Cataluña como problema o por qué lo peor de Zapatero no es la Economía

Seguramente serán millones los españoles que a partir de hoy comenzarán a visualizar en toda su dimensión la tragedia que para el porvenir colectivo van a

Seguramente serán millones los españoles que a partir de hoy comenzarán a visualizar en toda su dimensión la tragedia que para el porvenir colectivo van a terminar significando los ocho años de presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque lo malo del personaje, que también, no es su penosa no-gestión de la crisis económica, con ser ello grave en tanto en cuanto afecta directamente al bienestar de todos. Al final, la crisis que padecemos se terminará superando, por duros que sean los años de estancamiento que debamos superar por delante. Lo peor de los seis años y pico que lleva ZP de presidente del Gobierno es el fenomenal lío político en que ha metido a la nación con la ruptura del marco constitucional pactado entre todos en 1978. Lo de la Economía tiene remedio; tardío, pero tiene remedio. Lo de Cataluña, no. Mucho me temo que no. Es la herencia de discordia que este personaje infame deja a España y a los españoles.

Dejó escrito Pío Baroja en sus Memorias que, poco antes de la proclamación de la II República, Ortega y Gasset pensaba en un cambio mágico para el país. “Yo auguraba algo muy malo y acerté”, dice el novelista de Vera de Bidasoa. “Estaba inclinado a pensar que sólo los Gobiernos viejos y llenos de experiencia pueden dar una vida tranquila a los pueblos. Este convencimiento mío procedía de que, en mi juventud, había leído varias historias de la Revolución francesa, lo que no habían hecho mis compañeros, y a mí aquella Revolución me parecía un esquema que se repetiría en los pueblos de Europa siempre que se intentase un cambio político de esa índole, con sus tres fases: utopía, revolución y reacción”.

Al margen de su empeño en reescribir la Guerra Civil desde la exclusiva óptica de quienes la perdieron, nadie sabe lo que hay de utopía en el magín de un tipo tan pobremente avituallado desde el punto de vista intelectual. El caso es que este licenciado en Derecho por León, que no es precisamente Yale, en su empeño por reformar la Constitución del 78 por la puerta de servicio preparó en 2006 un desaguisado -la revolución- con el Estatuto de Cataluña, cuyas consecuencias –la reacción- ayer noche empezamos ya a calibrar tras el encendido discurso del presidente de la Generalitat, José Montilla. Zapatero dejará a los españoles empobrecidos para una década y políticamente divididos, enfrentados, para varias generaciones, y ello en el mejor de los casos.

El texto del Estatuto catalán no tenía convalidación posible desde el punto de vista Constitucional. O se derogaba la Constitución y prevalecía el Estatut o viceversa. Encajar el texto catalán en la horma constitucional era misión imposible. Y conste que han sido muchos los compatriotas que, en aras a un arreglo fraternal, han defendido una interpretación abierta de la Constitución. Ayer mismo me escribía un amigo palentino enamorado de Cataluña, como yo mismo: “Creo que debieran llegar a una solución de síntesis. A dictar una sentencia que intentara encajar lo máximo del estatuto catalán en una interpretación abierta y dinámica de la Constitución. Se trataría de interpretarla de forma que, sin traicionarla, le diera más vida y recogiera mejor la realidad. Sería una síntesis jurídicamente creativa y políticamente integradora de una compleja y real pluralidad. Sin desarmar el Estado de todos, recogería la legítima diversidad que lo compone”.

Declaración de guerra de Montilla

Tal ha sido el trabajo, en el fondo, de la denostada Maria Emilia Casas. La interpretación más favorable de la Constitución hacia el del texto autonómico, lograda después de que la presidenta del Constitucional consiguiera abducir para sus tesis al conservador Guillermo Jiménez y al progresista Manuel Aragón, los dos vocales del alto tribunal que han terminado “cambiando de bando” tal vez inmolando sus prejuicios en el altar de la concordia, no ha servido para nada. La declaración de guerra del señor Montilla anoche mismo habla a las claras del empecinamiento de una clase política –abocada, además, a elecciones autonómicas casi inminentes- que parece dispuesta a romper todas las compuertas de la convivencia dentro del marco constitucional.

Recogemos los frutos podridos de la política de un personaje que llegó en 2004 a la presidencia del Gobierno sabiendo muy poco o nada de la Historia de España y de lo peligroso que a lo largo de los siglos ha resultado siempre abrir la puerta a los demonios familiares históricos de los españoles, a los que es menester mantener en todo momento bien cerrados bajo siete llaves. Zapatero es el gran responsable del enfrentamiento que se avecina porque fue él, conviene recordarlo, quien actuó de motor de un nuevo Estatuto que apenas interesaba al 6% de la población catalana cuando estaba siendo discutido en el Parlament.

Aquel Estatuto parecía embarrancado, más muerto que vivo, hasta que el Presidente del Gobierno no tuvo mejor idea que llamar una infausta noche a Moncloa a Artur Mas (CiU) y darle nueva vida, enloquecida vida a una especie de prolija Constitución que invade algunos derechos fundamentales de la persona que en Europa se consideraban sagrados desde la Revolución francesa, un proyecto que únicamente convenía a su mentor en Madrid y a una clase política alejada de las preocupaciones diarias de la gente y empeñada en juegos de poder en su personal provecho.

El culpable tiene nombre: Rodríguez Zapatero

Aunque moleste mucho a los nacionalistas, es inevitable recordar aquí que los votantes dieron mayoritariamente la espalda al Estatuto en el referéndum celebrado en junio de 2006: únicamente votó el 48,85% de un censo electoral de 5.202.291 personas, de las cuales 1.882.650 respaldaron el texto con un “sí”, lo que equivale a decir que solo el 36,18% del censo aprobó el Estatuto o, lo que es lo mismo, uno de cada tres catalanes. Porcentajes estos, por lo demás, significativamente peores que los registrados en el referéndum celebrado en 1979 para aprobar el Estatuto nacido de la Constitución del 78, que contó con la participación del 59,7% de los catalanes, el 88,15% de los cuales aprobaron el texto.

El recordatorio anterior es doloroso, lo sé, pero la lección que cabía extraer de la consulta de junio de 2006 es que el catalán de a pié no necesitaba ningún nuevo Estatuto, porque ya tenía uno y había demostrado funcionar aceptablemente bien. Tres años de Gobierno tripartito y ríos de tinta, cientos de horas de televisión y miles de horas de radio no consiguieron movilizar a los votantes en apoyo de un texto que la inmensa mayoría consideraba innecesario. Aquella lección no fue ni escuchada ni atendida, y de aquellos polvos vienen estos lodos.

Conviene recordar, también, que ZP negó su apoyo al Plan Ibarretxe en el Parlamento de la nación por llegar a Madrid con el respaldo de solo el 51% del parlamento vasco. El daño que la irresponsable conducta política del inquilino de Moncloa ha ocasionado a los españoles tiene difícil arreglo. Y bien, ¿qué hacemos ahora, señor Zapatero? ¿Qué hará usted ahora, aparte de obsequiarnos con alguna de sus famosas frases entre lo lapidario y lo bobo? No es que sea usted el único culpable, no señor, de lo ocurrido, pero la sentencia del Constitucional conocida ayer en sus líneas maestras es una enmienda a la totalidad de su estrategia de demolición de la Constitución del 1978, un clamoroso fracaso personal que debería conducirle, si tuviera usted vergüenza, a convocar elecciones generales y a irse a su casa de inmediato. Dimisión. Los españoles, catalanes y no catalanes, no nos merecemos tanta desgracia.

Con Lupa
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