Veinte días y veinte mil millones

Definitivamente, lo que le ha ocurrido a los españoles con el señor Zapatero y sus Gobiernos es un caso de auténtica mala suerte. Mala suerte, sí, porque de otra forma no es posible entender nada. Y es que es difícil conjugar en el Ejecutivo de un país desarrollado, o tal se supone que es España, tanta impericia técnica unida a tanta desidia y cobardía moral, sazonado todo con una desvergüenza, o si quieren un desparpajo, difícil de encontrar en otras latitudes. Al hablar de cobardía moral me refiero al miedo, más bien pánico, que se apodera de estos personajes a la hora de hacer frente a las obligaciones que asumieron al jurar el cargo. Aquí nadie o casi nadie cumple con el cometido que tiene asignado, y de lo que se trata, sean presidentes, gobernadores o ministros, es de escurrir el bulto y darle hilo a la cometa con explicaciones increíbles y planes indescifrables que no solo no arreglan los problemas, sino que los enmarañan y emponzoñan hasta convertirlos en irresolubles.

Es lo que ha ocurrido con las malhadadas cajas de ahorro, un sector que durante muchas décadas prestó un servicio esencial a la sociedad española, básicamente al pueblo llano, y que ha entrado en proceso de disolución, vía transformación y venta al mejor postor, por obra y gracia, o más bien por culpa, de la incapacidad del gobernador del Banco de España (BdE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para cumplir con las obligaciones inherentes a su condición de regulador, sus obligaciones como policía del sistema crediticio, ello sumado a la impericia y falta de sustancia de la ministra de Economía, Elena Salgado, y el pastel coronado por el patético presidente del Gobierno que dizque nos preside, compendio de todas las desgracias patrias.

La rueda de prensa con que la ministra Salgado nos obsequió el lunes resultó una astracanada difícil de digerir. ¿Cuántas veces han valorado el agujero de las cajas? ¿Cuántos planes “definitivos” se han presentado ya para solucionarlo? Por activa y por pasiva se nos aseguró que el sector iba a quedar, tenía que quedar, por narices que iba a ser así, limpio como una patena el 31 de diciembre de 2010, reestructurado de arriba abajo, y se aprobaron fusiones, y se inventaron SIPs, y se creó una cosa llamada FROB (de forma gratuita, dicho sea de paso, puesto que crisis bancarias hubo que se superaron con sobresaliente gracias a la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos, FGD). El propio subgobernador, señor Aríztegui, aseguró muy serio en el Congreso meses atrás que con este magno diseño el problema iba a quedar liquidado para siempre.

Pero hete aquí que 20 días después de culminada la pomposa reestructuración del sector, el Gobierno, la ministra Salgado y su ayuda de cámara, el señor Campa, aparece en plaza pública para anunciarnos que de eso nada, que hace falta un nuevo plan, un macroplan, un superplan, para sanear “definitivamente” el sector, y que eso va a costar, nos va a costar, 20.000 millones de euros. Veinte días y veinte mil millones. Las reformas duran en España 20 días y cuestan 20.000 millones. Zapaterismo en estado puro. Porque la situación es gravísima, se nos dice, en realidad es tan grave que aplazamos la intervención quirúrgica del enfermo hasta… septiembre! ¡Átenme esa mosca por el rabo!  

Vuelva usted en septiembre

Naturalmente, hay que aplazarlo hasta septiembre porque en mayo tenemos elecciones municipales y autonómicas y no es cosa de dañar, todavía más, las opciones electorales de nuestros amigos los barones socialistas con mando en plaza, y como hacerlo en junio iba a cantar mucho, pues lo dejamos ya para después de las vacaciones, lo aplazamos a septiembre… Pero, oiga, ¿no está el enfermo en la UCI? ¿No es terminal su estado? Pues no, parece que no, que el cielo puede esperar. Pero ¿y si no llegamos a otoño? ¿Y si los mercados se enfadan de nuevo y deciden, a la tercera va la vencida, que se acabó el cachondeo español y que aquí no meten un euro más ni en el sector público ni en el privado? Pues default al canto, que es el gran miedo, impregnado de olor a pobreza, que nos tiene acollonados desde hace tiempo. 

El Gobierno, ¡noticias frescas!, reconoció el lunes por primera vez que el sistema de cajas -de momento parece que no hablamos de bancos- tiene un problema de déficit de capital no cuantificado, por lo que, quien no sea capaz de buscarse la vida por su cuenta, será salvado con dinero público y tendrá que aceptar inspectores/policía en el Consejo, es decir, será objeto de una nacionalización temporal -¿temporal?-, y todo ello precedido por la conversión de las entidades en bancos. En la búsqueda de un argumento capaz de justificar la intervención de aquellas Cajas en peor situación, el BdE ha caído en la trampa del “core capital”, ratio que, siendo importante, no es el único relevante a la hora de considerar si un modelo de negocio bancario es solvente o no.

El miedo extendido en el sector es que en esa trampa van a caer cual maltrechos elefantes la mayor parte de las cajas de ahorro españolas, con excepción, quizá, de las tres vascas, de la andaluza Unicaja y, si me apuran, de la aragonesa Ibercaja. ¿El resto? Carne de cañón. Las incógnitas que la bufonada protagonizada por la señora Salgado el lunes dejó sobre el tapete superan con mucho las soluciones aportadas. La cifra de 20.000 millones de recursos que supuestamente serían necesarios para solucionar el problema se antoja a todas luces muy alejada de la realidad. ¿Por qué 20.000 millones y no 30.000 o 40.000, incluso los 80.000 que se han citado en diversos foros y medios, incluido este diario? ¿De dónde sacará cualquiera de esas cifras la “autoridad” competente? ¿Podremos hacerlo sin pedir ayuda a la UE y al FMI? Ese es el quid de la cuestión.

La responsabilidad de Fernández Ordóñez

También de la imperdonable dilación, de la desidia culposa, de la incapacidad para haber agarrado el toro de nuestro sistema financiero por los cuernos hace tres años y haber resulto de un plumazo la situación. Porque el problema es muy fácil, o a la inmensa mayoría de la gente sensata de este país se lo parece: el problema de nuestro sistema financiero, en particular de las Cajas pero no solo de ellas, es que las entidades no van a poder renovar o devolver los créditos vencidos –mucho menos pedir dinero fresco- porque los mercados, es decir, los inversores, no se fían un pelo de los gatuperios escondidos en los Balances, y como los cajeros no se han atrevido a sacar a la luz sus trapos sucios, principalmente inmobiliarios, y como el gobernador del Banco de España, con toda la antaño temida y respetada tropa de los servicios de Inspección, no les ha obligado a ello, pues pasa lo que pasa y estamos donde estamos: caminando sobre el alambre y sin red.    

Estamos, en suma, en manos de unos irresponsables incapaces de sacarnos del agujero en que nos han metido. El Banco de España sigue sin asumir su gravísima responsabilidad en lo ocurrido, aunque, a cambio, nos ofrece la confusión con una nueva reforma llena de incertidumbres, que, además, aplaza hasta el otoño. No deja de ser llamativo que las entidades más directamente afectadas por déficit de capital sean aquellas que han participado en procesos de fusiones, frías o calientes, auspiciadas y bendecidas hasta hace escasas fechas por las mismas autoridades que ahora anuncian a los cuatro vientos la necesidad de este nuevo plan. La credibilidad de este Gobierno es cero y su responsabilidad, insisto, mayúscula.