Libertad de expresión: la España de Sánchez, peor que los EEUU de Trump

Al calor de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) que dio a conocer la administración norteamericana el pasado mes de diciembre —un documento que describe a Europa como una región en decadencia económica y cultural, propensa a socavar la libertad política, la soberanía nacional y la libertad de expresión—, Martin Wolf publicaba un artículo en el Financial Times en el que desmontaba, pieza a pieza, el muñeco.

Para apuntalar sus argumentos, Wolf cuajaba el texto con una batería de gráficos. Entre ellos, uno especialmente incómodo para quienes viven de dar lecciones morales al resto del mundo: el índice de libertad de expresión de 2024 elaborado por Varieties of Democracy (V-Dem), una de las herramientas más prestigiosas para medir la calidad democrática de más de 170 países desde 1900.

De ese gráfico se desprendían dos conclusiones:

La primera: pese a las habituales boutades de Trump y su inclinación por el matonismo retórico, la mayoría de países europeos —Reino Unido, Francia o Alemania— protegen mejor la libertad de expresión que Estados Unidos. "Eso era en 2024", advertía Wolf. "¿Alguien imagina que la situación haya mejorado en 2025, especialmente teniendo en cuenta los ataques de la administración norteamericana contra universidades y medios de comunicación?".

La segunda conclusión era aún más incómoda, sobre todo para quienes siguen instalados en la autocomplacencia institucional: el país que obtiene peor nota que los Estados Unidos en ese ranking es, ¿adivinan?, la España de Pedro Sánchez.

Nuestro país ha descendido de 0,915 (2023) a 0,894 (2024), una caída de 0,021 puntos en un solo año (-2,3%), que acelera una tendencia negativa sostenida en el tiempo. España alcanzó su máximo de 0,961 en 1986, en plena consolidación democrática. Desde entonces, el marcador no ha dejado de deslizarse cuesta abajo, como un termómetro roto.

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El inicio del declive coincide con la Ley Mordaza, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, una legislación que amplió la capacidad sancionadora de la administración con infracciones definidas de forma excesivamente vaga y amplia, favoreciendo la discrecionalidad policial.

Pero ha sido en los últimos años, ya bajo el Gobierno de Sánchez, cuando el deterioro ha tomado velocidad de crucero hasta el punto de situarnos por debajo de Estados Unidos, un país gobernado por una administración que no disimula su querencia por las querellas estratégicas contra medios incómodos y que quita y pone presentadores de televisión a su antojo. Que España esté por debajo de los EEUU no es un accidente estadístico: es una señal de alarma que debería hacer sonar todas las sirenas institucionales.

Esta merma de libertades tiene mucho que ver con el carácter crecientemente autocrático del actual Gobierno y con la superioridad moral que se ha arrogado, una especie de bula ética que le permite decidir qué es verdad y qué es mentira, qué discurso es aceptable y cuál debe ser castigado, silenciado o estigmatizado.

En ese ecosistema han proliferado los guardianes de las esencias del sanchismo, dispuestos a patrullar el espacio público con antorchas encendidas, señalando a los herejes del relato oficial sin el más mínimo ejercicio de pensamiento crítico. No preguntan, no dudan, no contrastan: ejecutan. Como si la política se hubiera convertido en una mezcla de tribunal revolucionario y linchamiento digital.

El resultado ha sido una atmósfera inquisitorial que muchos han aceptado con inquietante naturalidad, incluso entre quienes se consideran respetables defensores de la democracia liberal. Una atmósfera que ha empujado a muchos al silencio, bien porque no se les dejaba hablar, bien porque optaban por la autocensura como mecanismo de supervivencia. El miedo no siempre necesita decreto: a veces basta con el señalamiento.

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Libertad de expresión y libertad de prensa caminan de la mano y también sufren en paralelo. No es un fenómeno exclusivamente español. En esto, Trump acierta —aunque por las razones equivocadas— cuando denuncia la progresiva normalización de las restricciones a los medios en las democracias avanzadas. Lo que olvida, claro está, es que Estados Unidos ha sido uno de los principales laboratorios de esta degradación.

A mediados de septiembre, preguntado por si las cadenas de televisión podían emitir informaciones críticas sobre él, Trump respondió que “no tienen permiso” y que, si lo hacen, habría que retirarles la licencia.

La hoja de ruta es la de su amigo Viktor Orbán, que durante quince años en el poder ha tejido un ecosistema mediático dócil mediante adquisiciones, regulaciones asfixiantes, desvío de publicidad estatal hacia medios afines, asfixia financiera de los independientes y hasta la creación de su propia red social. Un manual de control informativo con tapa dura.

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En Reino Unido empiezan a aparecer síntomas inquietantemente parecidos. Cuando se preguntó a Reform UK de Nigel Farage por qué había dejado de enviar notas de prensa al Nottingham Post y prohibido a sus dirigentes hablar con sus periodistas, un portavoz respondió en televisión: "Ese es el propósito de una democracia. Tú eliges con quién hablar". La frase, presentada como libertad, destilaba desprecio por el pluralismo.

En muchas partes del mundo donde la libertad de prensa se daba por sentada, los medios viven ahora bajo presión: por la pérdida de confianza del público, el auge de las redes sociales y líderes políticos cada vez más dispuestos a usar la regulación o el poder económico como palanca de intimidación. Todo ello en medio de una crisis económica estructural del sector que convierte a los medios en presas fáciles.

En España, el fallido Plan de Regeneración Democrática con el que Moncloa decía combatir la desinformación —mientras escondía un gigantesco caballo de Troya para atar en corto a los medios en pleno cerco por casos de corrupción— es ejemplo paradigmático de esta deriva.

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EUObserver, periódico digital independiente y sin ánimo de lucro con sede en Bruselas, ha denunciado que el Ejecutivo español ha promovido reestructuraciones en RTVE para asegurarse el control editorial, ha colocado a allegados en empresas del Ibex —anunciantes clave de la prensa— y ha intentado hacerse con el control del principal grupo mediático del país, lo que constituiría "un control del paisaje audiovisual sin precedentes en un Estado miembro europeo central".

Reporteros sin Fronteras también ha documentado este deterioro. España cayó de 79,5 puntos en 2013 a 75,37 en 2023 en su Índice Mundial de Libertad de Prensa. Aunque en 2025 subió siete posiciones hasta el puesto 23, la propia organización advertía de que esa mejora respondía más a los deméritos ajenos que a los méritos propios, es decir, al empeoramiento global del entorno informativo, no a una mejora sustancial de las condiciones españolas.

La conclusión es incómoda, pero difícil de esquivar. Sánchez y Trump no son equivalentes, pero sí distintas caras de una misma moneda: líderes que entienden la información como un campo de batalla, la prensa como un adversario y la verdad como un instrumento táctico. Uno lo hace a gritos y sin disimulo; el otro con sonrisa institucional y retórica moral. Pero, en términos de erosión democrática, se parecen como dos gotas de agua.