Pedro Sánchez se está jugando la reelección en Valencia y todavía no se ha enterado

No es un tópico que los socialistas se juegan en territorios como la Comunidad Valenciana gran parte de la salud con la que llegarán a las elecciones generales de finales de 2023. El éxito o el fracaso de Alberto Núñez Feijóo se va a medir en función de su capacidad para asaltar feudos del PSOE en el mes de mayo. Y eso son habas contadas. Extremadura y Castilla-La Mancha son plazas clásicas socialistas que no parecen en riesgo. Nadie se extrañará si no hay cambio. La situación es distinta en la Comunidad Valenciana o Aragón, las dos autonomías con mayor población gobernadas por los socialistas.

Bastará con que el PP conquiste una de las dos, con el bonus de alguna capital importante, como Valencia o Sevilla, para que la opinión pública y publicada interprete el resultado como otra etapa más del cambio de ciclo que tuvo su origen en la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía. Del mismo modo, si los Ximo Puig y Javier Lambán logran resistir, Sánchez podrá decir que ha aguantado el primer asalto más complicado antes de la prueba final de las generales en un entorno económico y social de alto voltaje, con las crisis energética castigando los bolsillos de los ciudadanos por una inflación desbocada como nunca desde los años setenta.

Por esta misma razón es del todo sorprendente la escasa empatía y demora con la que el presidente del Gobierno y sus ministros están reaccionando a las llamadas de auxilio que llegan desde el flanco este de país. Sea por la burbuja capitalina en la que en tantas ocasiones está instalada la mal llamada ‘política nacional’ o por la incapacidad del gabinete de abrir el oído más allá de los cantos de sirena de los ‘lobbies’ habituales de la Villa y Corte, lo cierto es que no se entiende que tuvieran que producirse portazos como el de Fernando Roig con Azuliber (Pamesa) en Castellón o Saica en Zaragoza para que el Ejecutivo interiorizase el alcance de la asfixia por la que estaban atravesando las industrias basadas en la cogeneración.

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Fueron necesarias una carta manuscrita del presidente de la Generalitat valenciana a la ministra de Transición Ecológica y varias reuniones al límite con los sectores industriales gasintensivos para abrir la excepción ibérica a la cogeneración, mucho más eficiente que las centrales de ciclo combinado. Es algo que tenía que haber ocurrido desde el primer momento. El retraso solamente se explica por unos prejuicios climáticos de la ministra Teresa Ribera contra los fabricantes azulejeros y esmalteros que no pareció albergar con los ciclos combinados, estos sí, en manos de cotizadas del IBEX. Diga lo que diga el argumentario de turno de Pedro Sánchez sobre los grandes poderes económicos y todo eso, siempre ha habido clases en el acceso a las moquetas del poder.

El asunto de la cogeneración es solo un síntoma de un cuadro más preocupante, el del impacto general de la factura del gas en la productividad de las plantas ceramistas de Castellón. Se trata de una de las provincias más industrializadas de España. El 36% de su PIB proviene del sector secundario. Aun así, el Gobierno no solamente dejó fuera el segmento de fritas en la primera tanda de ayudas a las factorías gasintensivas, algo que tuvo que se corregido deprisa y corriendo por las presiones de las asociaciones patronales y la Generalitat, sino que tampoco las ha tenido en cuenta cuando se habilitaron las medidas urgentes en el arranque de la invasión rusa de ucrania y se fijó un máximo de ayudas de 400.000 euros por empresa, una cantidad del todo insuficiente para mitigar el impacto en sus cuentes del precio de su principal combustible, según los industriales.

Opinión

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Es pronto para certificar si las demandas patronales, siempre de máximos, están o no justificadas en su totalidad. Pero es una evidencia la falta de anticipación del Gobierno, que solo parece mover ficha por reacción. Castellón, sobreponderada en el reparto de escaños en el Parlamento autonómico valenciano, vive básicamente de la industria y del turismo, muy sensible a la curva del poder adquisitivo ciudadano. A estas alturas, son muchos los electores que tienen claro a quién mirar y hacer responsable si las listas del paro comienzan a engordar y los fines de mes se convierten en empinadas cumbres que escalar para la economía familiar. De ahí la preocupación en el Palau de la Generalitat, cuyos inquilinos se juegan la continuidad en los próximos meses.

El problema es que el episodio de la cogeneración y las ceramistas no es aislado. En el flanco del haber, el Gobierno ha demostrado sensibilidad en asuntos importantes para el imaginario económico-político valenciano. Ha sido proactivo en la presión sobre Bruselas en la cuestión citrícola. No puso palos en las ruedas y colaboró cuando Volkswagen apostó por Sagunto para su gigafactoría frente a la primera preferencia extremeña monclovita o ha ayudado todo lo posible a la hora de garantizar a Ford el cariño (ayudas económicas) necesario para su continuidad en Almussafes, aunque la multinacional haya decidido no aprovechar el Perte del Next Generation para acelerar los plazos de su transformación.

Pero la casilla del debe no se ha quedado vacía. La magra ejecución de inversiones en infraestructuras del Estado o la decepcionante propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica de la ministra María Jesús Montero, después de muchos meses de espera, han generado la percepción de que el mandato de Sánchez no ha sido muy distinto al de Mariano Rajoy a la hora de enfocar los temas territoriales considerados ‘estructurales’, dejando a un lado a Cataluña. Aun queda margen de corrección. Habrá que ver si en unos comicios autonómicos y municipales que muchos pretenden convertir en un plebiscito sobre el presidente del Gobierno, los votantes valencianos no acaban dándole una patada electoral al presidente del Gobierno en el culo de Ximo Puig. Si esto ocurre, Sánchez y el PSOE ya saben lo que les espera pocos meses después.