IA y automatización aumentarán el bienestar general solo si aplicamos las políticas adecuadas

La IA y la automatización vienen superando capacidades humanas a pasos agigantados y sorprendiéndonos en ámbitos a los que creíamos que no tenían acceso, como el arte o el cuidado de personas. Es evidente que la tecnología está alcanzando nuevos estadios. Dejando de lado distopías de largo plazo, ¿qué impacto laboral podemos esperar de estos avances y cómo prepararnos?

Que las innovaciones técnicas eliminen puestos de trabajo no implica que reduzcan su volumen agregado ya que, simultáneamente, facilitan la creación de otros nuevos. No hay correlación histórica entre progreso técnico y pérdida agregada de empleo. Sin embargo, al igual que sucede con el comercio internacional, el progreso técnico produce ganadores (los consumidores y las empresas innovadoras) y perdedores (las empresas que no se adaptan y los trabajadores que ven desvalorizadas sus destrezas). Globalmente, el efecto neto es positivo y, por tanto, sería posible compensar a los perdedores redistribuyéndoles una parte de los beneficios obtenidos por los ganadores. No obstante, este tipo de compensaciones no suelen implementarse, lo que explica que –a pesar de aumentar la riqueza global– el progreso técnico y la apertura internacional susciten temores y fomenten populismos contrarios a sus avances.

Aunque habitualmente los avances técnicos son específicos de industrias concretas, una característica común de la IA y la robotización es que son all-purpose technologies, es decir, permiten incrementar la productividad en casi todas las actividades. De ahí su gran impacto esperado, que no supondrá tanto la desaparición integral de puestos de trabajo, como la eliminación de una buena porción de las tareas desarrolladas en cada uno de los puestos existentes. Así, de acuerdo con la consultora McKinsey, el 30% de las tareas correspondientes al 60% de las ocupaciones a nivel mundial podrían ser automatizadas ya con las tecnologías actualmente disponibles. Con todo, se calcula que más del 8% de los puestos de trabajo existentes hoy en España habrán desaparecido para 2030.

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Desde el punto de vista regional y nacional, el impacto de estos avances tecnológicos dependerá de la velocidad con la que nos preparemos y adaptemos. Si lo hacemos relativamente rápido, nuestras empresas ganarán mercados con respecto a sus competidores y los salarios crecerán más que en los países vecinos. Si esperamos a ver las grietas en las paredes para reaccionar, nuestras empresas y trabajadores sufrirán para mantener los ingresos.

De momento, diversos indicadores nos sitúan en una posición intermedia dentro de la UE. Por ejemplo, de acuerdo con Eurostat, el porcentaje de empresas que utilizan la IA en España es el 7,7%; solo ligeramente inferior al de la UE (7,9%), como se muestra en el gráfico. No obstante, esta posición aparentemente confortable en algunos indicadores no debe llevarnos a engaño. Es imprescindible poner en marcha políticas sustantivas en múltiples ámbitos. Mencionaré tres en los que sería muy negativo descuidarse.

En primer lugar, es crucial avanzar en la formación. Y ello a tres niveles: en la escuela, en la universidad y durante la vida profesional. En la escuela, se deben mejorar las habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e introducir a los jóvenes en los rudimentos de las tecnologías digitales con el fin de, por un lado, sentar las bases para un aprendizaje más profundo en etapas posteriores y, por otro lado, posibilitar una visión informada y crítica del entorno que les rodea. En ocasiones se contrapone una formación humanística con la necesidad de dotar a los jóvenes de conocimientos técnicos sobre programación y nuevas tecnologías.

Esta contraposición carece de sentido puesto que nuestros jóvenes solo podrán afrontar con confianza los retos sociales, políticos e informacionales (fake news, etc.) de las próximas décadas si tienen un conocimiento básico de, por ejemplo, cómo se procesan los datos almacenados en sus móviles para identificar sus inclinaciones, aumentar su consumo y manipular sus interpretaciones sobre lo que ocurre a su alrededor. En la universidad, es preciso incrementar la oferta de estudios relacionados con las nuevas tecnologías e introducir estos contenidos en el resto de titulaciones, puesto que serán herramientas de uso común por todas las profesiones (adviértase que dos de las áreas en las que se espera un mayor aumento de la productividad como consecuencia de la IA son la salud y el derecho).

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El principal obstáculo para esta evolución serán las enormes inercias y la burocracia que caracterizan la universidad pública española. Tanto la administración central como las autonómicas tienen la capacidad y la responsabilidad de establecer incentivos y tomar decisiones para romper estas inercias. En cuanto a la formación durante la vida profesional, será clave la actualización periódica de conocimientos, tanto por iniciativa de las empresas –que deberán ampliar su inversión en capital humano– como de los propios trabajadores.

Un segundo ámbito que requiere actuaciones decididas es el de la mejora institucional. Es necesario modernizar la Administración Pública, reordenar el Estado Autonómico y elevar la eficiencia y equidad del sistema fiscal, entre otras cuestiones. Por ejemplo, respecto de esta última cuestión, antes de plantear el establecimiento de impuestos a los robots –como algunos han propuesto, con el fin de ralentizar su introducción– conviene reducir la excesiva carga fiscal relativa que soportan las rentas del trabajo, incluida la seguridad social, que encarece arbitrariamente la utilización del factor trabajo.

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Esto requerirá trasladar mayor carga a otras fuentes. Lamentablemente, la necesaria reflexión sobre cómo repartir las cargas fiscales ha sido sustituida por una competencia fiscal a la baja sin mayores criterios y apenas existe un debate público sobre la necesidad de seguir modernizando el país. Después de la transición democrática y las reformas económicas que la acompañaron, la mayor parte de las transformaciones institucionales subsiguientes se han realizado obligados por la Unión Europea y a regañadientes. Sin la presión de la UE no tendríamos, por ejemplo, ni una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) independiente del gobierno, ni una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ni una Ley de Transparencia.

En tercer lugar, es previsible que las nuevas tecnologías lleven a una concentración de beneficios y una mayor polarización salarial. Va en beneficio de la convivencia y del bienestar colectivo compensar esta tendencia, para lo cual es necesario fortalecer los instrumentos redistributivos y las garantías sociales.

En suma, la IA y la automatización ofrecen extraordinarias oportunidades para mejorar nuestro bienestar, pero reclaman una actuación decidida sobre múltiples factores cuya reforma puede tardar tiempo en rendir frutos. Mientras tanto, el mundo avanza inexorablemente. No se trata de ser los primeros, pero sí de evitar quedar retrasados.

*Francisco Alcalá es profesor investigador del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Ha sido catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Murcia hasta 2020