Sánchez y Feijóo no arreglan la financiación porque no quieren (y este informe lo demuestra)

La agencia Moody's acaba de mejorar de estable a positiva la calificación crediticia de 12 autonomías españolas y de las ciudades de Madrid y Barcelona. Lo hizo el pasado 21 de marzo sobre un criterio general de mejora de la perspectiva de la deuda soberana española. La previsión de los analistas es la de una situación fiscal más sólida de lo que se esperaba durante los próximos tres años. Ciertamente, el Banco de España confirmó la semana pasada que la deuda pública española cerró 2023 en el 107,7% del PIB, 3,9 puntos menos que doce meses antes y cuatro décimas por debajo de la previsión del Gobierno, que era del 108,1%. España, con grandes reformas pendientes y problemas por resolver, camina hacia una mejora de su salud financiera soberana, sin que la toxicidad del ambiente político parezca tener, por ahora, reflejo en la evolución macroeconómica.

Moody's cree que la situación fiscal de los gobiernos regionales y locales de España mejorará también en los próximos dos o tres años. La agencia no cierra la puerta a una actualización al alza de las perspectivas de crecimiento económico del país, con el consiguiente incremento de la recaudación tributaria. "Esto, a su vez, podría conducir a un aumento de las transferencias estatales a los estamentos subsoberanos españoles más allá de lo previsto, ayudando así a estas entidades a reequilibrar sus presupuestos en el futuro", señala en referencia a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos.

Y, sin embargo, el nivel de optimismo irá por barrios. Frente a la fortaleza fiscal de los territorios forales​, como el País Vasco, cuya calificación es incluso superior a la de la deuda soberana española, regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña o Castilla-La Mancha seguirán presentando posiciones fiscales débiles durante el siguiente bienio, "como lo demuestran los niveles persistentemente elevados de déficit y de deuda superiores a los de sus pares nacionales". Estas cuatro autonomías siguen dependiendo en gran medida del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el mecanismo de liquidez del Gobierno central. En diciembre de 2023, la deuda FLA representaba aproximadamente el 89% de la deuda agregada de estas regiones.

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Dejando a un lado a Cataluña, cuya financiación por población ajustada está en la media, diga lo que diga su presidente Pere Aragonès, los otros tres territorios analizados por Moody's, a los que habría que añadir a Andalucía, seguirán sufriendo problemas de suficiencia financiera si no se abordan soluciones. No es hablar por hablar. Ya no es solamente la afección sobre la calidad de sus servicios públicos fundamentales, sino también las carencias para desarrollar al nivel cercano al que despliegan las comunidades autónomas mejor financiadas otras políticas autonómicas de desarrollo económico, territorio, infraestructuras o vivienda, de políticas activas de empleo, de medio ambiente o política cultural. Sumen a eso el progresivo distanciamiento en PIB per cápita entre los distintos territorios españoles, y a su vez respecto de Europa, y tienen el mapa verdadero de las asimetrías patrias, las de los dineros, no las identitarias o políticas que tanto contaminan la agenda de la actualidad.

Por poner un ejemplo: en términos per cápita, estos gastos en políticas económicas o culturales se sitúan en la Comunidad Valenciana un 30% por debajo del realizado en Extremadura y un 15% por debajo de Aragón, Cantabria, Castilla y León y Cataluña. Lo escribe negro sobre blanco la comisión de expertos nombrada por las Cortes Valencianas en un informe encargado por la Conselleria de Hacienda de Ruth Merino fechado el pasado 31 de enero sobre la propuesta de fondo transitorio de nivelación y la deuda acumulada por los agujeros del actual sistema de distribución de recursos. No es un grupo de trabajo compuesto precisamente por indigentes intelectuales. Lo preside uno de los mayores conocedores del sistema de distribución de recursos de España, Francisco Pérez, catedrático emérito de la Universidad de València y director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Ese mismo informe (pinche para leerlo) lleva adosada una solución más que transitoria a los desequilibrios. No para la autonomía valenciana exclusivamente, sino para el conjunto de la arquitectura vertical y horizontal Administración Central-Autonomías. Hacer de la necesidad virtud tiene eso, que los mismos que buscan resolver un problema particular están regalando puertas de salida para entuertos enquistados a una clase política que es incapaz de dedicar tiempo a todo lo que no sea hurgar en sus cuitas partidarias y en las polarizadoras.

Lo que dicen los expertos es que una inyección extraordinaria promedio de 6.100 millones de euros anuales durante el periodo 2024-2027, distribuida de forma progresiva y añadiendo recursos adicionales, primero a los peor financiados y luego a los que están algo mejor por arriba para mantener el equilibrio de la nivelación, lograría estrechar las diferencias sin ganadores ni perdedores. Si ahora hay una distancia de casi 25 puntos entre las autonomías peor financiadas (Murcia y Comunidad Valenciana) y la mejor (Cantabria), esa brecha se vería reducida a poco más de once puntos sin que los de arriba perdieran un solo euro. "En el último año de la presente legislatura, 11 de las 15 comunidades se situarán muy próximas a la media (99 sobre 100), facilitando así la reforma global del Sistema de Financiación Autonómica en caso de no haber sido abordada", explican los expertos. El cuadro sobre estas líneas es muy revelador. Sí, son 24.400 millones de euros en cuatro años. Pero, recuerden, vamos a tres años de crecimientos en la recaudación y mejoras en la consolidación fiscal. Moody's dixit.

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Como consecuencia de las elecciones catalanas convocadas para el 12 de mayo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado una patada hacia adelante a la negociación de la reforma de la financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado. Montero siempre ha tratado de esquivar el debate del fondo transitorio, el mismo que defendía cuando era consejera de Hacienda en Andalucía. En julio de 2021, en un Consejo de Política Fiscal y Financiero monográfico sobre reparto de fondos covid, la ministra se posicionó del lado de los consejeros del PP de Madrid y de Castilla y León cuando el conseller valenciano, entonces el socialista Vicent Soler, junto a sus compañeros de Andalucía y de Murcia, ambos del PP, puso encima de la mesa la necesidad de articular el fondo transitorio de nivelación.

A la ministra le pasa como a muchos otros cuadros periféricos, que llegan a Madrid y parecen abducidos por el deep state capitalino, ese que solamente parece torcer el brazo del statu quo cuando la aritmética política provoca cambios a la fuerza. Han tenido que faltar siete votos en una investidura para violentar el Código Penal con una ley de amnistía a la carta, pero la clase política patria es incapaz de ponerse de acuerdo para arreglar un desequilibrio estructural en el modelo de prestación de servicios públicos del Estado de las Autonomías.

El argumento de Montero fue entonces que la inyección extraordinaria y reparadora conllevaría que tras el reparto "existiría otro bloque de Comunidades con una financiación por debajo de esa nueva media". "Es decir, salvo que todas las comunidades tengan la misma financiación, siempre habrá comunidades por debajo de la media", decía. Así quedó reflejado en acta. Los expertos de la comisión de las Cortes acaban de demostrarle que esto no tiene por qué ser así. Siempre hay una fórmula matemática para resolver una ecuación, por compleja que sea. Todo es cuestión de voluntad. Si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no resuelven el problema es porque no quieren, no porque no puedan.