El juez Torres echa el guante a la trama de constructores y promotores, primera piedra de la corrupción urbanística

Después del escándalo provocado por la primera parte de la Operación Malaya, allá por finales de marzo, la gente se preguntaba en Marbella y alrededores, es decir, en toda España, y ¿qué pasa con el tejido empresarial de constructores y promotores? ¿por qué están tan tranquilos, si ellos son los que han pagado con el dinero negro generado en las promociones y eso también es delito? ¿se pagaba en efectivo para no dejar rastro? ¿por qué no se les persigue también a ellos?

Era la pregunta del millón: ¿Se atreverá Miguel Ángel Torres a detener, o al menos a llamar a declarar, a los que presumiblemente pueden haber financiado la trama de corrupción, esto es, a todas las constructoras que hayan hecho en los últimos 15/20 años alguna obra o promoción en Marbella y alrededores, en cuyo caso estaríamos hablando de muchas empresas y muchos peces gordos involucrados? ¿Tendrá agallas el juez Torres?

Pues parece que las ha tenido, lo cual es motivo, serio y fundado además, para seguir manteniendo alguna esperanza en el papel regenerador de la Justicia, en un país donde los políticos, la clase política, los partidos que sostienen el sistema generalizado de corrupción en que vivimos, han abdicado de su obligación de perseguir el delito y castigar al delincuente.

Con la oleada de detenciones producida ayer en la segunda parte de la Operación Malaya, Miguel Ángel Torres ha querido cerrar el círculo de la trama de corrupción. En efecto, si en la primera fase el golpe judicial afectó a la cúpula del ayuntamiento de Marbella, algunos testaferros y ciertos abogados madrileños que daban apariencia de legalidad a las operaciones, ahora el juez ha ido derecho contra la cabeza de la hidra, contra los presuntos financiadores de la trama delictiva, es decir, los constructores y promotores inmobiliarios.

Por primera vez la Justicia entra a saco en el sector de la construcción con la detención de cuatro peces gordos, cuatro grandes fortunas de las muchas que han surgido en este país como las setas al calor de la especulación del suelo y del ladrillo: el granadino José Ávila Rojas, una riqueza que compite con la de su famoso paisano Nicolás Osuna; el murciano Tomás Olivo; el cordobés Rafael Gómez Sánchez, Sandokán, dueño de la promotora Arenal 2000, un tipo que empezó trabajando de albañil en Francia como emigrante español y que la pasada Semana Santa tuvo como invitado en Antequera a Paulino Plata, el candidato del PSOE a la alcaldía de Marbella, y el madrileño Fidel San Román, actual gestor de la plaza de toros de las Ventas, y dueño de buena parte del oeste madrileño (Las Rozas, Majadahonda y por ahí).

Entre los detenidos figura también Francisco García Lebrón, de la promotora inmobiliaria Aifos, una de las más activas de Andalucía, donde ha disfrutado de un vertiginoso crecimiento en los últimos años. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que es muy posible que en los próximos meses se abra una tercera fase con las ramificaciones internacionales del caso, principalmente en Gibraltar. Tal vez entonces sepamos algo de ese misterioso personaje llamado Judah Binstock, presente en todas las salsas marbellíes, y a quien la Junta de Andalucía, en uno más de los muchos escándalos que jalonan la carrera de Manuel Chaves, adjudicó la explotación del Gran Casino Aljarafe a pesar de incumplir casi todos los requisitos.

Lo ocurrido el martes en Marbella por iniciativa del juez Torres es importante, porque apunta al corazón de la corrupción de un sistema que parece haber bajado definitivamente los brazos en lo que a la aspiración de regeneración democrática se refiere. ¿Cómo es posible que tipos sin estudios, que empezaron su vida laboral trabajando de albañiles, hayan podido levantar fortunas de cientos, en algún caso de miles, de millones de euros? Sólo entrando en la rueda, convirtiéndose en una pieza más del engranaje de la gran corrupción urbanística, con la especulación del suelo como punto de partida.

Pero los responsables de esta situación que de forma tan directa afecta a la vida de millones de españoles, obligados a pagar durante años una hipoteca para comprarse un piso, no son los Rojas, los Olivos, los Sandokanes o los Sanromanes de turno, o no lo son en exclusiva, porque la verdadera responsable es una clase política que ha abdicado de su obligación de poner coto a la especulación del suelo, que permite y consiente la corrupción urbanística y mira hacia otro lado cuando ve desfilar los maletines, porque de algún modo vive de la corrupción y se financia (ayuntamientos y partidos) con ella. Hacia ellos debería dirigirse el dedo de la acusación y el oprobio.