Alfredo I el Grande

El 27 de enero de 1981, los controladores fueron a una huelga que paralizó el transporte aéreo en toda España. El conflicto coincidió con la celebración

El 27 de enero de 1981, los controladores fueron a una huelga que paralizó el transporte aéreo en toda España. El conflicto coincidió con la celebración de un Congreso de UCD en Palma de Mallorca, fijado para los días 29, 30 y 31 de dicho mes. Aunque el 28 se intentó trasladar a los compromisarios por vía marítima a la isla, a última hora se decidió su suspensión, lo que vino a significar el golpe de gracia para el gran partido protagonista de la transición. Ese mismo 29 de enero, Adolfo Suárez presentaba al Rey Juan Carlos I su dimisión como primer presidente de la España constitucional. “No quiero que el sistema democrático de convivencia vuelva a ser otro paréntesis en la Historia de España”. Al día siguiente, las partes decidieron volver a la mesa de negociación con rechazo a las medidas de fuerza. El ruido de sables en los cuarteles se podía escuchar por las cuatro esquinas de Iberia. Apenas unas semanas después, el 23 de febrero, el tricornio del teniente coronel Tejero irrumpía pistola en mano, ¡Se sienten, coño!, en el Congreso de los diputados, coincidiendo con la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno. A primeros de marzo, los controladores aceptaban la oferta de la Administración, a pesar de “estar muy alejada de nuestras demandas”.

Aquella UCD infiltrada por el PSOE hasta el tuétano y vencida por la crisis, el paro y el miedo a la Acorazada Brunete, fue capaz de solventar el conflicto sin recurrir a la militarización de los controladores y sin declarar el estado de excepción, a pesar de estar plenamente operativos tanto la Ley Básica de Movilización Nacional de 1969 como el artículo 116 de la Constitución del 78. Quizá faltó el genio, “el soberano con capacidad decidir en casos de extrema necesidad, de peligro para el Estado”, en terminología de Carl Schmitt; faltó el líder con testosterona bastante para, aprovechando la excepcionalidad del momento, dar la vuelta a la tortilla con maniqueo argumentario y provocar un giro radical de los acontecimientos. Alfredo Pérez Rubalcaba (APR), el “soberano” de Schmitt, a punto estuvo de lograrlo en 1995, en los estertores del felipismo. Siendo solo portavoz del Gobierno, se sirvió del caso de los “papeles del Cesid”, documentos que implicaban al Ejecutivo -González, Serra, Barrionuevo, Manglano y Galindo- y al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo en, al menos, siete asesinatos de los GAL. Con la ayuda del potente altavoz del grupo Prisa, APR se inventó la tesis de que la publicación (El Mundo) de esos papeles afectaba a la seguridad del Estado. “Chantaje al Estado” fue el banderín de enganche. Con todo a favor, el PP ganó las elecciones de marzo de 1996 por apenas 291.000 votos de diferencia.

El gran momento de nuestro “soberano” llegaría, no obstante, con los atentados del 11 de marzo de 2004. Con la eficaz colaboración de un José María Aznar ahíto de soberbia

El gran momento de nuestro “soberano” llegaría, no obstante, con los atentados del 11 de marzo de 2004. Con la eficaz colaboración de un José María Aznar ahíto de soberbia, APR fue capaz de aprovechar ese instante excepcional, ese golpe de pavor colectivo provocado por las 192 víctimas mortales, para  invertir lo que las encuestas preveían como una clara derrota electoral del PSOE en victoria de un Rodríguez Zapatero que ni en sus mejores sueños hubiera imaginado golpe de fortuna semejante. El genio de APR intuye la trascendencia del momento (“Hay que poner al Gobierno contra las cuerdas y sacar la gente a la calle”); identifica al culpable (“España no se merece un Gobierno que le mienta”), y toma la decisión de rodear las sedes populares durante la jornada de reflexión, utilizando El País y la Cadena SER como altavoces. Y acierta. Jugada redonda.

Entre el 18 de abril de 2004 y el 20 de octubre de 2010 transcurrieron seis años y medio en los que nuestro Príncipe de las Tinieblas se vio obligado a trabajar en las sentinas de dos Gobiernos ZP como ministro del Interior, forzado, tras haber apoyado a José Bono en el Congreso del PSOE que encumbró a ZP, a demostrar no solo una fidelidad a toda prueba, sino un grado de eficacia inimaginable en cualquier otro miembro Ejecutivo. Fulminado por una crisis sin parangón en la historia moderna de España, Zapatero se vio obligado el pasado 20 de octubre a resignar todos sus poderes en la persona de APR, el Soberano, representante del PSOE de siempre. Jamás político alguno tuvo tanto poder en la España moderna. Pero sus primeros pasos como presidente del Gobierno de facto resultaron más bien decepcionantes. La penosa gestión de la crisis del Sáhara y el nuevo arreón de los mercados financieros dieron la impresión de haberse tragado en un santiamén el prestigio del gran comunicador. Era preciso hacer algo y de forma urgente. Los controladores aéreos se lo iban a servir pronto en bandeja.

Una cuestión de “cojonudismo”

En la tarde-noche del viernes 3 de diciembre, España iba a vivir, en efecto, una nueva situación de excepcionalidad, uno de esos instantes perdidos en el limbo jurídico en los que, en palabras de Schmitt, “cualquier sistema legal se vuelve superfluo ante la emergencia de lo inesperado, lo que convierte en ilimitada la competencia del soberano a la hora de afrontar una tal situación no reglada”. Lo contaba un piloto de Iberia, cuando, a los mandos de su A-321 y con el pasaje a bordo, llamaba un punto angustiado a la torre de control de Barajas:

-Nadie respondía; era como si de repente todos se hubieran muerto…    

Para el Gobierno, sin embargo, lo ocurrido el viernes no fue ninguna sorpresa. José Blanco y APR estaban al corriente de las intenciones de los controladores, entre otras cosas porque días antes se lo habían radiado los de Santiago. Y el hombre fuerte del Ejecutivo decide explotar un globo que amenazaba estallar en plena Navidad, haciendo aprobar en Consejo de Ministros y en pleno arranque del Puente de la Constitución un Real Decreto sobre regulación de la jornada laboral de los controladores, la puntilla a la escandalosa situación de privilegio en que vive ese colectivo desde hace décadas. Una cuestión de cojonudismo. Pero los controladores, mal aconsejados y/o con las meninges atrofiadas por culpa de la “famosissima y perversa señora de la gula, que es engaño del juicio de la razon, el qual nos hace creer que tenemos necessidad de tragar todo quanto se nos pone delante: y junto con esto se traga el hombre la templanza, la penitencia y la compassion”, embisten cual toro en celo la muleta que con maña les muestra APR y deciden ponerse todos malitos el mismo día y a la misma hora. El soberano tira entonces de prontuario y a través de Pepiño Blanco lanza un ultimátum al colectivo para que antes de las 21,30 vuelva a sus puestos de trabajo so pena de militarizar el servicio. Al no obtener respuesta, los mandos militares comienzan a ocupar las torres de control.

Pero el RD por el que se encomendaba a Defensa las facultades de control de tránsito aéreo no apareció en el BOE, sin embargo, hasta el sábado 4 de diciembre, de modo que, aunque firmado el día anterior, la milicia invadió las torres de control sin respaldo legal alguno la noche anterior. A pesar de ello, los controladores no se dejaron acojonar por APR y, como en Fuenteovejuna, siguieron todos enfermos a una. Es entonces y solo entonces cuando en La Moncloa se vivieron momentos de auténtico pánico. Había llegado ese momento de excepcionalidad a que alude el pensador alemán. ¿Qué hacer? ¿Qué hubiera hecho Franco en situación similar? Don Alfredo reclamaba respuestas rápidas a preguntas angustiadas. “Él hubiera decretado el estado de excepción”. Henos ahí, pues, recurriendo a medidas excepcionales para atajar un conflicto laboral, y ello 35 años después de la muerte del dictador. El Consejo de Ministros extraordinario del sábado 4 aprueba un RD declarando el estado de Alarma, por el que los controladores de AENA pasan a tener consideración de personal militar, sometidos a las órdenes del Ejército del Aire.

APR introduce en esa reunión del Consejo al Fiscal General del Estado y al Abogado del Estado. Como cualquier vulgar delincuente, busca con ahínco una apariencia de legalidad. Una coartada. Todo lo legitima la eficacia. Desde que el mundo es mundo, cualquier atrocidad jurídica se ha legitimado con el supremo argumento de la eficacia. La legitimidad de Franco consistió en ganar la Guerra Civil. La del gran Alfredo en haber normalizado un servicio público esencial como el transporte aéreo. “Cuando cometo alguna tropelía siempre encuentro algún idiota dispuesto a justificarlo en Derecho” (Federico II de Prusia, llamado El Grande). Y entonces sí. Entonces los controladores se lo hacen en los pantalones y vuelven mansos al trabajo, francamente asustados, derrotados, cuando lo cierto y verdad es que si hubieran aguantado el tirón, esa misma tarde del 4 de diciembre se hubieran llevado por delante al Gobierno Zapatero (que ese sábado no se atrevió a comparecer ante los medios porque dudaba de la eficacia del estado de alarma y pensó que los controladores no iban a obedecer), a cambio, como mucho, de haber pasado tres noches en la cárcel militar de Alcalá.

La militarización es inconstitucional

Como denunció el pasado domingo este diario, ocurre que la militarización decretada por el Gobierno en el marco de la declaración del estado de Alarma, regulada en la Ley Orgánica 4/1981, de desarrollo del artículo 116 de la CE, no es constitucional. Así lo han expresado dos ex presidentes del Tribunal Constitucional (TC), Cruz Villalón y Jiménez de Parga, además de otros muchos juristas de prestigio, caso de Álvarez Conde, Berdugo, Gimbernat, Martín Pallín o Santaella, para quienes estamos ante una extralimitación que contradice lo establecido en el artículo 117.5 de la CE, que limita el “ejercicio de la jurisdicción militar al ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de Sitio”, que no de Alarma, declaración (la del estado de Sitio) que, por otro lado, incumbe a la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, según el art. 116.4 de la misma CE.

Con el respaldo militar –el PSOE parece sentirse a gusto con el estado de alarma-, es el nuevo soberano capaz de imponer medidas de excepción

De modo que los controladores tienen sólidas razones para pensar en resarcirse en los tribunales, aunque, naturalmente, dentro de muchos años. No importa. Gran jugador de póquer, APR ha vuelto a ganar con una simple jugada de farol. Con el respaldo militar –el PSOE parece sentirse a gusto con el estado de Alarma-, es el nuevo soberano capaz de imponer medidas de excepción, porque “Los hombres no encuentran placer, sino un gran sufrimiento, al convivir con otros allí donde no hay un poder capaz de atemorizarlos a todos” (Hobbes). El soberano de hoy es aquel capaz de asegurar el disfrute de un puente a los españoles, en línea con la opinión del filósofo alemán Peter Sloterdijk, para quien “los ciudadanos se han convertido en súbditos de la seguridad. La libertad ya no interesa a nadie: todo se subordina a la seguridad”. Un soberano, en fin, capaz de asumir “el monopolio de la última decisión”, en palabras de Schmitt.

Un hombre con un poder inquietante. “Son muchos los que analizan el poder de Rubalcaba. Yo creo que se quedan cortos”, ha dicho estos días José Bono. Para tranquilizar a determinadas elites, alarmadas por su exhibición de estos días, el propio APR se ha apresurado a decir (entrevista en RNE este miércoles) que lleva “pensando en la salida desde hace tiempo. Como llevo muchos años en política, sé que estoy corriendo los últimos metros”. Convendrá recordarle que, buen especialista en carreras de velocidad en su juventud, los 100 metros lisos se ganan en los últimos 10 metros. El corolario está servido: Si el PP piensa que, con sus 15 puntos de ventaja en las encuestas, la victoria en las próximas generales está asegurada, va listo.

Con Lupa
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