Derogar el sanchismo, ¿para qué? (la clave valenciana)

Mucha euforia y poco compromiso el miércoles de la semana pasada en la junta directiva del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Un Alberto Núñez Feijóo en modo campaña de generales pasó de puntillas por los posibles (e inevitables) pactos con Vox para la gobernabilidad de la Generalitat Valenciana y por la carta a los reyes magos que Carlos Mazón puso encima de la mesa en forma de reproches al Gobierno de Pedro Sánchez: financiación, infraestructuras, agua del trasvase Tajo-Segura, inversiones…

Superado con éxito el examen del 28 de mayo, el alicantino ya está construyendo el discurso palleter con el que poner su grano de arena para empujar desde el flanco este a su partido en el objetivo de desbancar al presidente del PSOE de la Moncloa. Derogar el sanchismo puede servir para muchas cosas. Igual da para cargarse la ley de memoria histórica y el Ministerio de Igualdad o contrarreformar la reforma laboral (Feijóo dixit), que para poner en riesgo fondos europeos (Moncloa replica). En clave valenciana, Mazón sostiene que servirá para dar salida a problemas estructurales que se vienen arrastrando desde hace años. Mucho voluntarismo, vistos precedentes anteriores, como por ejemplo el de Mariano Rajoy con el corredor mediterráneo, que caminaba a paso de tortuga en comparación con el arreón, es de justicia decirlo, que le ha dado en los último años el Ministerio de Transportes, incluido el arranque de las obras del canal de acceso ferroviario en Valencia.

El PP valenciano y el de Murcia van a recordar que Sánchez ha elegido a Teresa Ribera de número dos

En el haber de Sánchez con la Comunidad Valenciana hay iniciativas reseñables, como el citado avance (menos de lo que les gustaría a los empresarios) o el respaldo del Ministerio de Industria al proyecto de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto y las demandas de Ford Almussafes. Pero son numerosos los temas en el lado del debe, donde en muchas ocasiones se ha echado en falta empatía y capacidad de escucha, además de mayor capacidad de reacción. No son solo los patronos ceramistas. Ha abundado percepción general de agravio, como puede haber sido el caso de la dotación de inversiones para la provincia de Alicante en los PGE o la decisión de Transición Ecológica de dar un hachazo al trasvase Tajo-Segura a poco menos de tres meses de las elecciones.

Opinión

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Siendo como es comprensible que el Gobierno tenía que dar una salida a la obligación dictada por el Supremo de fijar caudales ecológicos, no es menos cierto que la forma de sacar adelante el real decreto, su alcance técnico y la polvareda levantada no pasarán a la historia por ejemplo de mano izquierda en la resolución de problemas complejos. Luego vienen los lloros electorales. Tras la ola azul del 28-M, el PP valenciano y el de Murcia se van a encargar de recordar mitin tras mitin a su parroquia que Sánchez ha elegido a Teresa Ribera como número dos de la lista del PSOE al Congreso por Madrid, con lo que ello implica de reconocimiento simbólico del presidente del Gobierno hacia su vicepresidenta.

La financiación autonómica ha sido la gran asignatura pendiente de la legislatura de Sánchez. Rajoy tuvo la oportunidad de resolver el problema, pero ejerció de gallego y prefirió ponerse de perfil mientras su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apretaba las tuercas a la autonomía más castigada por el reparto de recursos para atender sus competencias. Mucha más manga ancha ha tenido la socialista María Jesús Montero a la hora de dejar gastar a la Generalitat del Botànic para cubrir sus déficits vía FLA, con la consiguiente bola de deuda autonómica (más de 55.000 millones ya). Esa permisividad parece un ejercicio de compensación por haber aparcado la necesaria reforma del sistema. Nada se ha movido. Primero por la falta de acuerdo territorial en el seno del mismo PSOE; y, segundo, por la necesaria concurrencia del PP para aprobar una nueva Lofca en el Congreso por mayoría absoluta, como ley orgánica que es. Los populares mucho de boquilla, pero tampoco se han salido de la trinchera para facilitar el acuerdo.

La futura presidenta cántabra y el valenciano se sentarán bajo la misma sigla: 25 puntos les separan

No olvidemos que Feijóo, antes de mudarse de Santiago a Génova, se puso al frente del lobby de territorios del norte contrarios a la redistribución hacia las autonomías perjudicadas. Ahora puede tener en su mano la gran oportunidad de encarar por fin una actualización de la financiación. Es un tema mucho menos apasionante que los que a diario copan las portadas de los periódicos, pero no por ello importante en términos de equilibrios territoriales y futuro de los servicios públicos fundamentales. El líder gallego, decíamos, podría llegar a la Moncloa con un panorama de reparto de poder autonómico casi monocolor, tras el asalto del PP a los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón o Cantabria. Se sumarán a los que ya comandaba de Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía. País Vasco y Navarra no cuentan, por el privilegio foral, mientras que Baleares aspira un régimen insular similar al de Canarias.

Esa hegemonía azul debería facilitar el consenso. Los astros de la voluntad ciudadana se han alineado para sentar en la misma mesa a María José Sáenz de Buruaga (Cantabria) y a Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), dos barones bajo la misma sigla política. La que más recibe y el que menos. Cerca de 25 puntos de distancia les separan en recursos económicos por habitante ajustado. Falta ver si, en caso de ocupar el sillón del Consejo de Ministros, Feijóo se arremangará para propiciar una solución. Derogar el sanchismo, ¿pero para qué? Pues para reformar de una vez un modelo obsoleto que incumple el mandato constitucional de garantizar la suficiencia financiera de todas las autonomías españolas. Habrá que verlo.