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El sudoku presupuestario de Mazón y por qué Montero va a empezar a sentir la presión
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Víctor Romero

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El sudoku presupuestario de Mazón y por qué Montero va a empezar a sentir la presión

La liquidación de 2022 favorecerá el encaje de rebajas fiscales sin recortes en el primer presupuesto (2024) de la Generalitat de PP y Vox. Pero para 2025 las cosas podrían ser muy distintas

Foto: Ruth Merino y Carlos Mazón. (Cedida)
Ruth Merino y Carlos Mazón. (Cedida)
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De verdad que ando de lo más intrigado en conocer cómo planea el nuevo Consell del popular alicantino Carlos Mazón cuadrar el presupuesto de la Generalitat del año que viene. El equipo de Hacienda que lideran Ruth Merino y Eusebio Monzó, consellera y secretario autonómico, va dejando entrever que ha encontrado ya la fórmula mágica para encajar el arranque de las rebajas fiscales prometidas para 2024 (con efecto retroactivo en 2023) y la decisión de borrar de un plumazo la partida "reivindicativa" (ficticia) de ingresos por valor de más de 1.300 millones de euros por la infrafinanciación. Sostiene que va a hacerlo, además, sin renunciar a unos presupuestos "rigurosos, responsables" y sin recortes "en servicios públicos fundamentales" (Merino dixit), que no es lo mismo que decir sin recortes a secas, todo depende de lo que quiera interpretarse por servicio público fundamental.

Si se va sumando, con las cifras que ha ofrecido el Ejecutivo autonómico, son ya 1.766 millones de euros los ingresos que la Conselleria de Hacienda tendrá que dejar de pintar por los conceptos citados anteriormente, a los que habrá que sumar el incremento del coste de los intereses del FLA (la undécima conselleria). La suerte para la novel Administración valenciana es que va a contar a su favor con un presumible incremento de la aportación del Estado a través del sistema de financiación gracias, entre otras cosas, al efecto positivo de la liquidación del ejercicio de 2022. El Ministerio de Hacienda sigue sin comunicar a las autonomías el montante de entregas a cuenta para el año que viene. Como ya hizo en el ínterin de 2019, la titular socialista, María Jesús Montero, se escuda en su posición de Gobierno en funciones (no puede promulgar ninguna ley) para mantener el apagón informativo, por más que en los despachos se hayan comenzado a trabajar ya los ases en la manga de los PGE que posibiliten un acuerdo de investidura con formaciones como ERC y Junts. Los indepes, a estas alturas, seguro que ya manejan papeles que el resto no tiene el privilegio de oler, aunque luego anden quejándose de déficit de asimetrías en España.

Foto: Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu, en una imagen de archivo. (EFE/Toni Albir) Opinión

Sea como sea, las estimaciones hablan de una inyección extra de 20.000 millones de euros a repartir entre las CCAA gracias a un incremento de la recaudación fiscal en 2022, muy por encima (14%) de lo inicialmente presupuestado. Es una cifra que va a dar mucho juego a los de Carlos Mazón, de ahí que su consellera Merino haya lanzado una queja pública de la ausencia de datos proporcionados por el Ministerio, con el que ya se han hecho los primeros contactos, pero con la boca muy pequeña, no vaya a ser que cuando Montero la abra sea para decir que la Generalitat disfrutará el año que viene de recursos de financiación bastante superiores a los del ejercicio anterior.

La cuenta ilusoria de ingresos volverá a figurar, tarde o temprano, en el excel de la segunda era popular. Sea en A o en B.

Mazón no solamente necesita demostrar en sus primeros Presupuestos autonómicos que le salen los números con su principio de "revolución fiscal". No se trata solo de desplegar el proyecto del PP en la Comunidad Valenciana, sino de mantener contentos a su vez a los socios de Vox, algo que no será muy complicado, a la vista de las escasas competencias reales que manejan (sobre el 7% del presupuesto) y la bisoñez con la que los ultrasconservadores se han estrenado en las lides de la gestión de la Administración pública.

Foto: Ruth Merino y Carlos Mazón. (GVA)

Otra cosa es lo que ocurrirá para 2025. Quizás entonces los recursos del sistema no sean tan sustanciosos, habrán regresado las reglas fiscales y el nuevo president querrá, además, seguir cumpliendo promesas electorales que ahora se ha dejado por el camino, como la tan cacareada deflactación y reducción de la tarifa autonómica del IRPF con la que tanto ruido hicieron los populares antes del 28 de mayo y de la que, por ahora, nada se sabe. Un año más en el "infierno", menos para los ricos herederos que no tributarán por sucesiones y donaciones, claro.

Para 2024, por no haber, no habrá ni techo de gasto, pero en 2025 las cosas cambian y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido que ojo con aprovechar la inyección extraordinaria y en diferido de la inflación para consolidar gasto corriente o lanzarse a una tentadora fiesta de rebajas fiscales. Lo interesante para entonces será vigilar si el nuevo Consell acaba recurriendo a sus propios trucos contables para presupuestar gasto por encima de los ingresos reales. Y, del mismo modo, si se confirma el acuerdo PSOE-Junts y Pedro Sánchez resulta investido, testar si Montero mantiene la estrategia de laissez faire, laissez passer que ha practicado con sus colegas socialistas valencianos del Botànic en compensación por el incumplimiento sistemático del compromiso de reforma el sistema de financiación que tanto perjudica a la Comunidad Valenciana, cuya deuda supera ya los 55.000 millones de euros, el 83% vía FLA estatal, sin que los valencianos tengan un gasto público per cápita superior a la media española.

Por las primeras señales que transmite el área de Hacienda de Mazón, nada parece indicar que PP y Vox vayan a estrenarse con un presupuesto de cifras inferiores a las del Botànic, lo que sería lo mismo que reconocer importantes recortes. Así que habrá que ver por dónde aparece, si es que lo hace como todo parece indicar, la ingeniería financiera en los próximos ejercicios. El último Consell del PP, que presidió Alberto Fabra entre 2012 y 2015, 'cuadró' las cuentas de su último año pintando 1.000 millones en un fondo de competitividad que sabía que no iba a cobrar nunca y colocando una partida deudora FOGA que se ha repetido año tras año hasta los 800 millones actuales. Luego llegó en Botánic y el dichoso fondo imposible se transformó en una partida tan "reivindicativa" como ficticia. Mi apuesta es que, a no ser que Montero y Àgueda Micó se saquen de la chistera el fondo de nivelación, esa cuenta ilusoria de ingresos volverá a figurar tarde a temprano en el excel de la segunda era popular. Sea en A o sea en B.

De verdad que ando de lo más intrigado en conocer cómo planea el nuevo Consell del popular alicantino Carlos Mazón cuadrar el presupuesto de la Generalitat del año que viene. El equipo de Hacienda que lideran Ruth Merino y Eusebio Monzó, consellera y secretario autonómico, va dejando entrever que ha encontrado ya la fórmula mágica para encajar el arranque de las rebajas fiscales prometidas para 2024 (con efecto retroactivo en 2023) y la decisión de borrar de un plumazo la partida "reivindicativa" (ficticia) de ingresos por valor de más de 1.300 millones de euros por la infrafinanciación. Sostiene que va a hacerlo, además, sin renunciar a unos presupuestos "rigurosos, responsables" y sin recortes "en servicios públicos fundamentales" (Merino dixit), que no es lo mismo que decir sin recortes a secas, todo depende de lo que quiera interpretarse por servicio público fundamental.

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