Urge un plan de rescate para los Perte del Gobierno que iban a salvar a la industria

La semana que viene o quizás a la siguiente, quién sabe, el Ministerio de Industria publicará la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas para la transformación eléctrica del sector del automóvil. El programa será el primero de los llamados proyectos para la recuperación y la transformación económica (Perte) que completa el proceso burocrático y administrativo antes de llegar por fin a las empresas. Financiado con fondos Next Generation, el mecanismo habilitado por la Comisión Europea para compensar los efectos sobre el tejido económico de la pandemia del coronavirus, el Perte del vehículo eléctrico pretendía aportar al sector 4.300 millones de euros de procedencia pública cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2021, hace ya más de un año.

La demanda de recursos solicitados desde el sector automotriz ha sido, por ahora, mucho más modesta, sin cubrir de lejos las altas expectativas generadas, con presupuestos conjuntos financiables por valor de 1.760 millones de euros, de los que el Ministerio de Industria hizo una primera asignación de 699 millones (593 sin contar con el consorcio de Ford, que se ha retirado). La previsión es que tras el periodo de alegaciones la cifra de fondos directos y préstamos asignados sea algo superior, pero muy lejos de las cantidades que manejaba el Gobierno cuando puso en marcha el proyecto tras recibir las manifestaciones de interés.

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Más de dos años y medio después de estallar la crisis sanitaria, con la pandemia ya en fase de contracción una vez extendida la vacunación universal, la realidad es que los Perte, los famosos proyectos liderados por el Gobierno que iban a servir para modernizar los sectores estratégicos de la economía española, siguen sorteando obstáculos en los despachos de los ministerios. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha publicitado, incluso con actos públicos repletos de altos cargos y representantes empresariales, Pertes con miles de millones para el sector agroalimentario, para el de la salud, para el aeroespacial, para la industria de los semiconductores, para la descarbonización, para el sector naval… Hay bases publicadas, documentos de intenciones que han pasado el filtro del Consejo de Ministros, pero ninguno de los planes ha visto todavía la luz.

El calendario de convocatorias previsto para el semestre en curso (junio-diciembre) de 2022 no desprende aroma a celerirdad. Contempla la licitación de algunos programas, como 400 millones para la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad de la industria agroalimentaria, muy lejos de los 1.000 millones previstos, o 200 millones para el fomento de la economía circular en las empresas. Visto el cronograma del Perte del coche eléctrico, es muy probable que el dinero de estas nuevas líneas de ayudas no entre en la caja de las compañías interesadas hasta bien entrado 2023. Para el resto de Perte todavía no convocados, creer que estarán operativos el año que viene es un acto de fe.

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Ya se han producido alianzas y consorcios empresariales para pujar por los fondos en algunos de los nuevos planes, con los requisitos de interterritorialidad o fomento de la cadena de valor que marcan las bases. Consultoras y empresas llevan meses trabajando. Muchos de quienes han trabajado para configurar y generar el diálogo en el seno del tejodo productivo creen que el invento para canalizar los fondos europeos, que no ha sido igual en otros países de la Unión Europea, tiene luces positivas y ha servido a los sectores para reenfocar y hacer un análisis sobre su futuro. Pero las limitaciones en cuantías por empresa o tipo de inversiones impuestas por la Comisión Europea en materia de ayudas de Estado no han ayudado. Hay una cierta decepción y es generalizada la percepción de que subsisten demasiadas trabas burocráticas, de que los procedimientos no están siendo ágiles y de que el Gobierno puede haberse equivocado a la hora de querer reservarse la gestión de tantos recursos sin estar preparado ni contar con el aparato administrativo suficiente para desatascarlos.

Aplicar una visión de país a una industria como la del coche eléctrico o la espacial puede tener todo el sentido. Pero, ¿no hubiera sido más sencillo entregar a las autonomías, mucho más acostumbradas a tramitar líneas de ayuda para el tejido regional, la capacidad de reparto de fondos para digitalización empresarial, modernización o descarbonización? No son pocas las empresas y dirigentes de gobiernos territoriales que así lo consideran. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Alemania.

El mecanismo europeo nació para paliar el impacto de una pandemia. Cuando parecía que comenzábamos a salir de ella, irrumpió Vladímir Putin con su invasión de Ucrania. A ver si es posible que no llegue la próxima gran crisis para que, por fin, el dinero de los famosos Perte aterrice a la economía de verdad. La alternativa de no cumplir los plazos de ejecución marcados por Bruselas ya sabemos cuál es: devolver cientos de millones a la UE porque no hemos sabido sacarles partido.