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2023, otro año sin reforma de la financiación autonómica
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Víctor Romero

Nadie es perfecto

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2023, otro año sin reforma de la financiación autonómica

La Comunidad Valenciana podría ser, por fin, la California europea. Pero por su quiebra financiera

Foto: Ximo Puig y la ministra de Hacienda, María José Montero. (EFE/Juan Carlos Cárdenas)
Ximo Puig y la ministra de Hacienda, María José Montero. (EFE/Juan Carlos Cárdenas)
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Esta columna apenas contribuirá a empujar las cifras de audiencia de mi periódico en el arranque del año. La financiación autonómica, de la que se han escrito ríos de tinta, sesudas piezas de análisis político y constantes revisiones de cifras y documentos, nunca ha sido un asunto que despierte voracidad lectora. Tiene su lógica. Es árido y complejo. Pero, sobre todo, es aburrido. Más cuando la reforma del sistema de reparto de recursos económicos en vertical hacia las autonomías, es decir, desde la caja central del Estado hacia las territoriales, lleva años empantanada en un túnel sin luz, pese a tratarse de un modelo caducado desde 2014. Ocho años hace ya. Si hablar del procés catalán es tedioso, imagínese hacerlo de un tema tan poco dado a la visceralidad y a la emoción.

2023 no será distinto. Lamentablemente nuestro líderes políticos, especialmente los de los dos grandes partidos, Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP), son incapaces de ponerse de acuerdo en nada. Los que se llenan la boca de grandilocuencia institucional, los que han de regir el destino el país, hace tiempo que desterraron la palabra acuerdo y consenso de su argumentario. Son sustantivos resignificados, porque ya no se emplean para practicarlos, sino para arrojarlos contra el contrincante. Lenguaje orwelliano.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE) Opinión

Las próximas convocatorias electorales, la del 28 de mayo de municipales y autonómicas, y la más que probable de generales de diciembre, abocan al 2023 a ser un ejercicio estéril en transversalidad política. Súmenle a eso el escaso interés por el cambio de los barones territoriales que salen mejor parados con el actual esquema de financiación autonómica.

Hace algunas semanas, en un congreso sobre economía organizado por la Generalitat valenciana, sindicatos y patronal, y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el profesor vigués Santiago Lago, una de las personas que más sabe de fiscalidad y financiación territorial en España, invitaba a sus colegas valencianos a tratar de convencer al resto del país de que cuando se habla de la infrafinanciación valenciana o murciana no se hace referencia a una particularidad regional, sino a la más clara expresión de una legislación nacional fallida. Pretender mejorarla y corregirla, vino a decir, no es una cuestión de acallar un malestar localista, sino de avanzar hacia un sistema que haga de España un Estado más justo y equitativo con el conjunto de sus ciudadanos, vivan donde vivan.

Las próximas convocatorias electorales abocan al 2023 a ser estéril en trasversalidad política

La recomendación sonó algo naïf para la audiencia, acostumbrada a clamar en un desierto político. Por desgracia, hace tiempo que la empatía desapareció del campo de juego del diálogo institucional. Mucha proclama patrioterista en Españita, pero nadie parece dispuesto a hacer nada por nadie si no es con contrapartida.

Mientras tanto, la bola del desequilibrio crece. La Comunidad Valenciana acumula ya una agujero patrimonial de más de 37.400 millones de euros como consecuencia de los resultados negativos acumulados año tras año por la insuficiencia de ingresos, según acaba de desvelar la Sindicatura de Cuentas. Sin gastar por encima de la media autonómica española (eso faltaría), la deuda pública rondará en 2023 los 60.000 millones de euros, la más alta del país en relación al PIB regional. Si fuera una empresa, la Generalitat valenciana estaría en causa de disolución.

Foto: Mónica Oltra, Ximo Puig y Carlos Mazón. (EFE/Biel Aliño)

Habrá quien diga que total qué más da. Pese a recibir 178 euros menos por habitante que la media española, la peor parada según los cálculos más recientes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la autonomía viene creciendo en presupuesto y gasto como el resto. El Ministerio de Hacienda cubre año tras año el desequilibrio vía créditos del FLA, como si fuera plato de buen gusto que lo que para algunos gobiernos autonómicos son trasferencias corrientes para la Generalitat es deuda con papá Estado. Quién dijo corresponsabilidad cuando se ponen grilletes al autogobierno en forma de hipoteca.

El espejismo durará lo que dure la laxitud europea de las reglas fiscales o cuando ocupe el Tesoro español un ministro de esos de luces cortas con ganas de apretar las tuercas al gobierno regional. Que nadie se extrañe cuando eso ocurra. La Comunidad Valenciana podría ser, por fin, la California europea. Pero por su quiebra financiera. Quizás entonces el asunto le interese a alguien y las columnas se llenen de lectores. La broma la pagarán los valencianos y sus servicios públicos. Feliz año.

Esta columna apenas contribuirá a empujar las cifras de audiencia de mi periódico en el arranque del año. La financiación autonómica, de la que se han escrito ríos de tinta, sesudas piezas de análisis político y constantes revisiones de cifras y documentos, nunca ha sido un asunto que despierte voracidad lectora. Tiene su lógica. Es árido y complejo. Pero, sobre todo, es aburrido. Más cuando la reforma del sistema de reparto de recursos económicos en vertical hacia las autonomías, es decir, desde la caja central del Estado hacia las territoriales, lleva años empantanada en un túnel sin luz, pese a tratarse de un modelo caducado desde 2014. Ocho años hace ya. Si hablar del procés catalán es tedioso, imagínese hacerlo de un tema tan poco dado a la visceralidad y a la emoción.

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