Pérez Escolar, Alfredo Sáenz y el escaso respeto a la ley de Emilio Botín, primer banquero español

En un comentario aparecido en elplural.com, titulado 'Botín III de Cantabria y I del Mundo Mundial', José García Abad, a propósito de la Junta General del SCH celebrada el sábado 17 de junio en Santander, escribe textualmente que el prócer cántabro “está por encima del bien y del mal”. Sin duda se trata de un desliz del buen periodista económico que ha sido siempre García Abad, autor de excelentes libros recientes de gran éxito, pero que en el fondo refleja el ánimo consentidor, por utilizar un término comedido, que la prensa y los periodistas españoles, incluso gente de izquierdas como García Abad, ha utilizado siempre con la primera fortuna española.

Para los medios de comunicación hispanos, “Botín está por encima del bien y del mal”, lo que, por extensión, quiere decir que también está por encima de la Ley, algo que sin duda explica el rosario de pleitos que tanto él como gran parte de su Consejo mantienen en juzgados de instrucción a lo largo y ancho de la geografía española, pleitos que, por cierto, no dejan de aumentar, ejemplo del respeto que al prócer cántabro le merece el cumplimiento de la Ley. A Botín no le preocupan demandas ni querellas. Para entender de esos asuntos tiene en nómina a brigadas enteras de abogados. Para ocultarlos cuenta con la vista gorda de gran parte de los medios de comunicación españoles.

Es lo que le ocurrió al abogado Rafael Pérez Escolar (RPE), empeñado en magnífica y desigual batalla contra la primera fortuna del país desde hace años, con su ya tradicional soflama en la junta general de accionistas del SCH del citado 17 de junio. La intervención de Pérez Escolar, de la que este año no ha aparecido la menor referencia en prensa, retrata a la perfección el perenne charco judicial en que chapotea el primer banco privado español, una situación que debería obligar a reflexionar a nuestras autoridades políticas y bancarias.

El aludido intervino para oponerse a la reelección de Alfredo Sáenz Abad como administrador del banco, “algo que sería inconcebible después de la sentencia que acaba de dictar el Tribunal Supremo, por la que será sometido a juicio por los delitos de estafa procesal y acusación y denuncia falsa”, y para criticar igualmente “la aprobación de las cuentas anuales del banco, porque el Consejo ha vuelto a omitir el cobro por Banesto, la filial más cualificada del SCH, de una serie de partidas que ascienden en total a 750.000 millones de pesetas, algo más de 4.500 millones de euros, sin que sepamos el destino que se ha dado a unos fondos tan considerables”.

Estos son los párrafos más descollantes de la exposición de RPE, cuyo interés –un texto digno de archivo- disculpa la excesiva extensión de este artículo: “En cuanto a la reelección de Alfredo Sáenz, informo a la Junta de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, después de tramitar el recurso de casación nº 2529/2004 formulado por determinadas personas, yo entre ellas, acaba de dictar sentencia por la que el señor Sáenz Abad habrá de sentarse inexcusablemente en el banquillo para ser juzgado por un delito de estafa procesal y otro de acusación y denuncia falsa. Ofrezco una copia de la resolución, notificada por el Tribunal Supremo el día 29 del pasado mes de mayo, para que sea leída en esta Junta, y así los señores accionistas puedan conocer su contenido”.

“La sentencia se refiere a una conducta inconcebible de todo punto en cualquier querellante, con independencia de su status personal o del cargo que desempeñe, pero especialmente en quien ostentaba entonces, como presidente provisional de Banesto, la condición de “agente del Banco de España”. Don Alfredo Sáenz ordenó en tal carácter al abogado Rafael Jiménez de Parga que formulase una querella criminal contra cuatro clientes del banco, a quienes imputaron sin el menor fundamento unos inexistentes delitos económicos”.

“El señor Sáenz Abad utilizó la querella como un atroz mecanismo de presión para que esos clientes, todos ellos personas honorables, hicieran frente a unas deudas a cuyo pago no estaban obligados por ningún título. No fue cosa de broma, puesto que tres de los querellados fueron reducidos a prisión. Los señores Sáenz Abad y Jiménez de Parga se valieron para unos fines tan torpes de la estrecha relación que mantenían con Luis Pascual Estevill, el juez tristemente célebre que por esa misma conducta prevaricadora fue expulsado de la carrera judicial y condenado a una larga pena de prisión”.

“Los clientes de Banesto tan injustamente perseguidos, después de conseguir que echaran de la carrera a ese juez execrable y le metieran en la cárcel, interpusieron la pertinente acción penal contra Alfredo Sáenz Abad, a la sazón presidente provisional de Banesto; José Angel Merodio, consejero y director general; Miguel Ángel Calama, director regional para Cataluña, y Rafael Jiménez de Parga, el autor material de la infamante acusación, lo que ha dado origen a un proceso criminal en el que yo mismo decidí intervenir como acusador”.

“El alto Tribunal, que ha rechazado la prescripción invocada por Sáenz Abad y sus colaboradores, formula en su sentencia unas consideraciones del mayor interés sobre el carácter de la denuncia falsa, a la que incluye entre los denominados delitos “pluriofensivos” (...) Una doctrina que impide plenamente la reelección del señor Sáenz, en congruencia con el artículo 2 del Real Decreto de 14 de julio de 1995 sobre régimen jurídico de las entidades de crédito, al exigir que los consejeros sean personas de “reconocida honorabilidad comercial y profesional”, condición que concurre “en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias”.

“¿Cabe atribuir un requisito de tanto alcance a quien, en el ejercicio de sus funciones públicas, ha sido señalado por el Tribunal Supremo para responder de un delito de estafa procesal y otro de denuncia y acusación falsa? En realidad, al señor Sáenz se le acusa de la conducta más abominable que puede cometer quien comparte la máxima representación de una entidad bancaria que presume de ser la primera del país: la falaz utilización de los tribunales para coaccionar a unos clientes del banco asignándoles conductas deshonrosas manifiestamente falsas”.

“Pero, además, hay que añadir un rosario de procesos penales en los que el señor Sáenz figura en concepto de imputado. Como los que se siguen por cohecho y malversación en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional; por delito fiscal, en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Alcobendas; por apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y negativa del derecho de información que asiste al socio, en el Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid, y por delito ecológico en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Móstoles”.

“Ese cúmulo de procedimientos criminales impide clamorosamente que el señor Sáenz Abad sea reelegido administrador. Sería absurdo que se sentara simultáneamente en ese Consejo y en el banquillo de los acusados quien ha sido llamado por el más alto Tribunal de la Nación a responder ante la justicia por unos delitos de tan cualificada gravedad para el administrador de una entidad de crédito. En caso contrario, es obvio que a los demás miembros de ese Consejo, por solidarizarse con el inculpado, les alcanzarían las responsabilidades previstas en el vigente ordenamiento, especialmente a don Luis Angel Rojo, que como Gobernador del Banco de España procedió en su día al nombramiento de Alfredo Sáenz como presidente provisional de Banesto”.

Dejando para mejor ocasión el segundo punto de la intervención de RPE, el concerniente a la supuesta desaparición de 750.000 millones de pesetas en las cuentas del SCH correspondientes al pasado ejercicio, conviene decir que Botín no dijo una sola palabra en defensa de su vicepresidente segundo y consejero delegado, pasando el marrón al secretario del Consejo, quien se limitó a manifestar que la sentencia aludida por Pérez Escolar no era condenatoria. Obviamente, no era la persona más indicada para sostener la honorabilidad de Alfredo Sáenz.