Y la luz se hizo, pero muy cara

 

 

 

 

 

 

 

Fue en 1997 cuando el entonces capo de Economía, Rodrigo Rato, y su ministro de Industria, Josep Piqué, hicieron aprobar la Ley del Sector Eléctrico, punto de partida de un proceso de liberalización que venía impuesto por Bruselas. Las eléctricas, que hasta entonces habían trabajado a coste, empezaron a hacerlo a mercado. Al abrirse a la competencia, las generadoras, con fuentes energéticas convencionales (nuclear, hidroeléctrica y carbón), argumentaron que los precios de venta de la electricidad en el mercado mayorista bajarían, con lo cual incurrirían en fuertes pérdidas al no poder recuperar el capital inicial invertido. Para atender esta reclamación, el equipo de Rato se inventó los famosos CTCs que, con el objetivo puesto en amortizar las inversiones realizadas, acabaron convirtiéndose en un rompecabezas que el Gobierno de Rodríguez Zapatero canceló anticipadamente en 2006. El ministro Rato hizo algo más: para reducir los costes fijos de las empresas y hacer competitiva nuestra economía, congeló e incluso bajó la tarifa, asunto que resultó fundamental a la hora de sentar las bases del boom económico de la era Aznar. Con ello, además, trasladó al votante la idea de que la gestión del PP abarataba el recibo de la luz. Como los milagros no existen, el asunto -admitido sin rechistar por el PSOE- tenía trampa: el llamado déficit tarifario -diferencia entre los ingresos por tarifa y los costes reconocidos de las eléctricas-, lo que equivale a decir que una parte de esos costes se difiere en el tiempo, mecanismo que ha ido generando en los últimos años una especie de pozo negro que hoy alcanza una suma cercana a los 20.000 millones de euros.

Pero de la misma forma que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen -o tal sostiene la literatura policíaca-, también las deudas, públicas o privadas, acaban por aflorar y llamar a la puerta dos veces, como el cartero de la novela de James M. Cain, reclamando su satisfacción para bochorno de una clase gobernante empeñada en olvidar que la clave de cualquier política energética, como de casi todo en esta terrenal vida, consiste en conciliar ingresos con gastos. Los trucos someramente descritos hubieran servido a los fines propuestos si los Gobiernos -el último del PP y, sobre todo, los de ZP- hubieran sabido reaccionar a tiempo. ¿Por qué? Porque aquella Ley estaba enmarcada en un escenario de precios de las materias primas y de equipamiento industrial muy concreto, que ha sufrido cambios sustanciales en los últimos tiempos. No es lo mismo, en efecto, producir electricidad con el precio del petróleo a 30 dólares que a 140. Y no es lo mismo producir energía consumiendo carbón, que hacerlo mediante las nuevas tecnologías renovables.

Buena parte del desaguisado tiene su origen en el discurso verde que impregna la acción de este Gobierno, el dogma del calentamiento del planeta y esa nueva doctrina laica que predica como imperativo categórico la obligación de todo quisque de luchar contra el cambio climático. A lomos del discurso imperante, este Gobierno ha puesto en marcha una política de abastecimiento energético basada en el tridente “no a las nucleares, sí al carbón nacional, y amor eterno a las carísimas energías renovables”. Hemos ido sustituyendo así el antiguo modelo energético por otro en permanente cambio tecnológico y de imposible financiación. Las primas a las renovables superan los 6.000 millones de euros al año (6.130 en 2009), más de un billón de las antiguas pesetas. De la mano de un Gobierno dizque socialista, todos los antiguos especuladores del ladrillo se han hecho instalar un “huerto solar” o unos molinillos de viento. El Megavatio hora (MWh) de producción fotovoltaica se paga al productor a 450 euros (entre 280 y 320 la termosolar, y en torno a 80 la eólica), cuando el precio en el mercado del MWh es de 43 euros. ¡Eso es un negocio!

De los 300 MW previstos inicialmente se ha pasado a los más de 3.000 instalados ahora mismo. Y los que están por llegar, porque las CCAA han concedido licencias, a menudo entre amiguetes, para proyectos de nueva instalación que aún no han entrado en funcionamiento. Sin tiempo para superar el trago, ya se anuncia una “segunda burbuja” fotovoltaica. El truco consiste en sustituir en los huertos solares las placas antiguas por otras más modernas y eficientes, lo que provoca que la potencia instalada sea superior a la inscrita en el registro, lo que a su vez se traduce en un mayor número de horas de producción y en más retribución. Más pasta. Nada menos de 1.700 millones de euros del ala.

La ideología de lo 'verde' y su inasumible coste

El problema del déficit de tarifa ha adquirido tal dimensión que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, más que alarmado, ideó un plan destinado a acabar con el agujero en 2013, mediante un calendario que permite -permitía- saldos negativos de 3.500 millones en 2009; 3.000, en 2010; 2.000, en 2011 y apenas 1.000 en 2012. La realidad de 2009 fue bien distinta, hasta el punto de que el déficit real se elevó a 4.615 millones, es decir, 1.115 más del tope fijado para ese año, y todo apunta a que el de 2010 rondará de nuevo los 4.600 millones (subvenciones al carbón incluidas), cifra a añadir a una deuda acumulada cercana a los 20.000 millones. La situación es tal que el banco de negocios Nomura asegura en su último informe que la factura eléctrica tendría que subir un 7% en 2011 en el precio de la electricidad (puro mercado) y un 21% en las tarifas de acceso o “peajes”, rubro que representa el otro 50% del recibo y que incluye costes como la distribución, las primas al régimen especial -básicamente a las energías renovables- o las anualidades del déficit. En total, pues, un encarecimiento del 28%, subida del todo punto inasumible para una economía como la española, totalmente estancada y con casi 5 millones de parados.

Oponerse hoy a lo verde sería pelea de Quijotes dispuestos a batirse, nunca mejor dicho, contra molinos de viento

La solución se presenta muy complicada, a pesar de que su formulación teórica no pueda resultar más simple: aumentar los ingresos o reducir los costes del sistema. La primera opción equivale a subir la tarifa, es decir, encarecer el recibo de la luz que pagan particulares y empresas. La segunda supondría meterle un tajo a la cuenta de resultados de las poderosas empresas eléctricas, o transferir parte de esos costes a otro pagano, por ejemplo, a los Presupuestos Generales del Estado, asunto que se antoja inviable en el horizonte de los próximos años. Sebastián ha intentado este mismo año meter mano al desafuero de las subvenciones a las renovables con un recorte de 2.000 millones de euros. Fracaso absoluto. Peor aún, frente a un Gobierno débil, los productores han salido reforzados del lance. “A mí me prometió usted por Ley una rentabilidad a largo plazo, y nadie tiene derecho a quitármela, porque le monto un pollo en los tribunales de mil pares”. Y ello incluso cuando las propias eléctricas se manifiestan en privado convencidas de la necesidad de tales recortes. Nada que hacer. Y mucho menos oponerse, claro está, a este tipo de energía en favor, por ejemplo, de la nuclear, tan verde como las anteriores pero mucho más barata. Batalla perdida. Oponerse hoy a lo verde sería pelea de Quijotes dispuestos a batirse -nunca mejor dicho- contra molinos de viento.

Los españoles parecen, pues, condenados a pagar la luz mucho más cara -de momento, un 4,8% de media a partir del 1 de octubre-, por impopular que ello pueda resultar. De hecho, ya lo hacen. España es el octavo país de la UE que más cara paga la luz que consumen los hogares, y el sexto en lo que a consumo industrial se refiere. Voz tan autorizada como la de Luis Albentosa, consejero de la CNE, sostiene que, pese a los precios bajos de la electricidad en origen, “el recibo de la luz está, por primera vez después de mucho tiempo, por encima del nivel medio de los precios de los países de la UE”. “La realidad de esa deuda acumulada es tan sangrante que, para acabar de una vez con el problema, la tarifa tendría que subir entre un 20& y un 30%, más bien en torno a un 25%, -hay quien sostiene que, incorporando todos los costes regulados, esa subida superaría el 35%-, un guarismo inasumible en las actuales circunstancias de depresión económica”, asegura un experto del sector.

El Gobierno Zapatero no tiene toda la culpa del galimatías en que se ha convertido el sector energético español, aunque sin duda le corresponde una parte muy importante. Su pecado reside en haber dejado crecer la bola de nieve heredada de los Gobiernos Aznar y haberse movilizado solo cuando el agujero había adquirido ya dimensiones casi inmanejables, especialmente a partir del boom de las renovables. En no haber tomado medidas para cortar de raíz el problema cuando, en los años de bonanza, hubiera sido factible hacerlo. “Todo hubiera sido más fácil si, en 2007, en pleno boom, el Gobierno hubiera igualado tarifas, porque, con dinerito abundante en la calle, el trago de ricino hubiera pasado con relativa facilidad”, sostiene el citado experto. Difícilmente, con todo, podía un Gobierno empeñado durante casi dos años en negar la crisis detectar el problema y obrar en consecuencia. La situación ahora es “dramática”, calificativo en el que coincide casi todo aquel que tiene algo que ver con este mercado, porque, con las arcas vacías, no hay dinero para enmendar tanto yerro.

Sebastián dice que él no ha sido

Estamos en el peor momento político y financiero imaginable para enmendar tanto dislate. El Gobierno trata de implicar a la oposición en la adopción de la cirugía radical que la situación del enfermo reclama, lo que equivaldría a hacerla compartir el coste de impopularidad que esa cirugía lleva aparejada, pero la oposición se niega en redondo a dejarse enredar: “que se coma ese marrón el PSOE, y que sufra el desgaste de anunciar subidas del recibo de la luz que son una bomba de relojería para un país estancado, que arrastra 5 millones de parados”, aseguran en el Partido Popular.

-¡Habéis montado un lío de cojones…! -reprenden al ministro Sebastián desde el área económica del PP.

-Yo no; eso ha sido cosa de Clos y Montilla. Yo estaba en la Oficina Económica del Presidente -replica el aludido.

“Si quiere contar con nuestra ayuda, el Gobierno tiene que hacer un cambio radical de política energética”, sostienen en el PP. “Tiene que cambiar de discurso. Porque si no empezamos a reducir costes de forma dramática, la situación se hará insostenible. Y no se puede reducir costes sin afectar a la cuenta de resultados de las eléctricas y sin meterle un tajo a las subvenciones comprometidas con las renovables. Pero es el Gobierno quien tiene que tomar decisiones en este sentido, abjurando de su ecologismo barato. Les hemos dicho que si empiezan a dar pasos en esa dirección, nosotros modularemos nuestro discurso y arrimaremos el hombro. Sebastián nos da la razón en todo, pero no hace otra cosa, o no le dejan, que subir tarifas, y en ese camino no le podemos acompañar, porque es vital recuperar competitividad cuanto antes. ¡De modo que si se empeñan en cargarse el país, allá ellos; con nosotros que no cuenten!”.

¿Quién le pone, pues, el cascabel al gato? “Cambiar de modelo tendría que ser tarea del ministro de Industria de un Gobierno de distinto signo. Partiendo de la base de que cualquier persona sensata a la que ofrecieran esa cartera lo primero que tendría que hacer es rechazarla…”. La solución a largo plazo pasa por la liberalización, dejando flotar la tarifa, con el establecimiento de un precio máximo disuasorio, lo que, a fin de cuentas, se traduciría de forma casi inevitable en aumentos del 25% de forma más o menos rápida. En cualquier caso, eso tampoco sería posible hacerlo sin antes desatar el nudo gordiano de esa deuda acumulada. Por delante, año y pico hasta las próximas generales, tiempo suficiente para que se cumpla el aserto de que todo lo que es susceptible de empeorar, empeore.