Iglesias y Abascal, sobre revanchismo y 'bulocracia'

La política española se empieza a adentrar en un delicado escenario revanchista con la libertad de expresión como ariete, donde los extremos se baten en una lucha de facciones

Foto: El líder de Vox, Santiago Abascal, pasa frente a Pablo Iglesias en el Congreso. (EFE)
El líder de Vox, Santiago Abascal, pasa frente a Pablo Iglesias en el Congreso. (EFE)
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La política española se empieza a adentrar en un delicado escenario revanchista con la libertad de expresión como ariete, donde los extremos que encarnan Pablo Iglesias y Santiago Abascal se baten en una lucha de facciones, en que el adversario político se convierte en enemigo, recordando lo peor de nuestra historia reciente.

Como dejó escrito el historiador Paul Preston en su libro 'La destrucción de la democracia en España. Reforma, reacción y revolución en la Segunda República' (Debate, 2018): "El 14 de abril de 1931, solo los sectores más exaltados de la extrema izquierda y la extrema derecha creían que los problemas que yacían tras las estructuras social y económica de España tendrían que resolverse a través de una guerra".

Pero 79 años después, la guerra en España hoy no son las barricadas, afortunadamente. La guerra es hoy la polarización entorno a los derechos democráticos básicos, un conflicto que cristaliza sutil en las instituciones políticas y las redes sociales, que son el ágora digital de los ciudadanos multimedia.

En el parlamento y fuera, hoy la tercera fuerza política de este país (Vox) señala impunemente a periodistas destacados; critica que el Ejecutivo quiera limitar los bulos acusándole de censura; mientras asegura que este gobierno elegido en las urnas no es legítimo, sino un fraude.

En el parlamento y fuera, el vicepresidente Iglesias evita contestar interpelado por La Sexta sobre la pregunta del CIS relativa a la censura y las fuentes oficiales; no reconoce a Vox como oposición legítima en el Congreso; mientras mete cera abogando por limitar a los medios de "ultraderecha".

Y no se trata de ser equidistante colocando en un saco a todo y todos sin discriminación alguna. El PP y Vox prometieron oposición en calle y los tribunales el día de la investidura de Pedro Sánchez, tratando de escamotear la legitimidad inherente a este Gobierno. Por eso mismo, Moncloa tiene el deber legal y democrático de proteger a los ciudadanos de cualquier abuso, ya sea propio, o ajeno:

En primer lugar, porque quizás no haga falta una nueva ley de control antibulos. Avanzaba Fernando Garea esta semana que la Fiscalía estaba recopilando un listado de delitos e instrumentos —ya existentes en el ordenamiento— para castigar la desinformación en redes. Segundo, porque desde la revolución americana, los derechos son algo sagrado que se construyen en oposición al Estado y no para congraciarse con este. Eso, a falta de leer la letra pequeña del proyecto, pero sin obviar que la desinformación se combate con información y pedagogía —porque lo contrario, atemoriza a los ciudadanos—.

Por ese motivo, PSOE-Podemos deberían reflexionar sobre qué líneas rojas en una democracia no se pueden traspasar, ni de omisión ni de mente, a riesgo de detonar una espiral revanchista que pueda ser susceptible de ser devuelta por sus rivales en el futuro, y así 'sine die'. Existe hoy un riesgo de salir del estado de alarma con una democracia más turbulenta y débil, más si cabe, teniendo en cuenta que nos dirigimos a una 'democracia vigilada' (geolocalización, salida escalonada…) mientras el coronavirus no remita absolutamente.

Todo ello, sin menoscabo de la corriente ultra que se detecta estos días por las redes, muy tóxica, que se dedica a difamar, desacreditar e insultar a profesionales de la información y medios. Porque su único objetivo es crear un clima de confusión, que desconfiemos de todo y de todos para que luego confiemos en ellos.

Por ese mismo motivo, el riesgo real para el gobierno de izquierdas es que la libertad se les vuelva en contra y esa bandera sea tomada por el fundo ajeno que denuncian. Precisamente, la diputada Macarena Olona llegó a afirmar esta semana en una entrevista que no, que Vox no limitaba la libertad de prensa pese a haber expulsado ya de sus actos a una ristra de medios:

"Vox no coarta la libertad de expresión e información periodística. Lo que no toleramos son activistas políticos. No hay ningún tipo de censura cuando tenemos actos públicos de comparecencia, yo estoy en el Congreso y no hay ningún tipo de censura, estamos abiertos a todas las preguntas. [Ahora bien] Si un medio de comunicación en un momento puntual no es periodista, sino activista, y lo demostramos, cuando organizamos actos privados, nosotros decidimos quienes entran y quienes no en nuestra casa. Si nos están abofeteando, eso no es ningún tipo de censura en actos públicos".

Es decir, que los supuestos nuevos adalides de la libertad de expresión sí vetan a periodistas que ellos llaman "activistas" en sus actos privados de partido. Además, cabe recordar que el partido de Abascal fue muy crítico en sus inicios con la labor de los medios de comunicación. Todo ello, después de arrojar acusaciones tan graves sobre el Gobierno como que aplicaba la "eutanasia feroz" en las residencias de ancianos, o de arremeter en directo contra RTVE.

Sucede sin embargo, que la hemeroteca pesa. Iglesias también arremetió contra algunos periodistas en el pasado, y hoy se han hecho virales sus declaraciones sobre que los medios privados atacaban a la libertad de expresión. Sin embargo, Podemos es ya una fuerza sistémica, que reivindica la Segunda República mientras jura la Constitución con lealtad al Rey. Y si quiere ser parte del Ejecutivo, deberá mantenerse en eso.

Porque de lo contrario, España se adentrará en lo que el propio Preston dejó escrito: "No obstante, cinco años y tres meses más tarde [del 14 de abril del 1931], gran parte de la población políticamente instruida había llegado a la triste conclusión de que la guerra no solo era inevitable, sino simplemente deseable". Una España revanchista y enfrentada, sin ánimo de ningún entendimiento político.

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