Ximo Puig y los empresarios: paz por (menos) impuestos

Cada mochuelo a su olivo. O lo que es lo mismo, cada uno a lo suyo, todos de perfil (bajo, a ser posible) y tonterías las mínimas. Sin contraprogramaciones, golpes bajos ni negocios sucios. Mas o menos esa podría ser la foto fija del actual sistema de organizaciones empresariales valenciano en sus relaciones con la actual Administración autonómica presidida por el socialista Ximo Puig con el apoyo nacionalista de Compromís y el de Unidas Podemos. Nada que ver con el agitado panorama de épocas anteriores que no pocas 'alegrías' nos proporcionaron a los informadores por sus dislates y tropelías.

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Lograr un entorno y actitud amables por parte de los empresarios resulta una pieza fundamental para la legítima ambición de Puig de alcanzar un tercer mandato al frente de la Generalitat en las elecciones autonómicas del próximo año, si los graves sucesos económicos que se anuncian para los próximos meses no lo impiden. Pero, de momento, empresarios y Administración autonómica se muestran cómodos con un acuerdo tácito de 'no agresión mutua' gracias al cual y con las excepciones debidas, unos toleran el actual estatus político (al menos hasta que se inicie la precampaña electoral y/o se acentúe la crisis económica) y la otra contiene (a duras penas: la presión de los socios es continua) sus ansias fiscales dentro de unos límites no exentos de tensiones pero de momento aceptables. El 'quid pro quo' también funciona en este contexto.

Como resultado de esta especie de 'entente cordiale', la Generalitat goza de un razonable estado de gracia empresarial sin grandes críticas ni reivindicaciones imposibles que le permite concentrar su atención en labrarse (las negociaciones han sido muy intensas) innegables éxitos como la fábrica de baterías de Volkswagen y la consolidación de Ford en Almussafes al menos para otra década. Entre ambos proyectos suman un 'hub' para la industria automovilística como no hay otro en todo el país.

No es poco. Con la apuesta casi personal de Puig por la ampliación del puerto de Valencia desoyendo las reivindicaciones de sus compañeros de viaje (otra vez los socios incómodos), más el renacimiento de la Feria de Muestras tras la ruina pasada y asunción autonómica de su enorme deuda (resuelta la penúltima escaramuza con Compromís), el decorado de este teatro de la estabilidad político empresarial está prácticamente completado.

Un objetivo enervante

El preponderante sector socialista del gobierno de la Generalitat, por su parte, está cumpliendo: freno a nuevas cargas fiscales en grandes superficies, aparcamientos, hidrocarburos y, por supuesto a la tasa turística, cuya sola mención es capaz de levantar en pie de guerra a todo Benidorm, la potente industria turística alicantina e incluso a las patronales 'amigas'. Por ello, los socialistas están haciendo frente a sus socios, para los que la tasa es una cuestión irrenunciable. Su pretensión de dedicarla a financiar viviendas sociales, enerva aún más a los empresarios. El pulso se está produciendo estos días, pero parece claro quien saldrá ganador...

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Restan otros dos o tres 'asuntillos' que no parece vayan a empañar por ahora esta singular pax mediterránea, aunque desde luego, pican a los afectados: los impuestos de Sucesiones y Patrimonio, ambos para muchos un agravio, pero para otros muchos un factor mas de nivelador de rentas. Finalmente quedaría por resolver en un sentido u otro la anunciada reversión de las ITV, pero no parece que haya prisa en esta legislatura por abrir semejante melón de conflictos (los empresarios ya han anunciado que llegarán hasta los tribunales si se inicia el proceso).

La predisposición empresarial de la Generalitat también se muestra de forma proactiva. Un ejemplo lo representa el banco público autonómico, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que en los siete años que lleva bajo gestión socialista y dirección del profesor Manuel Illueca, ha dado un vuelco a su vocación empresarial convirtiéndola en un eficaz herramienta de apoyo a las pymes. Su primera misión fue salvar de la quiebra y desaparición a la SGR regional, a punto de ser liquidada por el Banco de España cuando gobernaba el PP.

Higiénicos pero aburridos

Dejando atrás las fundadas sospechas de corrupción, el IVF ha ido cancelando su impagada deuda bancaria de 400 millones situándola a cero en la actualidad. Ahora, la SGR trabaja a toda máquina pasando de los 'cero' avales a empresas del año 2015 a las 2.500 operaciones con empresas por valor de 169 millones en 2021. El propio Instituto ha pasado de una capacidad crediticia prácticamente nula entonces, a la concesión, el año pasado, de 321 millones en financiación empresarial.

En general, todo cabe dentro de esta muy higiénica pero no menos aburrida dinámica Gobierno-empresarios que contrasta con la pasada generación de dirigentes empresariales, algo, digamos, asilvestrados. Unos participaban y se llenaban alegremente el bolsillo a través de las privatizaciones de empresas públicas de la Generalitat, ejecutadas por aquel presidente molt-honorable hoy bajo investigación judicial por corrupción. Otros obtenían arriesgada financiación de la caja de ahorros local en la que, además, ocupaban puestos en su consejo, filiales y dietas. Y los de mas allá se llevaban el gato al agua en sus minutas a través de la SGR y sus avales 'recomendados'. Un fiesta en toda regla con asistencia de los pertinentes altos cargos locales, provinciales y autonómicos (todavía resuena aquel mítico “un millón, dos millones, tres millones...” en el coche oficial).

La crisis y el cambio de Gobierno después de 20 años de un PP entregado ciegamente a los negocios puso fin al desmadre. Ahora, la patronal autonómica, presidida por un gestor más técnico que empresario, Salvador Navarro, ha racionalizado su gestión, saneadas las cuenta y puesto fin a los fuegos artificiales. Asimismo, ha ocultado bajo la alfombra los devaneos cantonalistas de los territorios alicantinos, un conflicto que a punto estuvo de conducir a la disolución a toda la organización. Se acabaron los coches oficiales y el dinero a chorro procedente de las subvenciones públicas.

Alicante respondona

En la Cámara de Comercio, presidida por otro incombustible, José Vicente Morata (qué largo se hace el tiempo hasta la jubilación), cumplen estrictamente su papel al servicio del comercio internacional y de la formación empresarial (posiblemente, su mejor herramienta), sin molestar mucho o mejor, nada, a la Conselleria de Industria de quien depende, controlada por Compromís. Otra cosa es el nuevo presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, que ha salido reivindicativo y respondón, reforzado por el predominio del PP en esa provincia. Veremos su recorrido.

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La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), nacida hace poco mas 30 años como agrupación de grandes empresas familiares, reúne hoy a 160 empresarios situados en la élite mercantil del País Valenciano. Vicente Boluda, su presidente, es el tercero que ha tenido la organización en su corta historia, el único realmente independiente y con preso propio. Los dos anteriores, Federico Félix y Paco Pons, sumaban a sus virtudes empresariales la condición de proveedores de Mercadona, la omnipresente compañía de Juan Roig, empresario número uno de la Comunidad (y el que en realidad manda) y entre los primeros de todo el Estado.

La vocación de AVE es, cómo no, actuar de lobby ante la Administración autonómica y nacional y así lo demuestra su eficaz trabajo para la consecución del Corredor Mediterráneo. Una vocación que comparte —o mas bien, se disputa— con la patronal CEV de Salvador Navarro. Ambas organizaciones han recuperado diplomáticamente cierta relación de cordialidad y cooperación no siempre imperante en el pasado, aunque donde hubo fuego siempre queda rescoldo. Así se puso de manifiesto recientemente cuando el testaferro político Miguel Ángel Rodríguez (MAR, para los periodistas) llamó a ambas organizaciones para que invitaran a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a presentarse ante el empresariado valenciano. Una de las dos aceptaría la invitación (“faltaría mas, nosotros por ahí no pasamos”, diría la otra parte), declinando la otra (“faltaría mas, no iban a enojar a la Generalitat”, contestaría la otra). Pero tan amigos.

Otro día hablaremos de los sindicatos, aparentemente desaparecidos mientras el mundo se derrumba alrededor y los jefes de personal —perdón, de recursos humanos— afilan sus armas y expedientes.