Valencia-Barcelona, tras el 12-M: ¿cambia todo para que todo siga igual?

Que no les confundan las apariencias. El alineamiento de los presidentes de las Generalitat valenciana y catalana, Carlos Mazón (PP) y Pere Aragonés (ERC), poniendo el pie a la OPA hostil del BBVA sobre el Banco de Sabadell no ha sido más que un espejismo coyuntural. Se evitaron en octubre del año pasado cuando el republicano visitó Valencia para acudir a la gala de los tradicionales Premis Octubre organizados por Acció Cultural y volvieron a darse la espalda cuando el popular viajó a Barcelona invitado por Foment del Treball. Si ahora han compartido el posicionamiento ha sido por mera coincidencia. Uno defiende a Sant Cugat, el otro, Alicante. No olvidemos que hace nada que el independentismo estaba tratando de arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez medidas de presión para el retorno de empresas fugadas de Cataluña durante los días duros del procés en 2017. El Sabadell es una de ellas.

La ausencia de diálogo público norte-sur entre las dos administraciones vecinas ha sido la tónica general de los ejecutivos valencianos del PP a lo largo de la historia democrática española. Un tímido desenfriamiento al final de su mandato de Francisco Camps con Artur Mas y las conversaciones secretas de Eduardo Zaplana con Jordi Pujol para desbloquear el pacto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) son las excepciones que confirman la regla.

No ha sido distinto con Mazón y Aragonès y queda conocer si ocurrirá lo mismo con una hipotética presidencia del socialista Salvador Illa. La posibilidad está todavía inmadura, sin descartar la repetición electoral por el bloqueo en el pactómetro. Pero la victoria del vallesano en el arcoíris catalán ha sido contundente. La gobernabilidad no está clara, pero sí está descartado un nuevo gobierno soberanista. No pasaba desde 2012. El exministro de Sanidad aparece como el gran legitimado para buscar la investidura y formar Govern. Un nuevo ciclo político se abre en Cataluña. El procés, tal como lo conocíamos, ha muerto.

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Puestos a hacer política ficción, hay que decir que la pérdida del liderazgo de los independentistas y la toma de control de la Generalitat por parte del primer secretario del PSC, de producirse, deberían abrir algunas ventanas hacia la cooperación entre la segunda y cuarta economía españolas, fronterizas geográficamente y, hasta ahora, de espaldas en lo institucional. Es probable, sin embargo, que esas aperturas se vean tapiadas por el ambiente de polarización y barro en el que transitan PSOE y PP en la política nacional.

Hay objetivos compartidos entre dos territorios con muchos y muy variados lazos comerciales, como puede ser la ejecución definitiva del corredor mediterráneo o la necesidad de abordar una reforma para sacar a las respectivas administraciones territoriales de la quiebra financiera técnica en la que se encuentran desde hace años. El regreso de Cataluña a los órganos multilaterales, algo que solo parece probable con el socialista Illa al frente de la Generalitat, podría servir de acelerante para una definitiva reforma del sistema de financiación por parte del Gobierno, siempre a expensas de la consecución de las mayorías necesarias en el Congreso de los Diputados, misión muy complicada.

Es cierto que Cataluña, insistan lo que insistan desde Barcelona, no tiene un problema estricto de financiación. Tampoco está en el grupo de los privilegiados. Se mueve en la media del conjunto de los territorios, si damos por buenos los cálculos periódicos de Fedea sobre la población ajustada (ponderando factores correctores como envejecimiento o despoblación). Tiene, sin embargo, una deuda abultadísima, una mochila multimillonaria en forma de pasivo con el propio Estado (el Fondo de Liquidez Autonómica) que quiere quitarse de encima.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, imaginativa y resolutiva cuando quiere, se sacó de la manga lo de la quita de deuda con el criterio del ciclo recesivo y el desplome de ingresos del crack inmobiliario. Si hubiera hecho lo que en justicia debería haber hecho, habilitar un mecanismo de condonación para las autonomías más castigadas por el sistema, Cataluña se habría quedado fuera.

Sea como sea Cataluña necesita la quita de deuda y la Comunidad Valenciana, también. Del mismo modo, la propuesta del muy reivindicado fondo transitorio presentada por la comisión de expertos de las Cortes Valencianas ofrece un cálculo progresivo de aportación de recursos al sistema con el fin de equilibrar las diferencias entre territorios sin ganadores ni perdedores. En esa propuesta, en la que la caja valenciana, la de Murcia, la de Andalucía y la de Castilla-La Mancha lograrían por fin situarse al filo de la media española, Cataluña no sale para nada mal parada, con casi 1.600 millones adicionales en el próximo cuatrienio.

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Al nuevo Govern le puede interesar unirse a ese pelotón. Esa bola extra y la quita de deuda parecen motivos suficientes para sumar fuerzas en el corto y medio plazo a la espera de una reforma en profundidad del sistema. El alineamiento de intereses solo es posible con Salvador Illa como president, claro, si como parece Junts y ERC no se bajan del caballo de un pacto fiscal singular para Cataluña que la Administración que preside el popular Carlos Mazón y el resto de autonomías infrafinanciadas gobernadas por el PP nunca aceptarán tal como está planteado, como una ruptura del mecanismo de solidaridad financiera interterritorial.

También sería deseable que con Illa en los despachos de la Plaça de Sant Jaume pudieran darse pasos hacia la normalización y la colaboración en materia lingüística. Cada alusión a la lengua como elemento de identidad nacional en Cataluña y cada desborde desde el marco cultural al político del concepto de Països Catalans fabrican un secesionista idiomático en la Comunidad Valenciana. La presencia de Vox en el Consell e importantes ayuntamientos, con sus constantes ataques a la estatutaria Acadèmia Valenciana de la Llengua, opera con el mismo efecto debilitador, pero desde extremo contrario.

Solo desde el respeto a la arquitectura administrativa y política de cada uno, y quizás, a la singularidad nominal (valenciano/catalán) definida oficialmente en cada una de las dos autonomías podrían comenzar a armarse iniciativas de colaboración de lo que, ensoñaciones políticas aparte, representa un patrimonio compartido a proteger en el rico mosaico de lenguas españolas. Aunque para esto no ayuda la escasa empatía que hasta ahora ha mostrado el presidente valenciano hacia el fomento del bilingüismo. Parece que le molesta, más que le enriquece.