Los empresarios se hartan de Compromís y ya piensan en pasarle la factura a Ximo Puig

Son diversas las voces en el universo empresarial valenciano que llevan tiempo advirtiendo sobre la deriva antieconómica de una parte del Consell del Botànic, el Gobierno autonómico que preside Ximo Puig en coalición con Compromís y Unidas Podemos. La pulsión entre la naturaleza business friendly del barón socialista y la visión refractaria hacia los poderes económicos de su flanco izquierdo, especialmente patente en los valencianistas, ha estado presente toda la legislatura, más allá de la existencia de un consenso generalizado en cuestiones como la de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto.

Casi se diría que esa tensión ha impregnado las grandes leyes y los grandes temas del debate político autonómico. Si uno proponía una rebaja fiscal, otro reclamaba compensarla con más presión sobre las grandes rentas; si Compromís y Podemos ponían encima de la mesa la tasa turística, los socialistas se afanaban en suavizarla, cuando no directamente desactivarla. Son solo dos ejemplos.

Ximo Puig ha tratado de ejercer siempre de moderador en esas aguas revueltas, ofreciéndose como el rostro amable hacia el universo empresarial, al tiempo que los sectores más socialdemócratas de Compromís han ido viéndose arrinconados por las corrientes más escoradas. Las ideas cercanas a la llamada teoría del decrecimiento, esa que apuesta por reducir consumos y actividad para frenar y atenuar el impacto sobre los recursos naturales y las externalidades negativas de cualquier negocio y del desarrollo, han ido ganando adeptos en la izquierda autonómica. La tesis tiene no pocos riesgos. El primero, el del empobrecimiento. ¿Si no se genera riqueza, cómo se va a redistribuir? Acabará pagando pocarropa.

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A cinco meses de las autonómicas, y pese a que el popular Carlos Mazón no es visto todavía como una alternativa fiable entre las clases económicas locales, algunos de los empresarios que veían en Puig una figura de contención han comenzado a trasladar desconfianza y marcar distancias. “Siempre nos dice lo que queremos oír, pero al final acaba cediendo con Compromís. La gente ya está empezando a estar cansada”, confesaba esta semana soto voce el integrante de una importante asociación valenciana de empresarios.

Al día siguiente, quizás como reacción a una queja que ya ha llegado a los oídos del Palau de la Generalitat, el PSPV-PSOE sacaba adelante la enmienda para bonificar el impuesto de sucesiones en las empresas familiares sin límite de facturación con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox y el rechazo de Compromís y Unidas Podemos. Geometría variable en los minutos de la basura de la legislatura; calentamiento a las puertas de la precampaña electoral.

Equivocarse es humano. Reincidir en el error, estúpido

El último de estos episodios se ha vivido a cuenta de la destitución de Pedro Fresco como director general de Transición Ecológica, un firme defensor de la inversión en renovables y de la celeridad de su implantación. Independiente pero nombrado por Compromís, Fresco estaba alineado con la apuesta por facilitar la implantación de proyectos sobre el territorio autonómico para cumplir los objetivos de sustitución de fuentes de energía.

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En la Comunidad Valenciana, la organización más comprometida en defender un despliegue rápido de fotovoltaicas es Avaesen. Esta patronal autonómica nació precisamente como iniciativa de un grupo de inversores locales en renovables para buscar hueco en un mercado claramente oligopólico. Solo hay que asomarse a su listado de asociados para observar que detrás de sus siglas hay mucho más que las malvadas cotizadas del IBEX empeñadas en regir nuestros destinos cual sociedad secreta o club Bilderberg, como parecen entender algunos.

IM2, Endurance Motive, Atersa, Ampere Energy, NRG… pymes todas ellas que llevan años tratando de abrirse un hueco en el sector de la renovables, de la tecnología aplicada a la energía y de la inversión en generación. Sí, hay fondos de inversión detrás de los proyectos atascados en los despachos de la Generalitat, pero también inversores locales que han visto en los parques solares de menos de 50MW que se tramitan por la vía autonómica la ventana para acceder a un negocio, el de la generación de electricidad, que hasta hace muy poco estaba vedado al pool de las multinacionales eléctricas.

Esa vía, la de que actores no habituales del mercado energético se consoliden como productores alternativos a los Iberdrola, Endesa o Naturgy, es la que Compromís está cegando con su posición obstruccionista y excesivamente restrictiva. Por supuesto que la implantación de plantas solares tiene efectos sobre el paisaje y que hay que contar con el consenso de ayuntamientos y municipios para su desarrollo. Pero lo que están diciendo voces ahora guillotonadas como la del Pedro Fresco es que anatemizar la instalación en suelo solo servirá para retrasar el cumplimiento de los objetivos de sustitución de fuentes de energía en la Comunidad Valenciana.

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Quizás Compromís prefiera las megaplantas que tramita el Ministerio de Teresa Ribera, esas que conllevan expropiaciones a la fuerza de parcelas en aras del interés general y donde, aquí sí, están las grandes eléctricas o los fondos internacionales con vocación de hacer exit en cuatro años con una buena plusvalía sin atender a sensibilidades locales. En esas instalaciones, la Generalitat no tiene ninguna voz.

Hay más casuística. ¿Tiene sentido imponer a las empresas de alquiler de coches, muy presentes en un territorio repleto de destinos turísticos como el valenciano, cuota obligatorias de vehículos eléctricos en sus flotas cuando no se ha desplegado todavía una suficiente red de estaciones de recarga?

Sobre el papel puede sonar fantástico empujar hacia la sustitución de los coches de combustión. La realidad es que entidades como la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler han advertido del impacto sobre su estructura de costes de esta medida incorporada a la ley de cambio climático de la Comunidad Valenciana: ahora mismo, los eléctricos no solamente es que son más caros, es que los clientes no los quieren porque no saben si van a poder recargarlos. Se quedan parados en las carpas de los rent a car.

Es este desacoplamiento entre las intenciones proteccionistas y la realidad de los hechos lo que más inquieta a los empresarios. Tener gestores públicos cargados de utopías es deseable, siempre que los idealismos irrealizables no terminen por convertir en tóxica la política púbica provocando el efecto adverso al deseado. Hay una cierta y preocupante pendiente hacia el terraplanismo en asuntos de urbanismo, medio ambiente o economía de una parte de la izquierda valenciana y española.

Como hemos visto con el error de la ley del Sí es Sí de Irene Montero y Unidas Podemos, es más reprobable la soberbia de no admitir una profunda metida de pata técnica para corregirla cuanto antes que el propio desacierto en sí. Equivocarse es humano. Reincidir en el error, estúpido.