El caso Marie Claire y lo que la política no debe hacer cuando una empresa se muere

Marie Claire se muere. El fabricante de medias y ropa interior femenina de Villafranca de Cid, fundado en 1907, acaba de recibir un duro varapalo de la jueza de lo mercantil que decide sobre su concurso de acreedores en Castellón. La negativa de un inflexible Fogasa (deuda de 1,2 millones) a aceptar la oferta liderada por la polaca Koltex ha llevado a la magistrada a situar a la empresa textil al borde de la liquidación. El administrador concursal, Jordi Casserras, busca alternativas a la desesperada. Están en juego 72 empleos (en ERTE) y la propia actividad productiva. Lejos, muy lejos, han quedado los años en los que en esas máquinas operaban casi 900 trabajadores. La última década ha sido la de una sangría constante, sin que las ayudas públicas recibidas hayan servido como tratamiento curativo. Si acaso, solamente paliativo.

La última operación de salvamento, como ha quedado en evidencia, salió mal. El nuevo dueño no fue capaz de reflotar la compañía. Tras la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis de la inflación ahogaron los intentos de crecer en ventas en un mercado gobernado de forma insultante por la producción asiática. La empresa se vio abocada a un proceso concursal que la ha dejado ante el precipicio de la desaparición. En esa quiebra ha quedado atrapada la Generalitat, con unos 24 millones de deuda acumulada, cerca de doce a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y otros doce con el fondo Fininval, previo intento de dar un giro al proyecto empresarial propiciando un cambio en la propiedad y gestores, acostumbrados a acumular stocks sin vender mientras seguían bebiendo del grifo del crédito público.

Es un marrón que se ha encontrado la nueva administración que preside el popular Carlos Mazón, que se ve en la tesitura de tener que dar por perdidos préstamos millonarios y, además, gestionar en términos de impacto político el cese de la actividad de una industria de la que cuelga por un endeble hilo parte del futuro de la comarca del Alt Maestrat, una de las más despobladas de la Comunidad Valenciana y vecina de la tierra de origen de anterior presidente Ximo Puig, lo que puede explicar el afán botánico por no dejarla caer.

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Pero lejos de hacer pedagogía y explicar a la ciudadanía que el brazo público ha llegado al límite de la respiración asistida que podía proporcionar en forma de financiación, se ha optado por poner en marcha, para desempolvarse la responsabilidad, un peligroso ventilador para tratar de criminalizar los pasos que se fueron dando por el anterior Consell del Botánic. PP y Vox han citado al exdirector del IVF, Manuel Illueca, a la comisión parlamentaria de investigación del sector público convocada en las Cortes Valencianas, un teatrillo con ciertas dosis de ventajismo, que más parece buscar el desgaste y ajuste de cuentas político con los anteriores gestores, ahora en la oposición y en minoría, que las mejoras en los procesos de gestión pública. En el caso de Marie Claire con un riesgo claro de efecto bumerán.

El actual director del banco de la Generalitat, Enrique Montes, nombrado por el Consell de Carlos Mazón, estampó su firma junto a Illueca sobre la propuesta de financiación a la empresa textil que pasó por Fininval, el fondo de rescate de empresas estratégicas locales que se montó ad hoc para situaciones como la de Marie Claire, cuyo tamaño le impedía entrar en vehículos de salvamento de escala estatal como el que ayudó a Air Nostrum o Air Europa. Fue Fininval quien, previa autorización del Gobierno valenciano, otorgó la última financiación necesaria para pagar nóminas atrasadas y acometer la reestructuración (incluidos despidos) en el último intento de salvación de la histórica firma textil.

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Por esa responsabilidad compartida (Montes-Illueca-Consell), quizás antes de sacar la navaja para cruzarse cuchilladas en el callejón de las comisiones parlamentarias, lo que los nuevos responsables de la Generalitat deberían hacer es decidir qué rol quieren darle al IVF. Si van a seguir creyendo en él como mecanismo de salvamento de empresas de naturaleza simbólica y con cierto carácter estratégico. Si consideran que el sector público debe asumir ese rol de caballero blanco en situaciones desesperadas en el ecosistema productivo local. O si, por el contrario, hay que abandonarlo a la suerte del mercado y sus propias reglas, muchas veces crueles, y reorientar los recursos públicos a propiciar actividades alternativas más viables.

Hoy es Marie Claire como ayer fueron las Kelme o las Ferry's, que dejaron millonarias deudas y agujeros en la caja pública por los intentos de rescate de gobiernos del PP. Entonces fue la administración botánica la que tuvo que digerir herencias envenenadas. ¿Lo será mañana Ford Almussafes? ¿Las empresas azulejeras que tan insistentemente reclaman auxilio financiero y a las que el president Mazón ha decidido mimar, empezando por Azteca Products & Services, del jefe de la patronal, Vicente Nomdedeu, regado de subvenciones y créditos bonificados pese a presentar pérdidas de explotación y haber tenido que refinanciar el grueso de su deuda?

Toda sobreactuación puede volverse en contra, la de los actuales mandatarios de la coalición de derechas y la de los anteriores gestores de la coalición de izquierdas, que ahora pretenden endosarse la culpa de un cadáver que venía agonizando desde hace años. La suerte, o la desgracia, según se mire, es que en el histórico de la autonomía valenciana son ya muchas las cicatrices que van dejando las sucesivas crisis económicas y empresariales. Aprendamos de ellas, de los aciertos y errores, aunque fuesen bienintencionados, y dejemos la demagogia fácil a un lado. Es lo que se espera de la política, la de verdad, no la del Instagram y los tuits de X. Lo que se siembre hoy hipotecará la capacidad de maniobra de mañana. Y es cuestión de tiempo que aparezca la próxima Marie Claire.