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Lo que dice el CIS de las urnas valencianas y por qué el Botànic de Puig huye del plebiscito
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Víctor Romero

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Lo que dice el CIS de las urnas valencianas y por qué el Botànic de Puig huye del plebiscito

La polarización nacional puede perturbar la campaña de la coalición de izquierdas en la Comunidad Valenciana

Foto: Ximo Puig, Héctor Illueca y Aitana Mas. (EFE)
Ximo Puig, Héctor Illueca y Aitana Mas. (EFE)
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Nervios, muchos nervios, en la semana de Navidad en las filas del PSPV-PSOE con el asunto del caso Azud. La causa ha destapado más que sospechosos pagos de empresarios contratistas a proveedores electorales en las campañas de la fallecida Carmen Alborch en 2007 en Valencia ciudad y de la que en 2008 entonces era vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que compareció como cabeza de lista al Congreso por la circunscripción valenciana. Quince años después, el caso no dejaría de tener su interés histórico y quedaría encapsulado en aquel pasado de excesos que fueron los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando el entonces hegemónico Partido Popular valenciano estrenó la serie de asuntos judiciales, si no fuera porque los sabuesos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción se han hecho con una bomba de racimo política: el teléfono móvil iPhone7 que tenía en su casa el exsecretario de Finanzas de los socialistas valencianos, José María Cataluña.

Cataluña, una persona de apariencia llana, afable y accesible, hace años que no figura en ningún organigrama del partido, pero su rol como hombre de las cuentas y también como vicepresidente de la desaparecida Bancaja le proporcionó una agenda privilegiada de relaciones con numerosos empresarios valencianos con los que, a la vista de las pistas que arroja el último informe policial de Azud gracias al contenido de ese smartphone, ha seguido manteniendo contactos, cuando no facilitando el acceso a determinadas puertas. La sospecha de que pudo mediar con la Agencia Tributaria Valenciana para engrasar un expediente sancionador que tenía abierto el dueño de Facsa, Enrique Gimeno, ha encendido todas las luces rojas en el entorno del Botànic que preside Ximo Puig, toda vez que, además, el empresario de Castellón es uno de los que aparece como presunto financiador irregular de aquellas campañas socialistas en cuestión.

Foto: Aitana Mas, Ximo Puig y Héctor Illueca escenifican el acuerdo de presupuestos de la Generalitat para 2023.

El mensaje oficial es que no hubo trato de favor fiscal alguno con Gimeno y el asunto, una discrepancia por el pago del impuesto de sucesiones tras el fallecimiento de una tía suya, se cerró con la conformidad del empresario y el abono correspondiente. Pero el contenido de los whatsapps todavía no ha trascendido. Estos y otros posibles mensajes comprometedores del iPhone de Cataluña han elevado el consumo de diazepam en el Palau de la Generalitat, cuyo registro de entrada ya ha solicitado el Partido Popular en busca de carnaza para saber cuántas visitas ha hecho por allí el antiguo tesorero en los últimos años.

Viene al caso la larga introducción, tan ajena al titular de esta columna, porque Azud ha introducido un elemento de perturbación en el estado anímico con el que los socialistas cerraban el año y encaraban el arranque de 2023, ejercicio clave para la tercera reválida o no del experimento del Botànic, con las elecciones autonómicas previstas para el 28 de mayo, el mismo día que las municipales. La casualidad ha querido que los titulares de Azud coincidiesen con la publicación del panel publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre voto autonómico en los territorios que finalizan legislatura. Las estimaciones de voto de José Félix Tezanos hace tiempo que dejaron de tener credibilidad. En el nuevo estudio son especialmente inservibles porque el margen que otorgan las horquillas de escaños es tan amplio que es imposible aventurar un resultado más o menos concreto. Da para interpretar una victoria arrasadora de la izquierda valenciana y también un vuelco en favor del bloque de derechas PP-Vox. Hay partido, es lo que se puede alcanzar a destacar.

Foto: El Hospital de Torrevieja y su área de salud ha sido el último en volver a gestión pública. (EFE) Opinión

Pero la frecuencia de preguntas y respuestas (pinche para leerlas) sobre todo tipo de asuntos políticos sí permite conocer cuál es el estado de percepción ciudadana sobre el Gobierno autonómico, o la situación general de la Comunidad Valenciana. Pese a que aparecen problemas de satisfacción en temas como el acceso a la vivienda a precio asequible o la facilidad para encontrar un empleo o emprender un negocio, más del 62% del millar de valencianos encuestados califica de buena o muy buena la situación general de la autonomía. Una mayoría aprueba la gestión en educación, sanidad o servicios sociales, los tres puntales de las competencias autonómicas. Hasta en el control de los incendios sitúan por encima del 5 los encuestados la situación autonómica, pese a los fuegos sufridos ese verano en Bejís o la Vall d'Ebo. El 51,8% considera buena o muy buena la gestión del barón socialista Ximo Puig y el ejecutivo autonómico con Compromís y Unidas Podemos recibe como nota media de 5,16 puntos en una escala de 1 a 10, sin que aparezcan porcentajes muy polarizados en los extremos.

Con esos números, más allá de estimaciones de voto, es normal que los tres partidos del Botànic estén preparando una campaña muy enfocada en poner en valor su proyecto y su gestión de los últimos cuatro años. El objetivo, cada uno con sus diferencias, que cada vez explicitan mucho más, es elaborar una propuesta electoral muy territorializada, apoyada en esa percepción ciudadana que, por ahora, parece perdonar de forma mayoritaria los errores de Consell autonómico, que no han sido pocos. Frente al enfoque plebiscitario que el Partido Popular pretende dar a las autonómicas, con Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón reclamando que la próxima cita con las urnas sirva para dar un voto de castigo al Gobierno de Pedro Sánchez, la izquierda valenciana va a reclamar una tercera oportunidad al proyecto botánico y a vender que no existen razones para el cambio.

Será muy interesante ver quién se lleva el gato al agua, porque justamente en esos dos enfoques sí aparecen divididos los valencianos. La valenciana es, con un 43,5% la segunda autonomía en la que se da más importancia a los temas generales de España frente a los temas propios del territorio a la hora de votar en unas autonómicas. Solo Castilla-La Mancha, con un 49,2%, presenta un porcentaje mayor. Es decir, lo que ocurra en el debate nacional importa y mucho en las tendencias de voto de los valencianos. De ahí el interés de los populares por importar al espacio público autonómico las polémicas del Ejecutivo central (bronca por los órganos constitucionales, reformas del Código Penal, Cataluña, alianzas del PSOE con fuerzas nacionalistas, etc) y la obsesión de los socialistas de Puig y su Botànic con Aitana Mas (pronto Joan Baldoví) y Héctor Illueca por desmarcarse del ruido que llega desde Madrid para vender ausencia de crispación y polarización con el fin de desmovilizar el electorado de la derecha. Uno de esos dos discursos vencerá el 28-M. Con permiso de Azud.

Nervios, muchos nervios, en la semana de Navidad en las filas del PSPV-PSOE con el asunto del caso Azud. La causa ha destapado más que sospechosos pagos de empresarios contratistas a proveedores electorales en las campañas de la fallecida Carmen Alborch en 2007 en Valencia ciudad y de la que en 2008 entonces era vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que compareció como cabeza de lista al Congreso por la circunscripción valenciana. Quince años después, el caso no dejaría de tener su interés histórico y quedaría encapsulado en aquel pasado de excesos que fueron los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando el entonces hegemónico Partido Popular valenciano estrenó la serie de asuntos judiciales, si no fuera porque los sabuesos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción se han hecho con una bomba de racimo política: el teléfono móvil iPhone7 que tenía en su casa el exsecretario de Finanzas de los socialistas valencianos, José María Cataluña.

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