Pedro Sánchez, y la 'venganza' autonómica ante el rebrote

Cuando Pedro Sánchez compareció aquel 14 de marzo para decretar un estado de alarma centralizado por todo el territorio sentó las bases de un precedente, de una decisión política, que se le ha vuelto en contra al presidente del Gobierno estos días, cuál venganza empuñada por las Comunidades Autónomas para obviar su parte de responsabilidad, y endilgar de nuevo a Moncloa el rebrote de casos de covid-19. La decisión de un mando único, justificada por la necesidad de un poder legal fuerte que tomara las riendas en medio del caos y del desconcierto, partía de una premisa: “Este virus no entiende de territorios”.

Cuenta al respecto el autor George Lakoff en su paradigmática obra ‘No pienses en un elefante’ (2004), donde aborda la importancia de la comunicación política sobre la opinión pública: “La gente piensa mediante marcos. La verdad, para ser aceptada, tiene que encajar en los marcos de la gente. Si los hechos no encajan en un determinado marco, el marco se mantiene y los hechos rebotan”.

Ahora bien, quién se atrevería a pedir un Estado de Alarma al Gobierno para su región y recoger esa patata caliente

Precisamente, las autonomías han jugado esta semana a rebotar los hechos, a obviar las pruebas que no las dejan bien paradas sobre su gestión de la pandemia. Se refugian bajo el ‘marco’ del poder y el control estatal, a sabiendas de que este ha calado entre la opinión pública, a modo de precedente. La lucha soterrada, de fondo, pivota sobre la culpa y el mérito. El que cierre o confine se hará responsable del rebrote. Ahora bien, quién se atrevería a pedir un estado de alarma al Gobierno para su región y recoger esa patata caliente. De otro modo, acaso puede interceder Sánchez sobre un presidente autonómico, en un Estado basado en la descentralización política.

Ahora bien, no es que el virus entienda ahora más de territorios que en marzo. A fin de cuentas, no deja de ser un virus. Sin embargo, no fue lo mismo tomar las riendas de la situación cuando poco se sabía del covid-19, ante un avance descontrolado de la enfermedad por todo el territorio (mando único de Moncloa), que poner medidas de parapeto, en esta segunda fase, que comenzó en julio con la finalización del estado de alarma (competencias propias autonómicas).

"Algo habrá fallado pues, en la gestión de Madrid, Aragón y del País Vasco para que sean las regiones más afectadas por la pandemia"

En primer lugar, porque existen responsabilidades únicas, y otras compartidas. A las Comunidades les ha correspondido a lo largo de este tiempo la labor de contratar rastreadores, de realizar test, de controlar las residencias, o de planificar el curso escolar, porque de ellas dependen estatutaria y constitucionalmente las competencias de Ejecución de la Educación, Sanidad, y Servicios Sociales. Para eso, sí tenían potestades plenas. Algo habrá fallado pues, en la gestión de la Comunidad de Madrid, Aragón y del País Vasco para que sean las regiones que despuntan en el ranking de afectadas por la pandemia.

Máxime, si nos remontamos al escenario de julio en el Congreso. Ciertas formaciones como el Partido Popular presionaban para que el Gobierno retirara el estado de alarma, y que fueran las autonomías quienes pasaran a gestionar los últimos coletazos de la pandemia. Pedían entonces relajación de las medidas y descentralización del poder. “Dictadura constitucional” empuñó el líder popular Pablo Casado para definir las competencias legalmente avaladas por la ley orgánica de 1981. Pese a ello, las regiones ahora piden devolver la patata al Gobierno, justo cuando la gestión autonómica no ha dado los frutos deseados.

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Si bien, tras la salida del estado de alarma, la realidad es que el Ejecutivo no hizo los deberes legislativos para que los nuevos cierres no hubieran de pasar por otro estado de alarma. Sánchez se comprometió con Esquerra Republicana y Ciudadanos a una reforma de las leyes ordinarias de Sanidad para dotar de más competencias a las Comunidades Autónomas. Aparcada por el Gobierno, esa reforma no se ha llevado a cabo en estos meses. Las cuatro normas a revisión serían: la Ley General de Sanidad (1986), la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (1986), la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003) y la Ley General de Salud Pública (2011).

Frente a ello, la estrategia de Moncloa en este tiempo ha sido fiarlo todo a la aplicación de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública 3/1986, sumado a las autorizaciones judiciales para dar cobertura a la restricción de derechos fundamentales. La estrategia judicial ha dado frutos, porque ha sido avalada en la mayoría de casos. Una mayoría de Comunidades pudo aplicar lo acordado en la Conferencia Territorial de Sanidad, sobre limitar el tabaco en los espacios públicos, como las terrazas, o el cierre de locales de ocio nocturno.

Sin embargo, con el nuevo curso, las comunidades se han abonado al relato de la responsabilidad única del Gobierno

Ahora bien, la estrategia judicial ha tenido dos choques puntuales que han alertado a la opinión pública. Pinchó en primer momento en Cataluña, con el intento de Quim Torra de confinar el Segrià. Ante la negativa judicial, la vicepresidenta Carmen Calvo llamó al vicepresident Pere Aragonès para aconsejarle que recurriera la decisión. El Govern de Quim Torra decidió elaborar un decreto, a modo de encaje de bolillos, para amparar la restricción. En Madrid, un juez tumbó en un primer momento decisión sobre el tabaco y las terrazas –aunque se estaba aplicando en todo el territorio.

Sin embargo, con el nuevo curso, las comunidades se han abonado al relato de la responsabilidad única del Gobierno. En Educación, lo que el ministerio de Isabel Celáa puede hacer, a lo sumo, es unificar criterios desde una conferencia sectorial. Asimismo, puede ofrecer apoyo económico, como la transferencia de 2.000 millones de presupuesto a las comunidades para que estas puedan contratar a más profesores y garantizar la distancia social. Asimismo, Defensa ha puesto rastreadores del Ejército al servicio de las CCAA. Finalmente, el Ejecutivo podría ofrecer desde los ministerios de Trabajo y Seguridad Social permisos retribuidos a los padres con hijos infectados, o en cuarentena por contacto con un positivo.

Para todo lo demás, existe un Estado autonómico. Por eso, resulta contraproducente para el Gobierno anticipar que los colegios abrirían “con todos los alumnos”, como dijo Celáa en junio. España no es un país centralizado, ni presidencial. Aunque las comunidades se vengan ahora: no me des ideas, dime cómo me sacas de esta y carga tú con la responsabilidad. Como afirma Lakoff: “Los marcos no pueden verse ni oírse (…) pero los conocemos por sus consecuencias. (...) Los nuevos marcos requieren un nuevo lenguaje. Pensar de modo diferente requiere hablar de modo diferente”. Del “virus no entiende de territorios” a la “co gobernanza”. Pedro Sánchez sufre la ‘venganza’ autonómica.