste —insularidad, derivaciones a la península, infraestructuras insuficientes— para lograr peores resultados.

La prevención tampoco se salva: participación en cribados por los suelos, conflictos políticos que entorpecen programas básicos y tasas de vida saludable diez años por debajo de la media nacional. Una década entera de peor salud en el único territorio gestionado directamente por Mónica García.

Y lo más llamativo: pese a que el Gobierno declaró en 2023 que todo puesto del INGESA debía considerarse de "difícil cobertura", el reconocimiento se ha quedado en papel mojado. Ni incentivos, ni concursos de traslados dignos, ni mejoras laborales. El Ministerio incluso ha llegado a negar dicho carácter de 'difícil cobertura' mientras cerraba camas y dejaba especialidades sensibles sin profesionales. Realismo mágico sanitario.

Cuando los hechos contradicen el relato

Decía en este periódico Carlos Sánchez que hay “razones para dudar de que el sistema privado sea más eficiente que el público”. Quizá. Pero Ceuta y Melilla no parecen avalar esa duda. Más bien apuntan en dirección contraria: allí donde el Ministerio gobierna sin interferencias, los ciudadanos reciben menos por el mismo dinero. No es una cuestión ideológica: es una constatación empírica.

Las dos ciudades autónomas ponen en evidencia que el problema no es la descentralización, sino una gestión centralizada que ha quedado obsoleta y sin recursos mientras se utiliza la sanidad como ariete político contra las comunidades rivales.

El escándalo de Torrejón demuestra que la colaboración público-privada necesita más control, más transparencia y más exigencia. De número y de procesos. Nadie lo discute. Lo que resulta desproporcionado es convertir un caso concreto en la coartada para una campaña política contra todo un sector que sostiene buena parte del sistema y que evita, día sí y día también, que las listas de espera salten por los aires.

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La izquierda radical se ha lanzado a la yugular de la privada con un entusiasmo casi religioso, como si hubiera descubierto por fin la piedra filosofal de la desigualdad sanitaria. El daño reputacional es notable, injusto y potencialmente nefasto. Porque la virtud está en el justo medio, porque la Sanidad pública llega donde no puede la privada, y porque España, a su vez, depende —quiera o no el Gobierno— de las concesiones y conciertos que permiten absorber la demanda que la red pública, sola, no puede asumir.

Y aquí aflora la pregunta de fondo: ¿qué hay detrás de este empeño en demonizar a la privada? Quizá, como decía Carlos Sánchez, la constatación de que el Estado de bienestar, tal como está configurado, ya no puede dar lo que prometía. La esperanza de vida sube; el gasto sanitario devora los presupuestos; los ingresos del Estado alcanzan lo que alcanzan. No hay milagros contables. Pero seguimos creyendo que somos los ricos del lugar y que los recursos crecen en los árboles de los Presupuestos Generales.

Cuando el sistema empieza a chirriar, buscar culpables es más fácil que asumir responsabilidades. Pero los datos y los hechos, como los de Ceuta y Melilla, tienen la mala costumbre de no alinearse con el relato.