De Sudáfrica al puerto de Valencia: ponga un 'lobby' en su vida a un año de elecciones

Fue otear la posibilidad de verse envueltos en otro frente agrícola y activarse los mecanismos de influencia gubernamental con una eficacia inusitada. La naranja logró en apenas unos días lo que el Gobierno de Pedro Sánchez puede tardar meses en resolver, por no decir años, como la financiación autonómica. El ministro de Agricultura, Luis Planas, abortó con celeridad la semana pasada el intento de los 'lobbies' importadores holandeses y alemanes de demorar hasta la siguiente campaña la aprobación por parte del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (ScoPAFF) el tratamiento en frío para la naranja de Sudáfrica, convertida en chivo expiatorio de todos los males del campo valenciano, que son muchos y no todos relacionados con el competidor sudafricano. Ni mucho menos.

Por primera vez en muchos años, los productores han tenido la percepción de que también desde el sur se sabe 'lobear' en las moquetas de Bruselas. Llevando el asunto primero al terreno técnico y generando alianzas después con otros países de la cuenca mediterránea para propiciar la mayoría cualificada necesaria en el comité correspondiente. El empujón final de Planas exponiendo en el consejo de ministros de Agricultura y a la comisaria de Salud Alimentaria, Stella Kyriakides, que la Comisión se jugaba no solamente un asunto de competencia de países terceros sino la legitimidad de su propia Agencia de Seguridad Alimentaria (EFSA), explican el éxito de la gestión.

Pero igual que el deseado 'cold treatment' está clavado ya en el corcho de las tareas cumplidas, su logro ha evidenciado lo eficiente que es la maquinaria estatal cuando se quiere y llegan las apreturas electorales y el contraste de su inacción cuando no se ve presionada por las urgencias, léase la citada nueva financiación autonómica, menos comprensible para el ciudadano medio que la popular e icónica naranja. A la vista del desacuerdo entre los 'lobbies' autonómicos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha guardado su famoso 'esqueleto' en el cajón, lanzando la llave al río Manzanares.

Boluda tiene razón cuando pregunta qué pinta ERC cuestionando la ampliación del puerto de Valencia

En el caso de los sudafricanos cítricos es que llovía sobre mojado, porque otro ministerio, el de Transición Ecológica de Teresa Ribera, venía de provocar su propio incendio en el sector primario levantino con la revisión a la baja de los caudales del Tajo-Segura, convenientemente agitados por el Partido Popular valenciano y murciano para desgastar a los socialistas de Pedro Sánchez y poner contra la pared a la Generalitat de Ximo Puig. Lo último que le faltaba al barón socialista era otro frente agrícola en forma de derrota gubernamental en Bruselas frente a Alemania y Holanda (otra vez tú, Mark Rutte), toda vez que se está comenzando a dar por perdida la batalla política del trasvase Tajo-Segura, como demuestra a la vía judicial contra el nuevo Plan Hidrológico del Tajo.

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Otro 'lobby', el que respalda el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, está apretando de lo suyo para elevar los caudales ecológicos de la cabecera del río en favor de los pueblos ribereños. Page no ha dudado en enviar a Puig y al popular murciano Fernando López Miras a visitar las desaladoras israelíes. Como muestra del buen rollo interterritorial existente, un botón: en los siete años que el 'president' valenciano lleva al frente de la Generalitat, todavía no ha habido 'cumbre' bilateral con el vecino manchego, también socialista. Sí con Javier Lambán (Aragón), Francina Armengol (Baleares) y Pere Aragonès (Cataluña). El vacío en la agenda 'diplomática' valenciano-manchega lo dice todo.

Sánchez y Ximo Puig se jugaban abrirse un doble frente agrícola con la naranja sudafricana

También hay que entender en clave de 'lobby' el intento de Unidas Podemos y Compromís de llevar a la agenda del Congreso de los Diputados su rechazo a la ampliación norte del Puerto de Valencia en forma de proposición no de ley (PNL). El texto, rechazado por socialistas y populares, contó con el respaldo de formaciones como Más País, Nueva Canarias, la CUP y Esquerra Republicana de Catalunya.

Y aunque fue torpe y desafortunado en su crítica aludiendo al origen catalán del alcalde de Valencia, Joan Ribó, tenía razón el naviero Vicente Boluda en preguntarse qué pintaba ERC en la PNL sobre el Puerto de Valencia. Porque la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), competidora declarada de la valenciana, también está lanzada con su propia mega ampliación sin que hasta la fecha se conozca si allí hay oposición de los republicanos y hasta de los Comunes.

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Los primeros gobiernan y presiden la Generalitat de Cataluña, que ha tenido a bien ceder sus cuatro representantes en el consejo de administración de la APB a personas con intereses directos en el negocio portuario: Antonio Llobet de Pablo (Agentes de Aduanas), Xavier Tàrraga (Estibadores), Jordi Trius Traserra (Noatum Maritime Services) y Emili Sanz Martínez (Transitarios). Los Comunes tienen también su sitio en el consejo a través del alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, muy crítico con la ampliación del aeropuerto pero cuya posición sobre la del puerto cuesta encontrar.

¿No contaminan los cargueros que atracan en Barcelona? ¿No genera tráfico de camiones el enclave en el área metropolitana? ¿No tiene afección sobre las corrientes la ampliación prevista, que linda además con el paraje de La Ricarda? En la jungla de los 'lobbies', los diputados valencianos Joan Baldoví (Compromís) y Rosa Medel (Unidas Podemos), que defendieron la PNL, pecaron de naïf. Lo que vale para Valencia tiene que valer también para Barcelona.

En la jungla de los 'lobbies', lo que vale para Valencia tiene que valer también para Barcelona

Compromís ha hecho de la revisión de los planes de expansión portuarios una de sus banderas políticas en la ciudad de Valencia. La semana pasada presentó las líneas maestras de lo que pretende ser su modelo, casi en clave de programa electoral, hasta el punto de que este domingo, Puig respondía con una foto conjunta con sus 'consellers' Begoña Torró (Política Territorial) y Arcadi España (Hacienda) lanzando la propuesta de convertir la Marina de Valencia en un puerto autonómico. Se desconoce si los funcionarios de la Autoridad Portuaria de Valencia han entrado ya en 'shock' anafiláctico solo de pensar en cómo encajar eso en su manual de burócratas de manguitos.

Basado en un documento con propuestas muy interesantes elaborado por la consultora Vigla, de Ramón Marrades, el plan de Compromís pretende solventar de una vez el eterno problema de encaje del Puerto de Valencia con la trama urbana, como crear un fondo de compensación a la ciudad, optimizar los usos del suelo para atraer actividades alternativas, ejecutar de una vez la regeneración de las playas del sur (Costas, ¿hay alguien ahí?), desarrollar la integración con el parque de desembocadura del Túria o garantizar la conectividad ferroviaria para reducir su contaminación.

Lo que no termina de entenderse es que todo eso no sea compatible con culminar la ampliación para no desaprovechar la inversión prevista, que el enclave culmine su especialización como nodo logístico del Mediterráneo occidental y que haya que gastarse 180 millones en desmontar los diques ya ejecutados. En pleno proceso de lenta reorganización de las actividades productivas en España, con Madrid absorbiendo valor aprovechando su capitalidad y las economías de aglomeración, no está el horno para ir despreciando oportunidades. No es el qué, es el cómo.