El secuestro de la Marina Real de Valencia

Era cuestión de tiempo que el embrollo jurídico en el que se ha convertido administrativamente la Marina Real de Valencia aflorase de alguna forma para descomprimir las tensiones que desde hace meses se viven de forma latente entre los muchos actores que conviven en el espacio ganado al recinto del Puerto de Valencia. El detonante ha sido el malestar expresado por el equipo de Juan Roig por los retrasos en el tramitación municipal del proyecto para la ampliación de complejo Marina de Empresas en el Tinglado 4, un edificio con elementos modernistas catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL), con la consiguiente batería de limitaciones urbanísticas a la hora de ejecutar intervenciones sobre él.

Por la secuencia de hechos, todo indica que el dueño de Mercadona recibió del alcalde Joan Ribó (y del director del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens) información poco actualizada de lo que se podría llegar a hacer en ese edificio y que, a la vista de las advertencias de los técnicos municipales de patrimonio y urbanismo, ha habido que tramitar una adaptación de urgencia de las fichas urbanísticas para poder hacer posible la extensión de la fábrica de empresas y empresarios de la tercera fortuna de España, con el retraso correspondiente. Todavía queda que la Conselleria de Política Territorial otorgue el visto bueno al cambio urbanístico y que se convoque el consiguiente concurso, si es que para entonces Marina de Empresas sigue interesado en el proyecto, algo que ahora mismo está en el aire.

Sorprende, en todo caso, que con tantas mentes pensantes alrededor de la figura de Roig, nadie advirtiese de que precisamente por el carácter de BRL cualquier intervención en el Tinglado se iba a topar con problemas. Incluso con la nueva actualización, el espacio solamente podrá albergar elementos reversibles y ligeros, lo que puede condicionar bastante el alcance de lo que se quiere hacer: en principio un espacio de dos plantas para eventos, oficinas, salas de reuniones etc.

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Ocurra lo que que ocurra, ha llamado la atención que el lío entre el influyente Roig y el alcalde Joan Ribó haya sido aprovechado por algunos para poner en circulación un informe de la Abogacía del Estado fechado en septiembre del año pasado que viene a poner patas arriba todo el modelo de gestión de la Marina Real de Valencia, posicionándose claramente en favor de la reversión de los espacios en favor de la Autoridad Porturia de Valencia (APV), al entender que no están cumpliendo la utilidad pública o interés social para el que fueron cedidos al consistorio valenciano y, a su vez, al Consorcio Valencia 2007.

El traspaso de esos suelos y sus elementos tiene su origen en una primera desafección iniciada en 1997 dirigida a propiciar la apertura de la ciudad al mar y de integración del Puerto con la trama urbana. Se concretó en el año 2003 por Acuerdo del Consejo de Ministros y un convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria, con una cesión gratuita para atender a fines de utilidad pública o Interés social. Con motivo de la celebración de la America’s Cup, se autorizó un segundo traspaso al Consorcio responsable de ejecutar las obras de adecuación de la competición, financiadas con un crédito del ICO.

Lo que viene a decir la Abogacía del Estado es que una vez condonado el préstamo y liquidado el Consorcio y, puesto que las actividades que allí se generan no son competencia del Ayuntamiento, todos esos terrenos, con sus correspondientes actividades, deben revertir a la Autoridad Portuaria. Es decir, lo que defiende la abogada en cuestión tras una consulta del presidente del Puerto, Aurelio Martínez, es que todo lo que la ciudad ha ido ganando al puerto en espacios que ya no forman parte de su actividad comercial regrese bajo el paraguas de la APV.

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Es muy probable que no se hubiese llegado a este punto si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se hubiera obcecado en que la APV tuviera derecho de veto en el Consorcio cuando se planteó su entrada para sustituir la presencia del Ministerio una vez condonada la deuda. Aquel empeño propició la ruptura del acuerdo y la liquidación de la entidad por la negativa del Ayuntamiento a aceptar una vez más la obsesión del Estado por no ceder un centímetro de soberanía sobre terrenos ajenos ya a la actividad principal portuaria.

Es curioso porque la propia abogada que redacta el informe admite que la APV o el Consejo de Ministros tienen la facultad de renovar la cesión a petición del cesionario para el caso de que de produzca un cambio de destino siempre que se haga “con los mismos requisitos y trámites de procedimiento que los previstos para el otorgamiento de la cesión” y atendiendo al interés público o social.

O lo que es lo mismo: que más allá del empeño de Aurelio Martínez y su nomenclatura en demostrar que siguen teniendo la sartén por el mango y el aliento sobre la nuca de la Marina de Valencia, no hay aparentemente nada que impida tramitar una renovación de la cesión para retornar a la ciudad la capacidad de decisión sobre el espacio, sus actividades y su modelo de integración en la ciudad. Fuegos artificiales de leguleyos todo.

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Lo único que hace falta es voluntad de evitar el conflicto y mostrar generosidad. Otra cosa es que a Martínez, convertido ya en un personaje incómodo incluso para el PSPV-PSOE que le nombró, le puedan más las ganas de dinamitar al equipo municipal que de poner las luces largas, contaminado por la enconada batalla por la ampliación norte. Sería triste que quien una vez fue candidato municipal en Valencia se moviese ahora por pulsiones revanchistas en perjuicio de la misma ciudad de la que quiso ser alcalde.

A estas alturas tiene sentido manifestar que, si el centro comercial A Laxe o el Palacio de Congresos de Vigo son de interés general, la Escuela de Empresarios EDEM, la aceleradora Lanzadera, las antiguas bases ocupadas por empresas de innovación e, incluso, el ‘data center’ que se proyecta sobre el edificio cada vez más degradado de los Docks son de utilidad pública, como así lo ha declarado además el propio ayuntamiento para convocar el concurso por razones de inversión y generación de empleo. Porque el objetivo del consistorio, como es evidente, no es hacerse rico con los cánones que cobra de los concesionarios, que seguramente no sirvan ni para cubrir los gastos generales de mantenimiento y servicios (limpieza viaria, residuos, alcantarillado, seguridad, etc) de la dársena interior.

Resultaría bastante incongruente que la Autoridad Portuaria, que acaba de aplaudir que el Consejo de Ministros considere de interés general un hotel y oficinas en la futura Ciudad Deportiva del Levante UD, diga ahora que hacer de la Marina un foco de dinamización de la innovación, de emprendedurismo, de formación o de ocio ciudadanos no tiene utilidad social.

Y hará mal también el ecosistema estartapero local, víctima del fuego cruzado entre administraciones, en creer que va a ser mejor para sus intereses cambiar la dependencia municipal o del Consorcio en liquidación por la de la Autoridad Portuaria. Donde ahora ven “trabas” en forma de informe sobre informe de los técnicos municipales para desatascar proyectos, podrían estamparse contra el muro del “deep state” de Puertos y la nomenclatura ministerial. La Asociación Valenciana de Startups, que sigue esperando en silencio la reapertura de la Estación Marítima, ya ha comprobado en sus propias carnes cómo de tediosamente burocrática puede ser la relación con la APV.

La cuestión es saber quién tiene más claro qué debe ser y qué no la Marina de Valencia: si un espacio de dinamización económica, cultural y social de Valencia o una extensión perenne y subordinada de los intereses portuarios. Blanco y en botella.