Sánchez frente a PP y autonomías: la lucha que viene

Decía, ya de madrugada, Pedro Sánchez, durante el pleno del Congreso del miércoles por el estado de alarma, que por ahora no se "defendería" de las críticas de la cámara, asumido que los ciudadanos exigen soluciones y no careo parlamentario. Pero, aunque la crisis del Covid-19 haya congelado a ratos la trifulca en el Congreso, su envergadura sanitaria y económica ha asfixiado la legislatura. Una crisis que ha evidenciado un desfase caótico entre la acción del Gobierno y las autonomías, abriendo el camino a la lucha descarnada posterior PP-PSOE.

Primero, porque la clave subyacente al fuego cruzado que mantienen Moncloa y las autonomías pivota sobre la gestión y eficacia del mando único en manos del Ejecutivo. Por vez primera, el ministerio de Sanidad tomó el control de la única competencia que por décadas ha estado en manos de las comunidades. De ese modo, el ministro Salvador Illa se vio enfrentando una pandemia mundial causada por un virus desconocido —del que no hay aún vacuna—, mientras se imponía aprender a toda prisa el ABC de la práctica llevada a cabo por 17 entes autonómicos.

¿Resultó lo más idóneo? Consecuencia de ello fue la compra esta semana de los 640.000 test fallidos, gestionada desde el ministerio, que eran clave para controlar la expansión del coronavirus. Ese error respondería a que son las comunidades —salvo en el caso de Ceuta y Melilla— quienes en tiempos de normalidad se abastecen de medicamentos y materiales. Por tanto, son las que tienen el 'know-how' (saber cómo) aprendido y conocen mejor el procedimiento.

La distribución competencial ante la crisis del Covid-19, por tanto, no es menor en el principal cataclismo que ha tenido que enfrentar el presidente del Gobierno en todo su mandato. Una crisis de la que depende no solo la salud pública: también el futuro de la coalición gobernante.

A la sazón, Sánchez empezó a construir desde la tribuna su dique ante la oposición: "Hasta el 13 de marzo, en que se declaró el Estado de alarma en nuestro país, la capacidad de las consejerías de Salud de todas las comunidades autónomas era plena, no lo olviden. Podían haberse provisto de todo cuanto necesitaban. ¿Cuándo empezamos a escuchar quejas respecto del Ministerio de Sanidad por parte de la oposición porque no había material? A partir del 14 de marzo, es decir, a partir de que el Gobierno de España declara el Estado de alarma".

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno eleva a 640.000 los test rápidos defectuosos que tendrá que devolver a China

Juanma Romero

En consecuencia, la línea de defensa del Ejecutivo aborda varios frentes. La primera, las medidas estrictas y anteriores a países como Reino Unido. La segunda, sobre los efectos de los recortes a la Sanidad que se atribuirían a la crisis de 2008 —Sánchez prometió una comisión para evaluar el estado de la Sanidad—. La tercera, que las autonomías se podrían haber autoabastecido con anterioridad, si tan consciente era el PP de que había que hacer acopio.

Ahora bien, la competencia suprautonómica para lanzar las alertas sanitarias era del Gobierno —según la Ley 33/2011 General de Salud Pública—. Y, pese a que la OMS no declaró la pandemia hasta el 11 de marzo, existían los precedentes de Italia y China, aunque no fueron considerados suficientes ni para suspender el 8-M —como lamenta hoy la oposición— pero tampoco para cancelar el Vistalegre de Vox.

Aunque, por lo mismo, si las autonomías ya veían venir la debacle, también estuvieron a tiempo de comprar los materiales (test, mascarillas…) a finales de febrero. A tiempo de hacer esa previsión que hoy también reclaman al ministerio, y en la que Sánchez pareció denunciar cierto ventajismo durante su comparecencia. La mayoría no se anticipó, pero 'a posteriori', algunas compras fueron paralizadas en aduanas tras la asunción del mando único en Moncloa. Ahora, prácticamente cada una hace por su cuenta, arrojando la imagen de un 'sálvese quien pueda'.

TE PUEDE INTERESAR

Sanidad recomienda suspender los velatorios y ceremonias fúnebres en toda España

Europa Press

Así las cosas, la batalla de una gestión caótica entre Gobierno y comunidades ha empezado a cristalizar bajo las formas partidistas, desde el momento en que la voz de queja en las autonomías se ha dejado notar más en las del PP que las del PSOE. Un reclamo que han liderado los barones regionales de Pablo Casado, culminando el líder popular la estrategia en la tribuna esta semana: ofreciendo lealtad, pero advirtiendo al presidente de que su acción no era suficiente. Sin embargo, del discurso de Casado en la tribuna también se echó en falta algo más que un repaso de actualidad política nacional (Caceroladas, Transición…). El jefe de la oposición debió haber detallado la situación concreta de sus presidentes regionales, ofreciendo medidas alternativas.

Y algo habrá recogido el Gobierno del crecimiento desmedido de la curva, que ha cambiado ya su estrategia y se plantea endurecer las restricciones del estado de alarma. Aunque tal vez la principal aportación en términos de gestión pública que deje esta crisis sea la necesidad de un protocolo riguroso sobre cómo un país descentralizado debe actuar en casos de pandemia mundial; tanto comunidades, como Gobierno. De lo contrario, hasta contra el Estado autonómico habrá quien arremeta en medio del altísimo coste en vidas, de salud y economía.