De Hosbec a Podemos, a vueltas con la tasa turística valenciana

La Comunidad Valenciana, como antes Cataluña y Baleares, ya ha legislado su propia tasa turística. La mayoría que compone el Consell del Botànic (PSPV, Compromís y Unidas Podemos) la ha bautizado como Ley valenciana de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible. Fue aprobada esta pasada semana en las Cortes Valencianas y nace con una moratoria de un año en su aplicación a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), demora que se justificó por el covid cuando fue planteada y ahora por la inflación provocada por la guerra en Ucrania.

Se trata de una ley bonificada al 100% en su arranque y que deja en manos de los ayuntamientos su reactivación. Es decir, nace muerta a expensas de que alguien quiera resucitarla en su localidad. Ya sabemos que casi ninguna ciudad turística valenciana tiene previsto aplicar el impuesto. O eso al menos han dicho sus alcaldes, incluidos los socialistas. Solo Valencia ha abierto la puerta a un uso selectivo de la figura tributaria. Paradojas de los gobiernos de coalición.

Podría decirse que el Botànic ha sido honesto al aprobar la proposición de ley a menos de seis meses de las elecciones locales. En mayo podremos saber si se trata de un asunto determinante, si será un eje central en el discurso de los candidatos y si ayudará o perjudicará a quienes la cuestionan o la defienden. Los ciudadanos decidirán con su papeleta en la urna. El popular Carlos Mazón ya ha avanzado que derogará la ley si logra mayoría suficiente para gobernar la Generalitat.

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En muchos momentos del debate se han echado en falta más ideas sobre las aplicaciones del impuesto, su razón de ser y su función compensatoria de los impactos del turismo. Los puños en alto y los aplausos en la cámara han traslucido cierta vocación punitiva en las motivaciones de sus promotores, como si el turista tuviera que sentirse culpable de serlo. Esa percepción de una izquierda antipática, que nos riñe y nos castiga, acaba trascendiendo más que el argumento de que la tasa, extendida en capitales de toda Europa, puede ser un instrumento para hacer todavía más atractivo el destino y para aliviar a los residentes de las ciudades por las molestias que generan en sus rutinas diarias la actividad turística.

Se diga lo que se diga, el turista paga impuestos, sí, pero no siempre estos repercuten íntegramente en los destinos. El IVA en las compras o restauración, la tasa que abona el megacrucero en el puerto, el IRPF que genera el empleo turístico o la imposición sobre beneficios empresariales son ingresos que van a la caja común del Estado. Garantizar un pequeño porcentaje del gasto turístico a mejorar los servicios públicos municipales que se prestan sin pasar toda la factura al residente local, reforzar la promoción, proteger el medio ambiente del área de influencia o acometer mejoras urbanas (todos posibles usos del nuevo tributo, según la ley valenciana) no debería verse como una intrusión diabólica en el mercado, como pretenden presentarlo algunos.

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Solo hay que hacer un repaso por otras zonas del continente para observar que su uso se ha normalizado y que, además, es aceptada y comprendida por el viajero en la mayoría de las ocasiones. En Italia, ciudades como Roma, Florencia, Milán, Catania o Siracusa, la aplican. Se abona en París, Niza o Lyon en Francia. En Berlín o Colonia, en Alemania, se paga como un porcentaje sobre la factura del alojamiento, modalidad replicada en Ámsterdam o Viena. En Portugal, la tasa se desembolsa en sus principales destinos (Lisboa, Oporto, Cascais) como tributo municipal, sin que por ello se hayan resentido las cifras de visitantes. En el conjunto de Europa, 21 de 30 países ya han establecido impuestos de este tipo, según datos de la European Tourism Association (Etoa) recogidos en el propio preámbulo de la ley valenciana.

Y, sin embargo, no deja de ser comprensible la oposición de urbes o poblaciones enfocadas 100% al turismo, como Benidorm, en las que el turismo se concibe como medio principal de vida y no como una actividad complementaria con algunas externalidades negativas (residuos, impacto en el mercado de la vivienda, mantenimiento del patrimonio, inflación en centros históricos, etc). Si a esto se suma que la playa de los rascacielos sigue siendo un destino dependiente del precio, atado a los paquetes de los touroperadores y muy sensible a las oscilaciones en las ofertas de sus competidores, es lógico que la ley haya suscitado rechazo por lo que supone de incremento, moderado pero incremento al fin y al cabo, sobre la tarifa final de la estancia.

Pero igual que, en contra del planteamiento inicial de las patas más a la izquierda del Botànic (Compromís y Unidas Podemos), el legislador ha terminado por ser empático hacia los distintos modelos turísticos que se desarrollan en la Comunidad Valenciana, confiando el despliegue o no del tributo a la autonomía municipal para atender las singularidades, sería deseable también que lobbies como Hosbec aflojasen la tensión de la cuerda. No siempre los intereses sectoriales coinciden al 100% con el interés general. Ya saben, eso de la síntesis como proceso de superación de la contradicción de la antítesis. Otra cosa es que vengan elecciones y haya algunos empeñados en alimentar la hoguera. Pero esa ya es otra historia. O no.