La deslealtad de la ministra María Jesús Montero

“Hemos cuadrado el círculo de aligerar la fiscalidad a las rentas bajas y medias blindando el Estado del bienestar. Era el momento, como es el momento de impulsar la sanidad y la educación públicas”. No. La frase no es de Ximo Puig en el debate valenciano de política general del pasado 26 de septiembre. La pronunció en octubre de 2015 la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para justificar la rebaja de dos puntos en la cuota autonómica del IRPF para las rentas de menos de 60.000 euros aplicada para los presupuestos de 2016 de la Junta de Andalucía, de la que Montero era consejera de Hacienda.

En aquella ocasión, en la que el PSOE necesitaba el respaldo de Ciudadanos, la inflación no alcanzaba los dos dígitos ni la gasolina estaba disparada. Tampoco la economía comenzaba a dar síntomas de contracción. El euríbor cerró el ejercicio en negativo. Aun así, Montero desplegó una rebaja parecida (no igual) a la que tanto le ha molestado de su compañero de partido Ximo Puig en la Comunidad Valenciana.

Cabría preguntarse si una administración como la Generalitat, que supera ya los 54.000 millones de deuda como consecuencia de una infrafinanciación crónica, está legitimada para abordar rebajas fiscales. Pero también es cierto que un problema que la propia Montero ha sido incapaz de resolver, como es la reforma del sistema de reparto territorial, no tiene por qué restringir ‘sine die’ la capacidad política de un gobierno autonómico de planificar respuestas a una situación económica concreta. Ha hecho bien Ximo Puig en ejercer sus competencias más allá del grillete que supone la dependencia permanente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El único pecado del barón socialista ha sido hacer uso de las facultades que le otorga la LOFCA, al retocar la tarifa autonómica, como hizo Montero en su día.

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Lo ha hecho, además, en los tiempos que encajaban en sus necesidades políticas, en el discurso del pleno anual más importante en las Cortes Valencianas, y, es verdad, que a dos días de que la ministra presentase su propia reforma fiscal. Este y no otro parece haber sido el verdadero motivo de la bronca. Una razón de oportunidad política, no de fondo, que en lugar de resolverse mediante la coordinación en la respuesta se ha malinterpretado en Moncloa y Ferraz como un desafío, despreciando el compromiso federal del PSOE y cargando las tintas contra su principal dirigente territorial a ocho meses de las autonómicas. Miopía ‘emetreintista’.

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La reforma valenciana, guste más o guste menos, tampoco es fruto de un capricho político o de una suerte de chamanismo fiscal, como se ha tratado de trasladar desde los contornos ministeriales. Los documentos que la sustentan llevan la firma de dos especialistas en derecho tributario. Amadeo Fuenmayor y Rafael Granell, ambos del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y miembros del grupo de investigación Evaluación Económica Pública (EvalPub).

Solo hay que echar un vistazo a sus fichas curriculares para verificar lo poco que Granell y Fuenmayor tienen de chamanes. Los dos investigadores forman parte de la cátedra de tributación autonómica que la Conselleria de Hacienda creó con la Universidad. Son los que están estrujado el 'excel' para crear una nueva escala autonómica que permita aligerar la carga fiscal para las clases medias y bajas con, como mínimo, efecto neutro sobre las rentas mayores de 60.000 euros, evitando así los efectos no deseados de una deflactación al uso que tanto preocupaban a Montero. Los socios de Puig, Compromís y Unidas Podemos, están pidiendo todavía más progresividad, con más carga sobre los ricos que compense la pérdida de ingresos por debajo. Hasta cuatro documentos se han puesto ya encima de la mesa.

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Porque la vía valenciana no es una “bajada generalizada de impuestos” ni una "trampa" como se han empeñado en difundir las antenas mediáticas aledañas al Ministerio de Hacienda (en eso también han sido selectivos Montero y su gabinete). Primero porque es mucho más modesta de lo que el propio Ximo Puig pretendió publicitar con el fin de desarmar al Partido Popular en el debate valenciano de política general. El impacto en el bolsillo de los beneficiarios, sumando el retoque del IRPF (con un ahorro de solo 67 euros en el tramo de entre 30.000 y 60.000 euros, ese que Montero debe pensar que no paga facturas ni tiene hipotecas), la mejora en las deducciones y bonificaciones sociales y la elevación en un 10% el mínimo personal exento, es de apenas 150 millones de euros sobre un presupuesto autonómico de casi 28.000 millones y tras haber elevado su recaudación en unos 700 millones por efecto de la inflación. Calderilla.

Y segundo porque deja fuera de cualquier beneficio a las rentas y patrimonios más altos, que sí pagan en la Comunidad Valenciana, justo el clavo al que desde Valencia se confiaba en que el Gobierno se agarrase para contraargumentar a los populares en el primer impacto del anuncio del martes, que coincidió con la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Ese era el mensaje que Puig logró colocar en el ecosistema local, y también en el nacional, en las primeras horas: que su Gobierno ayudaba a las clases medias y bajas frente a los “regalos” del PP a las grandes fortunas. Keynesianismo y progresividad eran el mantra del barón levantino. Le fue bien hasta que los ministros de su mismo partido, empezando por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, le pincharon el globo. Con esos compañeros, quién quiere adversarios políticos. Vuelta alto, vuela libre, pero no oses desafiar al poder central, aunque sea en un partido, el PSOE, que presume de federalismo. Cuando salió el sol, todos eran jacobinos. Hasta Salvador Illa. No por convicción, sino por oportunismo.