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La Comunidad Valenciana puede ser Castilla y León tras el 28M
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Víctor Romero

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La Comunidad Valenciana puede ser Castilla y León tras el 28M

Vox, con un candidato abiertamente antiabortista, ya ha advertido que implantará medidas similares a las que quiere el vicepresidente castellanoleonés

Foto: El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), y el vicepresidente, Juan García Gallardo (i). (EFE)
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), y el vicepresidente, Juan García Gallardo (i). (EFE)
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Mira que lo están intentando. Cerrar la fuga de agua. Hasta Federico Jiménez Losantos ha visto lo incómodo que puede llegar a ser Vox para los intereses del Partido Popular a las puertas del primer round electoral que se avecina en este 2023, primera estación antes del asalto final antisanchista. Los de Santiago Abascal saben que sus opciones de crecimiento (o supervivencia) pasan por no ser víctimas del abrazo del oso de los populares y han decidido no callarse a qué han venido a la política española: a poner encima la agenda ultraconservadora que muchos mantenían emboscada bajo las alas de la gaviota de Génova hasta que hace unos pocos años se produjo la escisión de la derecha patria. Porque Vox no es otra cosa que un descuelgue por la derecha de la gran familia conservadora.

La alt right nacional ha protagonizado estos últimas días un episodio que ha dado combustible a quienes advierten del giro iliberal que podría dar el país en el caso de que Alberto Núñez Feijóo tenga que sentarse con Abascal para negociar su entrada en la Moncloa. La propuesta antiabortista del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha despertado en el flanco conservador los fantasmas del discurso con el que Sánchez liquidó en dos tiempos al candidato Pablo Casado, primero en las generales de abril de 2019 y luego en noviembre, aunque con menos margen: el miedo a la entrada de la ultraderecha en el Gobierno.

Antes de las generales, sin embargo, están las autonómicas, y la Comunidad Valenciana también podría ser escenario de un cambio político en el que Vox tenga una importante capacidad de influencia en la configuración de mayorías para articular la gobernabilidad de la Generalitat. El pasado 17 de enero, cuando la polémica a la húngara de ese remedo castizo de Viktor Orban que es Gallardo bullía en antena, el candidato valenciano de Vox, Carlos Flores, sentaba cátedra desde Valladolid invitado a un congreso sobre "desafíos constitucionales" retransmitido por el canal oficial de YouTube de las Cortes de Castilla y Léon: aborto, memoria histórica, eutanasia… Todo el pack.

Foto: Santiago Abascal, en el acto central en Valencia de las generales y autonómicas de abril de 2019. (EFE)

Vox ya ha dejado claro de boca de su portavoz en las Cortes Valencianas, Ana Vega, que implantará "medidas similares" a las que propone Gallardo si tiene ocasión de gobernar la autonomía. Y Carlos Mazón, un político que presume de liberal, va a tener muy complicado no hacer concesiones en el caso de que la suma de escaños en el bloque de la derecha sea suficiente para desbancar al Consell del Botànic y quiera vestirse de president. Casi todos los trabajos demoscópicos publicados en los últimos meses reflejan que la formación derechista de Abascal mejoraría sus resultados con respecto a las elecciones territoriales de 2019, cuando rebasó el 10,4% de los votos y firmó diez diputados autonómicos.

Una encuesta de Sigma Dos para El Mundo pronosticaba en noviembre una nueva victoria de la izquierda valenciana, pero detectaba también un aumento de casi siete puntos en el respaldo electoral a Vox con respecto a 2019. Gesop, para Prensa Ibérica, estimaba en octubre del año pasado un crecimiento más moderado, de apenas un punto. Pero crecimiento al fin y al cabo. El CIS autonómico publicado el pasado mes de diciembre rebaja los posibles apoyos a un 7,4% de voto directo más simpatía, con una horquilla de entre 4 y 11 escaños. Pero la propia recocina de este trabajo de campo encargada por los populares a sus gurús demoscópicos elevaba la estimación para Vox al 15,1%, con 15 actas, una cifra que pondría cara la investidura de Mazón, que con 37 diputados se quedaría a 13 de los 50 necesarios para sumar mayoría absoluta.

Foto: Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo, tras la aprobación de los presupuestos de Castilla y León. (EFE/Nacho Gallego)

Está por ver que todo ese caudal virtual de votos cuaje cuando se haga el examen real en las urnas, que coinciden con las municipales. Vox apenas cuenta con estructuras locales potentes. Sigue sin poner nombre a sus carteles en las principales capitales de la autonomía. Valencia ciudad es un agujero importante, con dos concejales invisibles y peleados entre ellos. Es lógico pensar que la formación de extrema derecha rentabilice mejor su marca en unas generales que unas autonómicas y locales, en las que una parte de su electorado apenas se siente concernido. Su candidato Flores, fichado para presentar un perfil con un discurso de mayor nivel intelectual por su condición de catedrático de Derecho Constitucional, va a ver cómo le recuerdan constantemente la condena de un año de prisión por maltrato psíquico y vejaciones a su exmujer. Esa mochila también pesará en la campaña de Mazón.

Pese a estas debilidades, muy pocos dudan que el cambio en la Comunidad Valenciana tendrá que pasar sí o sí por un acuerdo entre PP y Vox, y que Abascal exigirá su cuota de poder institucional y un giro de 180 grados en la agenda legislativa autonómica. La Comunidad Valenciana podría ser la próxima Castilla y León, pero con una diferencia sustancial: al contrario que la Junta castellano-leonesa, tradicional feudo conservador y que venía de un pacto de los populares con Ciudadanos, la Generalitat acumula una experiencia de ochos años con un Ejecutivo presidido por un moderado del PSOE en lo económico como Ximo Puig, pero compartido por formaciones netamente de izquierdas como Compromís y Unidas Podemos. El Botànic ha aprobado leyes LGTBI, de derecho a la identidad y expresión de género, de Memoria Histórica, de plurilingüismo, de transición energética, de economía circular…

No todas ellas tendrían por qué saltar por los aires con un gobierno monocolor del Partido Popular. Pero la tentación de Vox de convertir la autonomía valenciana en laboratorio de ensayo de políticas de corte reaccionario e iliberal y dirigidas a deshacer la agenda progresista antes de las generales es demasiado fuerte como para despreciarla. Los de Mazón se dedican por ahora a pasar de puntillas por esta inevitable dependencia. Pero los populares deberían ser mucho más trasparentes y dejar claro hasta dónde están dispuestos a tragar para recuperar el poder antes de que el conjunto de la sociedad valenciana sea llamada a manifestar el sentido de su voto. Empezando por el asunto del aborto. Aun no ha comenzado la campaña y ya empieza a oler a naftalina.

Mira que lo están intentando. Cerrar la fuga de agua. Hasta Federico Jiménez Losantos ha visto lo incómodo que puede llegar a ser Vox para los intereses del Partido Popular a las puertas del primer round electoral que se avecina en este 2023, primera estación antes del asalto final antisanchista. Los de Santiago Abascal saben que sus opciones de crecimiento (o supervivencia) pasan por no ser víctimas del abrazo del oso de los populares y han decidido no callarse a qué han venido a la política española: a poner encima la agenda ultraconservadora que muchos mantenían emboscada bajo las alas de la gaviota de Génova hasta que hace unos pocos años se produjo la escisión de la derecha patria. Porque Vox no es otra cosa que un descuelgue por la derecha de la gran familia conservadora.

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