Todo lo que la clase política puede aprender del caso Eduardo Zaplana

Habrá nueva mascletà en la Sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de Valencia esta semana. Si nadie rompe el guion (no será porque no ha habido presiones en todos los sentidos para que así sea), a la confesión del pasado miércoles de Joaquín Barceló (Pachano, para los amigos) seguirán en términos similares las de Juan Francisco García (jefe de gabinete de cuando Eduardo Zaplana tenía rango de molt honorable en la Generalitat valenciana) y los hermanos Vicente y José Cotino. Todos estuvieron en el corazón del conocido como caso Erial; y todos, como Pachano, han entendido que la mejor forma de reparar el daño causado, si finalmente el tribunal entiende que se produjeron los delitos investigados, es decir la verdad y reconocer unos hechos ampliamente documentados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras seis años de instrucción por medio mundo.

De confirmarse la cascada de confesiones, es lógico que el fiscal Pablo Ponce revise su escrito de calificación y conclusiones y rebaje la petición de penas para los arrepentidos por sus confesiones tardías, como está escrito y previsto en los artículos 21 y 66 de Código Penal, menores todavía si, además, se produce la reparación por la vía económica. Así se fraguó hace unas cuantas semanas tras intensas conversaciones de las que no ha sido ajena la cúpula de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que dirige Alejandro Luzón. Más duro sería un fallo condenatorio de máximos.

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Es impactante ver a Ponce sentado a un lado de la sala de vistas, solo y flanqueado por una fila de sillas vacías, frente a un ejército de abogados defensores, algunos reconocidos penalistas de largo recorrido. Toda una metáfora del desigual juego de equilibrios en la lucha contra la corrupción cuando en el banquillo se sientan los amantes del guante blanco y los Patek Philippe, Breguet, Jaeger-LeCoultre y otros pelucos de lujo, como el que Pachano entregó al exministro de Trabajo de José María Aznar gracias al sobrante de efectivo de algunas operaciones inmobiliarias y terminó en la muñeca del exvicepresidente madrileño Ignacio González, descubierto por la UCO. 20.000 euros de nada fundidos en un reloj. Misterios insondables de las conexiones subterráneas entre Erial y la operación Lezo.

Ahora ya sabemos que el tiempo no es un problema para volver a encender las luces

Las celdas de Picassent son muy frías. Incluso las de preventivos. Pachano lo sabe. También Zaplana y Francisco Grau, su contable y arquitecto de la estructura financiera y societaria, fraudulenta para la acusación. Aun así, han preferido defender su presunción de inocencia hasta el final y dar la batalla para tratar de anular el procedimiento o convencer al tribunal que preside Pedro Castellano y arrancar una sentencia absolutoria. Castellano, adscrito a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, ya libró a los ediles del PP de Valencia acusados en la pieza del pitufeo del caso Taula de una acusación de blanqueo de capitales por entender que no había quedado acreditado el origen delictivo del dinero que manejaron.

En unos pocos meses se verá quién ha estado mejor asesorado legalmente. Sería interesante saber cuánto pesa el factor reputacional y de imagen pública en la estrategia defensiva de cada uno de los acusados. Pero si hay una lección que deja el caso Erial es la de que el paso de los años no libra ni convierte en impunes a quienes en algún momento violentaron y usaron su cargo político y su responsabilidad de gestión para sacar provecho personal y económico contra la legislación. En Valencia se están juzgando hechos que tuvieron lugar hace casi un cuarto de siglo porque su rastro dinerario siguió vivo hasta hace poco más de un lustro.

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El otro día, el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, que apura su mandato antes de jubilarse el mes que viene, se mostraba convencido en una entrevista en la radiotelevisión autonómica À Punt de que de haber existido el organismo que encabeza cuando se produjeron los hechos quizás no hubieran llegado a producirse. El amaño de un concurso o de una adjudicación, como los que se investigan en Erial con la privatización de las estaciones de ITV o los derechos sobre parques eólicos, son ahora mucho más difíciles gracias a las mejoras y garantías en los procedimientos introducidas en España y en la ampliación de controles técnicos.

Los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes Valencianas van a cambiar la ley para que el nuevo responsable de esta oficina de vigilancia preventiva de posibles casos de fraude y corrupción en lo público, ventanilla segura para los funcionarios públicos de denuncias previas a los estamentos judiciales, pueda ser elegido por mayoría absoluta y no cualificada como hasta ahora.

Peor hubiera sido que la hubieran fulminado, claro, como en Baleares. Pero que los mismos que disfrutan del poder ejecutivo dicten al legislativo (de quien depende Antifraude) quién ha de dirigir la agencia que tiene la misión de vigilar su acción política y disuadirles de posibles conductas inadecuadas no parece precisamente un reforzamiento de las garantías de buena gobernanza en la Administración Pública. A la vista de la rebaja en la intensidad de los focos, confiemos en que quienes promueven cambios legales de este estilo o rebajas en las exigencias de trasparencia, ellos o sus subordinados, no sucumban a las malas tentaciones, siempre inherentes al desempeño del poder. Aunque los pecados terminen destapándose veinte años después, ahora ya sabemos que el tiempo no es un problema para volver a encender las luces. Lección para la clase dirigente. Gracias a Pachano.