La trampa regional de la que nadie está hablando en las elecciones autonómicas

Fue desaparecer el coronavirus de nuestras vidas y olvidarnos de la cogobernanza, aquel palabro que sirvió para alimentar tantas crónicas periodísticas. Más de un año ha pasado desde la última Conferencia de Presidentes sin que haya visos de que vaya a convocarse en el medio plazo. El único foro territorial multilateral de alto nivel que parece haber funcionado algo, con sus reuniones técnicas previas, ha pasado a mejor vida. Cada mochuelo a su olivo. El presidente del Gobierno y sus ministros, a hacer eso que se ha dado en llamar politica 'nacional'; y los barones autonómicos, a sus respectivos feudos a tratar de librar cada uno la guerra por su cuenta, con sus problemas territoriales, en apariencia singulares, pero que son, en realidad, muchas veces compartidos y coincidentes.

España afronta sus comicios locales y autonómicos del próximo 28 de mayo como lo que es, una batería de convocatorias para elegir representantes políticos en ayuntamientos y autonomías. De la cita con las urnas saldrá una nuevo reparto del poder territorial que puede condicionar, o no, las próximas generales y el futuro Gobierno del país.

Quizás porque cree que es la forma de movilizar mejor a sus votantes, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo es el que más está apostando en los territorios por tratar de llevar el debate nacional a las campañas locales. Provoca cierto sonrojo leer discursos de candidatos regionales culpando a Pedro Sánchez de los déficits de un ayuntamiento con la única intención de usar el desgaste del primero para castigar a un alcalde o un candidato local. Y al contrario, barones socialistas se afanan por alejarse al máximo del foco de los asuntos que se ventilan en la política estatal vendiendo su propia burbuja institucional, como si el elector no fuera el receptor de un batiburrillo de estímulos politicos sin distinguir muchas veces (por no decir casi nunca) el ámbito competencial del que depende la solución a sus problemas.

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Por h o por b, la cuestión es que nadie está hablando de algo que compete a la política regional española y que debería trascender a las batallas de cada autonomía o cada ayuntamiento para ser un elemento discursivo estructural de las grandes formaciones políticas, más preocupadas por leer la cita electoral en clave de puro asalto al poder. ¿Quieren campaña nacional con el 28M? Dos tazas. Qué expliquen qué soluciones plantean o en qué medidas están trabajando para frenar, amortiguar o reducir la enorme brecha económica que se está abriendo entre unos territorios y otros de España. Silencio es lo que se escucha ahora.

Más de 15.000 euros de diferencia hay entre la autonomía menos rica del país en términos de PIB per cápita, Andalucía, y la más rica, Madrid. Que los dos territorios estén gobernandos por el Partido Popular es una coincidencia ideal para evidenciar que el abismo de convergencia tiene poco que ver (o al menos no lo suficiente) con el alcance de las políticas de los gobiernos regionales y mucho con una visión estratégica de la España territorial que se quiere construir. Es un debate que suena a marciano en la almendra de la M-30, donde la cuestión de España y sus invertebrados se ventila con golpes en el pecho, fotos en Colón y portadas de madrugada con la última boutade independentista. Bastante pobre todo.

Opinión

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Trece autonomías tienen un PIB per cápita inferior a la media estatal, según el último informe de Contabilidad Regional del INE (2021). Aquí la lista, con gobiernos de todos los colores: Andalucía (18.906 euros), Asturias (23.235), Baleares (24.866), Canarias (18.990), Cantabria (23.730), Castilla y León (24.428), Castilla-La Mancha (20.655), Comunitat Valenciana (22.289), Extremadura (19.072), Galicia (23.499), Murcia (21.236), Ceuta (21.244) y Melilla (19.266). En el lado contrario, apenas seis territorios superaron los 25.498 euros de media: Aragón (28.912), Cataluña (29.942), Madrid (34.821), Navarra (31.024), La Rioja (27.279) y País Vasco (32.925).

Es una diferencia que se ha sostenido en el tiempo y que, además, ha ido creciendo. El Banco de España, Funcas, BBVA Research, el Ivie y otros institutos y ámbitos académicos vienen advirtiendo desde hace años del estancamiento de la convergencia regional española. Razones hay diversas: problemas de productividad, concentración de la actividad en las áreas metropolitanas por efecto de las economías de aglomeración, con Madrid como gran aspiradora, diseño de infraestructuras, diferencias en el mercado laboral, envejecimiento de la población…

La Unión Europea y académicos especializados en economía regional han encendido una luz roja con lo que han bautizado como "trampa de desarrollo", la que se produce cuando en un territorio la prosperidad de sus residentes no mejora en relación con sus resultados anteriores y las condiciones económicas prevalecientes en los mercados nacionales y europeos. No se trata tanto de reducir desarrollo como de pérdida de dinamismo para mantenerlo en el futuro. Son varias las autonomías españolas que están en riesgo de estancamiento y es mucho más que una estadística. Hablamos de calidad del empleo y los servicios públicos; de oportunidades laborales y profesionales para las generaciones más jovenes; de capacidad fiscal de las Administraciones para proporcionar políticas de bienestar o cultura…

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, las últimas noticias positivas en clave de inversión industrial, como la de la planta de baterías de Volskwagen y la reconversión hacia la electrificación de la factoría de Ford en Almussafes, no deberían obviar que sigue habiendo problemas estructurales, que el PIB per cápita está en el rango bajo y que persisten los déficits de productividad. De eso es lo que deberían hablar Sánchez y Feijóo cuando aterricen en Valencia, Alicante o Castellón en campaña. Eso es lo que tendrian que escuchar los electores valencianos, y no tanto quién será el próximo inquilino de la Moncloa. Lo contrario es pedirnos el voto para volverse a Madrid a cambio de nada. En el Falcon o en el AVE.