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Nadie es perfecto
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¿Está pagando el resto de España el 'victimismo' de Ayuso? Los PGE de Sánchez dicen que sí
La sobreejecución de inversiones en Madrid en contraste con el resto de CCAA se explica por la inercia propia de los centros de decisión. Pero también por la burbuja del pulso entre Sol y Moncloa
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La anécdota la cuenta a quien quiera escucharla el gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, el veterano Manuel Miñes. Hace bastantes años tuvo la ocasión de pedirle cuentas el entonces todopoderoso ministro de Fomento del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, por el magro nivel de inversiones ejecutadas en su tierra. La respuesta del antaño hombre fuerte de José María Aznar fue devolverle la pelota, casi en forma de troleo: "Es que a ver si os aclaráis los valencianos porque aquí un día viene una organización empresarial a pedirme una cosa, luego otra que reivindica algo distinto y después aparece el político de turno que quiere lo contrario que los otros dos".
Miñes tiene tres argumentos para explicar el revelador informe de la Intervención General sobre la distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2021, que se conoció hace pocos días y sitúa a la autonomía valenciana a la cola del cumplimiento entre lo presupuestado y lo realmente invertido por las empresas estatales, con un irrisorio 26,3% (apenas 239,5 millones de 909 millones).
La primera de las razones de Miñes es la incapacidad de la clase político-empresarial local para consensuar y cerrar filas en torno a proyectos estratégicos que pelear. La segunda es la carrera de obstáculos en forma de alegaciones de ayuntamientos, particulares o colectivos sociales, que terminan por eternizar muchas obras. La tercera, y puede que la más importante, está relacionada con la ubicación de los centros decisorios. No va desencaminado. El balance inversor general del año pasado fue de suspenso (48,6%) para la media territorial en España, con una única excepción, la Comunidad de Madrid, cuyo gasto recibido casi duplicó la previsión inicial. Como suele decir la popular Isabel Díaz Ayuso en una expresión para nada naif, Madrid es España. Allí tienen sus cuarteles generales todos los organismos inversores estatales.
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El informe de la Intervención ha dejado desnudos a muchos gobernantes territoriales periféricos. Los que se vendieron a su parroquia como grandes negociadores de los Presupuestos Generales del Estado, papel mojado, visto lo visto, no han demostrado ser eficaces en arremangarse para pisar moqueta y despachos exigiendo periódicamente el cumplimiento de la cartera de pedidos, el 'qué hay de lo mío' de verdad cuando toca aterrizarlos y ejecutarlos.
No sabemos el grado e influencia que tiene, por ejemplo, el voluntarioso comisionado para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, cuya empresa estatal de referencia, Adif, apenas ejecutó el 18,6% de los 427 millones presupuestados para el año pasado para obras en la Comunidad Valenciana. Tampoco qué nivel de empeño puso en el primer semestre José Luis Ábalos, ministro valenciano de Transportes, hasta su cese en julio. O si el 'president' socialista Ximo Puig hace algo más que abrir debates 'académicos' (Isabel Rodríguez dixit) sobre la España polifónica y la necesaria desconcentración de organismos del Estado, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez obvió el cumplimiento del casi 10% de inversión estatal que se pintó sobre los PGE de 2021 para obras valencianas, como exige de forma transitoria el Estatuto de Autonomía para hacer la equivalencia con el peso poblacional.
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Ni las decenas de miles de euros que la Asociación Valenciana de Empresarios de Vicente Boluda y Juan Roig se está gastando en las creatividades que le propone la agencia Aftershare, de Risto Mejide y su socio Marc Ros, parecen haber servido para darle velocidad de crucero a la ejecución del corredor mediterráneo, por más que se hayan apuntado ciertos éxitos en algunos tramos y en materia de planificación y estudios.
La Generalitat que preside el republicano Pere Aragonès en Cataluña, también castigada en ejecución, ha reaccionado airada pidiendo tratar el asunto en la comisión bilateral con el Gobierno. De la Generalitat de Puig, poco se ha sabido.
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El problema es que la infrainversión valenciana o catalana no son, como se diría en el periodismo de sucesos, 'casos aislados'. Las empresas estatales invirtieron muy por debajo de lo presupuestado en todas las autonomías excepto en Madrid, premiada con ese espectacular 184% de inversión real. Es decir, los proyectos plurianuales de obras del Estado se aceleraron hasta el punto de chupar crédito programado para otros territorios en un fenómeno que ha coincidido con el aguerrido pulso que libran Ayuso desde la Puerta del Sol y Sánchez desde Moncloa. La presidenta madrileña, erigida en una suerte de Juana de Arco de la derecha sin complejos, igual se pone en modo censura previa de libros de texto que denuncia un supuesto agravio del Gobierno central hacia los madrileños. El discurso tiene fuera de juego al PSOE, que se esfuerza en devolver los golpes.
Es muy probable que esa competición esté contribuyendo a engordar en forma de sobreesfuerzo gubernamental una tendencia que no es nueva. El economista del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Juan Pérez, exhibía esta semana una gráfica reveladora. Desde 2015 hasta hoy, Madrid ha estado muy por encima del resto de autonomías en inversión territorializada de empresas estatales. Ocurría con Mariano Rajoy y ha seguido pasando con Sánchez. Es un privilegio transversal. 2021 ha sido el año en el que se ha roto el techo, esa es la noticia.
El 'think tank' valenciano ha estudiado cómo la concentración administrativa influye tanto en la elección de adjudicatarias [el 90% del importe adjudicado se concentra en empresas con sede en Madrid] como en la priorización de proyectos. Como dice Miñes, un burócrata del Estado o un ingeniero de una contratista tienen mucho más presente a la hora de fijar prioridades lo que ven delante cada vez que abren la ventana de su oficina que la renovación de una carretera o una vía de ferrocarril a 300 kilómetros de distancia. No dejemos que la burbuja política de la Villa y Corte contribuya a alimentar la querencia natural.
La anécdota la cuenta a quien quiera escucharla el gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, el veterano Manuel Miñes. Hace bastantes años tuvo la ocasión de pedirle cuentas el entonces todopoderoso ministro de Fomento del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, por el magro nivel de inversiones ejecutadas en su tierra. La respuesta del antaño hombre fuerte de José María Aznar fue devolverle la pelota, casi en forma de troleo: "Es que a ver si os aclaráis los valencianos porque aquí un día viene una organización empresarial a pedirme una cosa, luego otra que reivindica algo distinto y después aparece el político de turno que quiere lo contrario que los otros dos".