La singularidad de Montero o cómo Cataluña desangra al PSOE en el resto de España

Se ha dejado caer varias veces por aquí. Cataluña no tiene un problema de financiación singular. No más carencias, al menos, que el conjunto del sistema autonómico a la hora de cubrir con calidad sus competencias. Es lo que dicen los expertos. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que tiene muy estudiado el asunto y sobre la que gira una cierta unanimidad en la aceptación de sus conclusiones, ubica a Cataluña en la media española en percepción de recursos por habitante ajustado, concepto que añade al factor poblacional elementos correctores como envejecimiento o dispersión. Las asfixias financieras de Cataluña, que existen, circulan por otros derroteros: un endeudamiento acumulado que imposibilita acceder a los mercados y una administración autonómica cuya estructura de ingresos y gastos la aboca a cerrar cada ejercicio en el furgón de cola de los territorios más deficitarios, donde se ubican normalmente los que menos dinero reciben proporcionalmente con el actual sistema (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha).

Por eso cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se abre a negociar un “trato especial” con Cataluña en materia de financiación, aunque sea en el marco de una mesa multilateral, es lógico que salten algunas alarmas, que los barones de las autonomías más perjudicadas (ahora en manos del PP, a excepción de la manchega) pongan raudos el grito en el cielo y que se activen los mecanismos defensivos hasta en las filas del PSOE fuera de Cataluña (léase la advertencia lanzada por los socialistas extremeños, ahora pasando frío en la oposición). Hay autonomías que llevan diez años esperando una revisión de un sistema de reparto de recursos que les perjudica. No han gozado del “café para todos” y ahora se abre el melón de las infusiones a la carta.

Opinión

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Lo que sí tiene Cataluña es un problema político. La tensión que imprimen desde hace una década las formaciones independentistas, cuyo evento cenital fue el procés fallido de octubre de 2017, contamina de forma recurrente el debate y la agenda nacional. Las pasadas elecciones del 12 de mayo rebajaron notablemente esa tensión, aunque no la ha hecho desaparecer. El agotamiento de la sociedad catalana y el desarme del discurso victimista y de opresión del Estado que ha supuesto la Ley de Amnistía, pese a su pecado original como instrumento mercantil que propició la investidura de Pedro Sánchez, desembocaron en la última convocatoria con las urnas en la pérdida de mayoría del soberanismo.

Sin embargo, el ganador de la cita electoral, el socialista Salvador Illa, ha quedado lejos de la mayoría suficiente y busca el respaldo de Esquerra Republicana de Cataluña, que no tiene para nada cerca. La opción de la repetición electoral parece inevitable. Pero mientras tanto, aunque se descarta el cupo a la catalana por el que suspiran en las filas republicanas y las patronales locales como Foment del Treball, tan solidarias ellas, desde el Ministerio de Hacienda se lanzan globos sondas en beneficio de la “singularidad” para testar en el mercado a cuánto cotiza el precio de otra investidura.

Sería aventurado establecer una causa-efecto absoluta entre el crecimiento del PSOE en Cataluña y el descenso que ha sufrido en otros territorios, especialmente aquellos en los que, sin el mismo nivel de enconamiento, se cultiva también el discurso del agravio cuando Gobierno central y autonómico tienen siglas distintas. Pero Sánchez y Ferraz no deberían despreciar la influencia que el monocultivo catalán puede estar teniendo en el comportamiento electoral de la España periférica ajena a Cataluña. El PSOE ha perdido en estos territorios tantos o más apoyos que los que ha ganado en el feudo del PSC.

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Si tomamos como referencia las europeas, los ocho puntos de mejora de los socialistas en las comarcas catalanas en cinco años, han tenido como contrapartida otros tantos de caída en Andalucía, seis en Murcia y nada menos que nueve en Castilla-La Mancha, donde, a excepción del tema del agua, ya es difícil distinguir el discurso de Emiliano García-Page del de los barones populares Carlos Mazón, Juanma Moreno o Fernando López Miras en materia territorial. Solo en la Comunidad Valenciana, el PSOE presenta porcentaje de votos cercanos a los de 2019, aunque también a la baja. En todas estas comunidades, en las que la financiación autonómica es un asunto nuclear, el PP ha experimentado importantes incrementos de apoyo electoral, también con respecto a las generales de hace apenas un año.

Sería todo un logro para la recuperación de la normalidad de las relaciones interterritoriales en España que Cataluña se siente de nuevo en las mesas multilaterales, especialmente la que debe decidir el futuro del reparto de recursos. Es seguro que será mucho más fácil con Salvador Illa. Pero si la sentada es para que el resto de autonomías sigan sin resolver sus problemas y Cataluña vea recompensada su “singularidad”, el PSOE no debería sorprenderse si su agujero territorial sigue creciendo hasta el infinito y más allá. Cataluña ya no será suficiente. Todo tiene un límite.