Vivienda: la llave de la Moncloa

De todos los asuntos que van a marcar 2026 y años venideros —energía asequible, seguridad, inmigración…— hay uno que los resume a todos y, a la vez, los eclipsa. No es un asunto sectorial, ni un problema mollar más en la agenda pública. Es el PROBLEMA. Con mayúsculas. Y sin embargo, sigue sin ocupar el centro del debate político ni en España ni en las instituciones europeas. No por casualidad, sino por pura aritmética demográfica: quienes nos gobiernan son viejos y quienes lo sufren son jóvenes.

Y como los viejos votan más —y pesan más— que los jóvenes, el asunto se guarda en un cajón hasta nuevo aviso o, mejor dicho, hasta que un día todo salte por los aires.

Hablamos de la brecha generacional, un abismo que se ensancha a ojos vista y que, como advertía Ignacio Varela, se ha convertido en “el factor más discriminatorio en la España de 2025”. No es una exageración de tertulia: el propio Felipe VI se refirió a ello en su último mensaje de Navidad al enumerar los retos que atenazan a la sociedad española.

Y dentro de esa brecha, hay un elemento que sobresale por encima: el acceso a la vivienda. Quien crea que este problema se arregla quitándose la corbata para ir a trabajar o compartiendo piso hasta los cuarenta, no ha entendido de la misa la mitad.

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El dato es demoledor: el joven español medio no abandona el hogar familiar hasta los 30 años, casi cuatro años más tarde que el promedio de la Unión Europea. No hablamos de una preferencia cultural ni de un fenómeno anecdótico, sino de un bloqueo estructural.

La consecuencia es un malestar social creciente que ya se manifiesta en la calle, con protestas por el derecho a la vivienda y contra los alquileres turísticos en buena parte de las grandes capitales españolas, especialmente en Madrid. No es un problema baladí ni un capricho generacional. Es una bomba de relojería.

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La población crece en torno a medio millón de personas al año. A eso se suma una generación joven sin poder adquisitivo y un tercio de ciudadanos con ingresos tan precarios que viven hacinados. El cóctel es explosivo. Y cuando estas dinámicas se prolongan en el tiempo, la historia demuestra que el desenlace no suele ser amable.

Otros países ya han aprendido la lección. En Reino Unido, la vivienda ha sido el asunto clave de las últimas elecciones. En Canadá, lo mismo. Aquí, mientras tanto, seguimos discutiendo si el problema es el casero, el turista o el fondo buitre.

Nada de esto es nuevo. Ya en los años cincuenta, José Luis Arrese, primer ministro de Vivienda de la historia de España, dejó una frase que hoy incomoda a muchos, pero que contenía una intuición política poderosa: aspirar a una sociedad de propietarios como antídoto frente a la inestabilidad social.

En aquel momento, el régimen trataba de absorber una migración masiva del campo a las grandes ciudades —doce millones de españoles cambiaron de casa entre 1951 y 1975— para evitar que el chabolismo y la miseria derivaran en ingobernabilidad. El objetivo no era la justicia social, sino la paz social.

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Décadas después, Margaret Thatcher aplicó una lógica similar en un contexto radicalmente distinto. Privatizaciones, venta de vivienda pública, difusión de la propiedad como anclaje político. Lo hizo, además, en el país de los Sex Pistols y la conflictividad sindical. Aquello que luego se llamó “capitalismo popular” no era una entelequia teórica, sino una estrategia de poder: ampliar la base de propietarios para estabilizar el sistema.

Hoy, incluso desde la socialdemocracia más pragmática, el mensaje empieza a calar. “En los próximos años, el alcalde que no tenga grúas en su ciudad perderá las elecciones”, advirtió recientemente Salvador Illa ante los suyos. El plan de 50.000 viviendas de la Generalitat no es solo política social: es política de supervivencia electoral. El objetivo es elevar el peso de la construcción del 6% al 8% del PIB catalán.

Porque conviene decirlo sin rodeos: ni los escándalos de corrupción, ni el fantasma de Franco, ni la hipotética vicepresidencia de Abascal. Quien dé con la solución al problema habitacional en España tendrá medio camino recorrido hacia la Moncloa. Derecha e izquierda, izquierda y derecha, tanto monta, monta tanto. Las recetas son más transversales de lo que se quiere admitir.

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Algunas pasan por el liberalismo económico más elemental: menos trabas burocráticas, más suelo disponible, más oferta. Otras por garantizar seguridad jurídica y económica en un contexto geopolítico cada vez más incierto.

Según el censo de 2021 del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 3,8 millones de viviendas vacías, un 14,4% del total. El dato requiere matices y está sobredimensionado, pero, aun así, impresiona.

Permanecen vacías no por avaricia, sino por miedo. Miedo a la ocupación. Miedo al impago. Miedo a un marco legal que protege más al infractor que al propietario. No es casual que los propietarios de pisos vacíos citen estos factores como las principales razones para no sacar sus inmuebles al mercado.

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No se trata tanto de señalar a los pisos vacíos como el causante de todos los males, sino de crear las condiciones para que salgan al mercado: seguridad jurídica, garantías de cobro, incluso algún tipo de respaldo público frente a ocupaciones o impagos. Y, por supuesto, más suelo. Todo el necesario.

El suelo no es un bien cualquiera. Quien lo retiene para especular debería tener plazos claros: o lo desarrolla o lo pone en circulación. Sin expropiaciones épicas ni discursos inflamados. Mercado puro y duro. Subasta, competencia y grúas trabajando a toda velocidad. Incluso Vox tendría difícil oponerse a medidas como estas sin dar explicaciones incómodas a su electorado.

Darle una vivienda digna a cada español no es sencillo. Pero tampoco es la utopía que algunos salmodian. Es, simplemente, la gran batalla política de nuestro tiempo. Y quien la gane, gobernará.