El PSPV se monta un 'lobby' en Madrid con vistas a la Moncloa

Alegría en los grupos WhatsApp más oficialistas de la federación socialista valenciana cuando se conoció la semana pasada el nombramiento de Lydia del Canto como secretaria de Estado de Comunicación en sustitución de Ion Antolín. Del Canto ha sabido escalar en puestos de responsabilidad, ganándose la confianza de sus superiores frente a quienes veían prematuros sus ascensos. A estas alturas ya nadie puede negarle capacidad de maniobra y experiencia acumulada. Ahora pilotará una compleja sala de máquinas, la de la comunicación de la Moncloa, repleta de trampas, en un contexto de fuerte polarización mediática y muy distinto al valenciano, donde el alcance de la crispación política, pese existir, está muy lejos de rozar el nivel del Vietnam madrileño.

Sea por razones de salud, como se ha alegado, o por evitar toxicidades adicionales al cargo tras aparecer el nombre del Antolín en el sumario del caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, la cuestión es que Sánchez ha optado por un perfil sorpresivo para la cocina monclovita de la relación con los medios (y las empresas) de información, ajeno a las cuitas capitalinas y sin mochila de filias y fobias aparentes en el ecosistema de la Villa y Corte.

Pero como esas grandes familias mediterráneas en las que todos se odian y se aman al mismo tiempo y con la misma intensidad, el PSPV es avanzadilla de las tragicomedias orgánicas del PSOE. Del Canto no es extraña a esa telenovela y tuvo a Ábalos como adversario cuando el exministro y Pedro Sánchez quisieron talar orgánicamente a Ximo Puig en 2017 en venganza por su apoyo a Susana Díaz, soslayando y debilitando su condición de barón territorial tras dos décadas de poder del PP en la Comunidad Valenciana. La periodista va a tener ahora que bregar de nuevo con el fantasma abalista en forma de caso Koldo, aunque, paradójicamente, a las órdenes del presidente del Gobierno y su núcleo duro. Los focos de la Secretaría de Estado están muy puestos en sortear las andanadas que llegan desde los frentes judiciales que afectan al PSOE y en tratar de colocar en esa jungla los mensajes de la gestión gubernamental.

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Y, sin embargo, hay quien ha querido ver en ese nombramiento también una señal de Sánchez hacia el nuevo escenario político que la DANA ha abierto en el espacio valenciano, con Del Canto dentro del mismo grupo de influencia que la ministra de Ciencia, Diana Morant, y otros altos cargos refugiados en Madrid tras la pérdida de la Generalitat en mayo de 2023, todos tratando de rearmar el proyecto a la espera de una soñada reconquista.

Pese a las críticas que el Gobierno ha recibido por la gestión de la respuesta a la emergencia, el popular Carlos Mazón es ahora mismo el presidente autonómico conservador con una situación política más comprometida. Su cuestionable papel el día de la DANA ha cortado en seco su ascensión demoscópica y está lejos de emular a sus colegas de Andalucía, Juanma Moreno; Murcia, Fernando López Miras; o Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Los tres, como hizo Isabel Díaz Ayuso en su día en Madrid, han ido dejando atrás la dependencia de Vox. El barón andaluz es el más aventajado, con mayoría absoluta.

Es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que mantiene abierto el melón de la continuidad del alicantino como futuro candidato, “uniendo su futuro a la reconstrucción de los efectos de las riadas”, repitió el viernes el gallego. La demoscopia podría dictar sentencia en mayo, cuando los populares deben poner fecha al congreso autonómico del partido, que los estatutos marcan para junio. Si Génova aplaza la cita orgánica, crecerá la inestabilidad interna y Mazón se convertirá en un pato cojo a la espera de su sucesor o sucesora, con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá sumando boletos. Compleja papeleta la que tienen en el PP. Mazón, aficionado al desgaste de las medias maratones, no pretende rendirse.

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En ese pantano de incertezas políticas quiere pescar el PSPV-PSOE. Aun con la burocracia y la lentitud en la tramitación de las ayudas públicas o las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, desde la federación valenciana defienden el compromiso del Gobierno con las compensaciones a los afectados y las tareas de recuperación de infraestructuras y confían en que la ciudadanía pondrá en valor esos trabajos.

¿Será suficientemente potente el cañón Berta que ha sacado la Administración central para paliar el destrozo económico de la gota fría? Se sabrá en el medio plazo, pero en esa faena andan enfrascados el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, o el presidente del ICO, el independiente Manuel Illueca, en coordinación con sus respectivos ministros, Ángel Víctor Torres y Carlos Cuerpo, también implicados en la gestión de la DANA junto a sus equipos. Que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tenga de dircoms en el Ministerio y Adif a dos periodistas procedentes de la etapa de Ximo Puig en la Generalitat no puede desligarse de su nueva condición de Churchill de Pucela. Todo ayuda. En Valencia, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ejerce de enlace.

Al grupo valenciano que empuja para que los focos gubernamentales no se aparten de la tragedia del 29-0 se ha sumado también la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, muy activa junto al sindicato UGT desde hace meses en tratar de convencer al gabinete de Sánchez de la necesidad de activar el Mecanismo Red para reforzar el ERTE de Ford Almussafes. Ante las dudas sobre los planes a largo plazo de la multinacional de Detroit, había muchas resistencias entre los ministerios económicos en aplicar al caso de la factoría valenciana esa excepción sectorial, que añade compensaciones extra a los trabajadores incluidos en el expediente de regulación temporal, como la conservación del 90% del salario a cambio de acciones de formación, antigüedad y pagas extras. La DANA ha derribado el dique de esa resistencia y la planta ha ganado dos años de paz social y ha evitado un trauma mayor para más de mil empleados. Patada hacia adelante. Lo que pase a partir de 2027 ya se verá.

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Más allá de esa labor de lobby territorial de los cuadros del PSPV en el Gobierno, queda por despejar en qué medida los socialdemócratas levantinos están armando una alternativa atractiva para los electores de la Comunidad Valenciana. La misma demoscopia que castiga a Mazón, es cicatera con los socialistas y premia a los partidos ajenos a la gestión pública de la DANA: Vox y Compromís.

El PSPV tiene todavía credibilidad que recuperar entre el electorado para consolidarse como recambio factible al barón popular. La federación valenciana mantiene sin actualizar su proyecto político para la autonomía (si es que eso sirve hoy en día para algo en unas elecciones), congelado en los documentos y ponencias de 2021, cuando Puig celebró su último cónclave interno. Los socialistas celebran el primer fin de semana de febrero un congreso ordinario en Valencia del que cabría esperar mucho más que la mera ratificación ante las bases de Diana Morant como lideresa orgánica sin rival, y la clásica componenda en el reparto de la ejecutiva entre familias.

Morant aspiraba a hacer de la próxima cita interna la tormenta de ideas que no pudo desarrollar en el congreso extraordinario de Benicàssim del pasado mes de marzo. El guion estaba más o menos trazado antes de la riada del 29 de octubre, pero todo es distinto ahora: ni la legislatura autonómica es la misma, ni las necesidades de la población son las mismas, ni las prioridades son las mismas. La sacudida ha sido muy profunda. Tanto como para que la federación valenciana tuviera que estar a esta hora, a un mes de su congreso, lanzando consultas y pidiendo opiniones a todos sus stakeholders. Algo que no parece que esté ocurriendo.