Reducir la brecha digital para prevenir la exclusión social de nuestros mayores

En las últimas dos décadas hemos sido testigos de un fenómeno que ha transformado todos los aspectos de nuestra vida: la digitalización. Esta revolución tecnológica ha pasado de la reciente cuarta revolución industrial o industria 4.0 a la nueva industria 5.0, redefiniendo la forma en que vivimos, trabajamos, nos relacionamos y hacemos negocios. La industria 5.0 es un concepto que surge como evolución de la industria 4.0 (más alineada con la automatización e interconexión de dispositivos mediante el Internet de las cosas), y se centra en la colaboración estrecha entre humanos y tecnología para alcanzar mayor eficiencia, flexibilidad y personalización en los procesos productivos. No hay que olvidar tampoco que la pandemia del covid ha puesto de manifiesto la importancia de la digitalización, convirtiéndola en un pilar fundamental para la reconstrucción en Europa.

En el ámbito económico, la digitalización se enfoca en tres pilares clave. En primer lugar, la automatización laboral ha reemplazado o modificado las tareas de los trabajadores, lo que requiere que estos se adapten y complementen sus habilidades con nuevas tecnologías y aplicaciones. En segundo lugar, la digitalización de bienes, servicios y actividades ha permitido la reconfiguración de los modelos de negocio, generando nuevas oportunidades y desafíos. Y en tercer lugar, la revolución digital ha transformado las condiciones y los mercados laborales, impulsando el desarrollo de plataformas digitales que conectan a profesionales y empresas en todo el mundo.

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Sin embargo, aunque la digitalización representa una importante oportunidad para países, individuos y empresas, también conlleva riesgos significativos si no se aprovecha adecuadamente. Uno de los más importantes es la aparición de brechas digitales entre aquellos que logran adaptarse y los que no. Estas brechas pueden tener consecuencias en el entorno económico y social, frenando el crecimiento y la productividad de aquellos con una menor capacidad de adaptación e incluso generando y endureciendo formas de exclusión social, laboral y financiera.

El acceso a la tecnología por sí solo no es suficiente. Es fundamental disponer de competencias digitales adecuadas para aprovechar las oportunidades que ofrece la era digital, así como adaptar a las herramientas y entornos digitales el resto de competencias transversales y específicas en el ámbito laboral. En España y en la Unión Europea se han realizado estudios exhaustivos que evalúan el nivel de competencias digitales en la población, revelando la existencia de brechas significativas entre individuos que deben ser abordadas.

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El índice de habilidades digitales que calculan el INE y Eurostat es útil para describir niveles generales de alfabetización y habilidades en el uso de Internet y manejo de software. El índice disponible más reciente del año 2021 muestra que el 64,2 % de los españoles tiene al menos habilidades digitales básicas, siendo un 38,2 % las personas que tienen habilidades avanzadas y un 26 % las que tienen habilidades básicas. Por lo tanto, existe todavía un amplio margen de mejora en España y, en especial en ciertas regiones, entre las personas que no alcanzan habilidades básicas. Por ejemplo, en Extremadura o Castilla-La Mancha estos porcentajes apenas superan el 55%, más de 15 puntos porcentuales por debajo de la región líder, Madrid, que alcanza el 72%, seguida de la Comunitat Valenciana, con un 68,2% de personas con al menos habilidades básicas.

Al analizar estas cifras en detalle, se observan disparidades significativas entre diferentes grupos de edad y niveles educativos. Por ejemplo, en España el porcentaje de jóvenes de 16 a 34 años con habilidades avanzadas triplica el de los más mayores, de 55 a 74 años. Estas diferencias se observan también a nivel regional, especialmente en Extremadura y Canarias, donde llegan a quintuplicarse. La Comunidad Valenciana es de las regiones donde la brecha es inferior a la media, junto con Asturias, Andalucía y Madrid. Esta brecha generacional refleja la necesidad de implementar estrategias específicas para fomentar la adquisición de competencias digitales en los grupos de mayor edad.

Asimismo, se identifica una correlación entre el nivel educativo y las competencias digitales. Mientras que el 14,7% de las personas con estudios superiores (universitarios y FP superior) presenta carencias en competencias digitales, este porcentaje se eleva hasta casi la mitad (47,9%) entre aquellos con educación básica (han alcanzado como máximos estudios de secundaria obligatoria). Estos datos evidencian la importancia de garantizar un acceso igualitario a la educación y promover programas de formación en competencias digitales para cerrar estas diferencias.

Estos datos evidencian la importancia de prestar atención a los grupos con menores niveles de habilidades digitales, en especial el de los más mayores y las personas con estudios básicos (en muchas personas coinciden ambas características). En general, sería recomendable reducir el porcentaje de personas no evaluables -las que no se conectan a Internet con la suficiente frecuencia y, por lo tanto, dejan de ser candidatas para evaluar sus habilidades-, así como disminuir el colectivo de personas con habilidades digitales bajas. La reducción de las brechas digitales no solo es una cuestión de equidad, sino también de desarrollo socioeconómico. Las personas con competencias digitales tienen mayores oportunidades laborales, acceden a servicios y recursos en línea, participan activamente y se benefician de la sociedad digital. Por el contrario, aquellas que carecen de estas competencias corren el riesgo de quedarse rezagadas y ampliar las brechas existentes, entre ellas la económica y la social.

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La reducción de las brechas digitales es un desafío que requiere un enfoque integral tanto a nivel nacional como regional. La Comunidad Valenciana ha implementado iniciativas significativas para abordar esta problemática, como el programa de Lucha contra la Brecha Digital a través de cursos y talleres. Sin embargo, es fundamental continuar trabajando en colaboración con diferentes actores y sectores para lograr una sociedad digitalmente competente y equitativa.

En este sentido, la mejora de la educación y las habilidades digitales desempeñan un papel fundamental en la visión general de la transformación digital. La Comisión Europea reconoce la importancia de la digitalización, hasta el punto de considerarla uno de los pilares fundamentales en la reconstrucción de la economía europea tras el impacto del covid. De hecho, una parte significativa de los fondos del programa Next Generation EU se destina a la transformación digital, junto con la inversión en sostenibilidad ambiental, inclusión social y la lucha contra la desigualdad de género, ejes principales del plan de recuperación.

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Uno de los cuatro puntos principales de la Brújula Digital de la Comisión Europea se enfoca en "ciudadanos con capacidades digitales y profesionales del sector digital altamente cualificados". Se establece que para el año 2030, al menos el 80% de todos los adultos deberían contar al menos con competencias digitales básicas, y se busca alcanzar una cifra de veinte millones de especialistas en TIC en la Unión Europea, promoviendo la participación de más mujeres en este campo laboral. Por lo que se observa, ese 80% se sitúa todavía lejano en colectivos como el de los más mayores o aquellos con menores niveles educativos.

En síntesis, la digitalización es un pilar fundamental para la reconstrucción y la lucha contra las brechas digitales, sociales y económicas. La adquisición de competencias digitales se ha vuelto imprescindible en la sociedad actual, y cerrar estas brechas es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la exclusión social. Solo a través de un esfuerzo conjunto y de la implementación de políticas inclusivas, incidiendo en los colectivos de personas con mayores, se podrá construir una sociedad en la que todos los ciudadanos puedan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la era digital.

*Laura Hernández es economista del Ivie