Del Consell Jurídic a Antifraude, los valencianos ya tienen su propio CGPJ

Vaya por delante que esta columna es fan de los gobiernos de coalición y la ausencia de mayorías absolutas. No hay nada más aburrido y tentador en la limitación de la trasparencia y el diálogo político que el poder omnímodo. Antes Borgen que Divergente. Pero esto no es óbice para resaltar que la policromía política valenciana ha situado a la institucionalidad autonómica en un importante atasco. Como un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero multiplicado numéricamente por cinco.

Al bloqueo en la renovación del Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Cuentas, el Consell de Trasparencia o el Consell Valencià de Cultura, todos ellos organismos estatutarios con integrantes con mandato caducado desde la pasada legislatura, va camino de sumarse la siempre sensible Agencia Valenciana Antifraude. Los cuatro primeros se quedaron sin resolver antes de las elecciones ante la negativa del Partido Popular a propiciar los relevos necesarios, convencida como estaba la formación conservadora de que fuese cual fuese el resultado del 28 de mayo iba a ganar en proporcionalidad y, por tanto, en derecho a ocupar espacios por la previsible debacle de Ciudadanos y la correspondiente redistribución de escaños parlamentarios. Eso fue exactamente lo que pasó.

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Pero la vida está repleta de requiebros y los de Carlos Mazón pueden toparse con la misma estrategia por parte de la oposición, que, hasta la fecha no mueve ficha en lo de habilitar los recambios. O por ser rigurosamente exactos, acepta sentarse a hablar pero dejando claro que no habrá puerta abierta a Vox en órganos en los que los ultraconservadores admiten abiertamente que no creen. Mientras tanto, los conservadores buscan el resquicio legal para asaltar la presidencia del consultivo Consell Jurídic, una suerte de Consejo de Estado autonómico, ahora en manos de Margarita Soler, designada en su día por la cuota socialista.

Se espera que con la nueva Generalitat de PP y Vox la Agencia no pierda su naturaleza ajena a los telefonazos

En lo que se refiere a Antifraude: si anda como pato, grazna como un pato y vuela como pato, es habitual que termine siendo un pato. Si la presidenta de una entidad sin ningún vínculo previo con la Agencia como la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP), candidata a su vez en listas del PP en elecciones municipales en 2019 y 2023, plantea a su junta directiva la noche antes y sin previo aviso el nombre de Eduardo Beut para proponerlo formalmente a las Cortes como relevo del actual director de la Agencia, Joan Llinares, tiene lógica que se activen algunas alarmas o que Compromís avanzase raudo su negativa a respaldar el nombre, rechazo al que se ha sumado el PSPV-PSOE.

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El inspector de Hacienda llega con la hemeroteca en la mochila de su antigua relación con Eduardo Zaplana y, especialmente, con el que fue su jefe de gabinete Juan Francisco García. Ambos estrenan el próximo mes de febrero chupando banquillo de acusados en el juicio oral del caso Erial, en el que Antifraude juega un rol testifical con sus informes periciales.

Quien conoce a Beut desde la amistad pone la mano donde haga falta por su honradez y por una trayectoria intachable que le ha llevado a ocupar diversas responsabiliades profesionales más allá de las vinculadas a la influencia de Zaplana en su momento. Esto no tiene por qué ponerse en duda. El asunto es que la Agencia Valenciana Antifraude no es la Oficina de Parques y Jardines. No se trata de ser honrado y firme en la prevención de la tentación de la corrupción y las conductas fraudulentas en las Administración, sino también de parecerlo y, sobre todo, de tener la capacidad de aguantar estoicamente la llamada de presión del alto cargo de turno, incluso de los que ostentan responsabilidades más elevadas, para frenar o intentar dar carpetazo a un expediente de investigación. Es una cuestión estética, y algo más.

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Circulaba estos días por los mentideros que la revelación del vínculo zaplanista de Beut había provocado un enorme enfado en el president Carlos Mazón. Yo no me lo creo. Me resisto a pensar que el mismo barón popular que ha estado resaltando las irregularidades en la gestión económica de sus antecesores al frente de la Generalitat haya diseñado una operación para tomar el control de Antifraude por la puerta de atrás con el fin de diluir o domesticar su funcionalidad. Si no hay nada que esconder, Mazón tiene la oportunidad de demostrarlo desbloqueando el nombramiento de la otra candidatura, la del director de Investigación y Análisis, Gustavo Segura, considerada continuista de la gestión actual.

Desconfiado, obsesionado por la confidencialidad de las investigaciones y la vida interna del organismo que dirige, hasta el punto de tener fama de someter a un marcaje y vigilancia exageradas a los propios trabajadores de la Agencia, Joan Llinares ha ejercido un papel muy incómodo para la clase política valenciana. Han sido 'víctimas' de sus informes dirigentes de todo color, desde el que era alcalde de Valencia, Joan Ribó, hasta iniciativas avaladas por Ximo Puig como las ayudas de la Fundación Ellis, de la divulgadora Nuria Oliver. También los populares, principales "clientes" de Antifraude por la cantidad de denuncias presentadas contra los gobernantes de izquierdas la pasada legislatura, han sufrido más de una investigación. Llinares, guste más, menos o nada, ha hecho su trabajo y ha cumplido con la encomienda recibida hace siete años.

Que el invento PreCrimen que Podemos colocó como objetivo en el primer pacto del Botànic no gusta a populares y socialistas es algo que no esconden en privado y, veces, hasta en público. Pero que este remedo de Minority Report de la terreta fuese en origen una idea morada no resta verdad a que las oficinas antifraude como mecanismo preventivo y de vigilancia de las conductas en la función pública han ido extendiendose por toda Europa (la propia UE tiene una, la OLAF) y están en cualquier manual actualizado de buen gobierno. No es pecar del prejuicio de que todos los políticos son deshonestos. Se trata precisamente de disponer de un sistema de alerta anticipada para que lo que puede comenzar como una tentación de mera vulneración administrativa no termine derivando en una Gürtel cualquiera. ¿Quién teme a los controles y los semáforos?

Así que si algo se espera de la nueva era del PP y Vox en la Generalitat es que el organismo dependendiente orgánicamente del Parlamento valenciano, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los mismos partidos que lo alumbraron, no pierda su naturaleza refractaria a las componendas políticas y alérgica a los telefonazos del poder. ¿Encaja el perfil de Eduardo Beut en ese patrón? Es lógico que se despierten dudas. Si Carlos Mazón o algunos de los suyos pretendían rescatarlo, por dar pábulo a la tesis del pato, o el propio Beut estuvo presto en ofrecerse para regresar a la vida pública, quizás hubiera sido más adecuado buscarle una ubicación alternativa, no tan ligada a un asunto tan sensible como Antifraude. ¡Será por tamaño del sector público!