El informe de Transparencia Internacional, visto más allá de la M-30

España retrocede en los índices de percepción de la corrupción. La acaba de poner negro sobre blanco Transparency International en su informe de 2024. El país ha caído cuatro puntos en la evaluación y ha descendido en la clasificación. Ocupa el puesto 46 entre 180 Estados analizados. La ONG no es nada sospechosa de partidismo. Creada en la primavera de 1993 en Berlín, el primer enlace serio que hizo su fundador Peter Eigen en España fue con el abogado Antonio Garrigues Walker. Con Jesús Sánchez Lambás, integraron el movimiento dentro del Instituto Universitario Ortega y Gasset, en la calle Fortuny de Madrid. Un grupo de profesores e investigadores liderados por Manuel Villoria Mendieta, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, está a la cabeza de los diagnósticos.

El análisis de Villoria es transversal y multienfoque. España tiene problemas en el ámbito del desarrollo institucional y legislativo, pero también en capítulos de fuerte trascendencia social, como el mundo del fútbol. Hay penetración del crimen organizado en el país, con los puertos como puntos calientes, etc.

El informe de 2024 señala una demora del sistema judicial en el enjuiciamiento de macrocausas de corrupción, carente de recursos adecuados, un problema agravado por el largo bloqueo que afectó estos años a la renovación del CGPJ y cuyas consecuencias se traducen en la imposibilidad de cubrir las plazas vacantes, al propio funcionamiento del Tribunal Supremo y, en suma, debilitado el sistema judicial en su conjunto.

Villoria añade otras asignaturas pendientes, como el retraso en la implementación de la ley de transparencia o la de conflictos de intereses de altos cargos, cuya actualización está atascada en el sudoku parlamentario del Congreso. También es pesimista sobre la voluntad de desarrollo de un verdadero plan anticorrupción por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al que reprocha ausencia de diálogo con los expertos en el asunto de la sociedad civil.

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Pero más allá de todos estos factores, digamos, nacionales, Transparencia Internacional ha incorporado este año un relevante toque de atención territorial, una luz roja regional que explica también las peores puntuaciones. Que el deterioro se produzca más allá de la M-30 no debería ser motivo de desprecio en el análisis, tampoco el periodístico. Es en las autonomías y en los ayuntamientos donde se cuecen los apaños urbanísticos, donde proliferan los contratos menores y los expedientes negociados sin publicidad, donde es aparentemente más laxo el control del enchufismo…

En los despachos de Anticorrupción han dejado de confiar en Antifraude para encargar periciales

Desde 2015 se había avanzado mucho. Se ejecutaron reformas autonómicas, se crearon consejos de transparencia. Villoria cita los casos de las dos Castillas, Navarra, Baleares o la Comunidad Valenciana, con nuevas normas contra la opacidad política, sistemas de alertas tempranas y hasta el uso de la IA para hacer controles en el ámbito administrativo. La Agencia Valenciana Antifraude era "un ejemplo de buenas prácticas e independencia", dice el académico especializado en buen gobierno y prácticas anticorrupción.

Y, sin embargo, algo ha cambiado desde 2023 y en 2024. "La vuelta atrás en las comunidades autónomas es terrible", sentencia Villoria. Un backlash en toda regla. Un retroceso. Un importante desmantelamiento de las estructuras anticorrupción a nivel autonómico, dice el informe de TI. La desaparición de la Agencia Antifraude de Baleares sin ninguna razón lógica; la devaluación del Consejo de Trasparencia de Madrid, "recapturado claramente" por el gobierno regional; la "demolición brutal" de la Agencia Valenciana Antifraude…

Opinión

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El nuevo director de la agencia valenciana, Eduardo Beut, que ya llegó al cargo contaminado por su pasado zaplanista, reclamó la semana pasada en comparecencia en las Cortes Valencianas su derecho a conformar un equipo propio. Tiene todo el del mundo. Su problema es que el barrido de nombres y personas que ha ejecutado ha ido acompañado de un desmantelamiento de algunas de las señas de identidad que llevaron a la AVAF a ser reconocida en el espacio europeo. Un botón: con el despido del que era director de investigación, Gustavo Segura, Beut ha fulminado la sección de periciales en la que se apoyaba la Fiscalía para desentrañar algunas de las causas de corrupción que lleva entre manos en los juzgados valencianos. Hace tiempo que en Anticorrupción dejaron de confiar en Antifraude para encargar informes. "Es una pena. Todo el trabajo que se ha hecho, para nada", se lamentan en los despachos de los fiscales.

Beut tuvo entre sus primeras medidas liquidar la transparencia periódica de las resoluciones de la entidad que dirige. Es un contrasentido que, quien lucha contra la opacidad y la arbitrariedad, cierre sus propias ventanas para ocultar los resultados de su trabajo. Villoria conoce bien el caso porque participaba en el comité de ética que el nuevo director ha liquidado. "Se han paralizado las investigaciones más importantes dado que afectaban, probablemente, a personas muy vinculadas a las élites políticas del gobierno valenciano", aseguraba el experto en su exposición sobre el informe.

Ahora solo es posible conocer las conclusiones de las investigaciones por filtraciones interesadas de expedientes, el último el que afectaba a los pluses de vivienda de antiguos altos cargos de Compromís en el Consell del Botànic.

La nueva AVAF solo será creíble en la medida en que dicte resoluciones que evidencien también los excesos de quienes designaron a su director y estas sean conocidas. Mientras tanto, lejos de verla como el contrapoder que debería ser, cabrá sospechar que el giro en la Agencia no busca más que convertirla en brazo armado del PP de Carlos Mazón y su aliado Vox. Un cañón Bertha demasiado tentador en tiempos de manipulación de audios y relatos alternativos para trabajar supervivencias.