Pablo Iglesias, su primer 12 de octubre y el 'anti-Estado'

Iglesias llega a su primer 12 de octubre en una oposición abierta hacia la Monarquía, y de crítica desde Podemos a la acción judicial en el caso Dina Bousselham

Foto: El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)
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Pablo Iglesias llega a su primer 12 de octubre en una oposición abierta hacia la Monarquía, y de crítica desde Podemos a la acción judicial en el caso Dina Bousselham, tras la petición de imputación del vicepresidente por parte de la Audiencia Nacional. Es decir, con el desencuentro frente a dos de los pilares que sustentan el Estado en España: el Rey y los jueces. Es por eso que la novedad de Podemos en el Gobierno, y con la entrada de Vox en el Congreso como tercera fuerza, este día se aboca al riesgo de reproducir el relato político polarizante entre el llamado Estado y el ‘anti-Estado’ –o lo que en momentos aciagos de la historia se conoció como la España y la ‘Anti-España’–.

En primer lugar, porque la línea seguida por Podemos en los últimos días ha abierto un debate sobre la institucionalidad en nuestro país. Es la paradoja de que un representante público puede prometer el cargo con lealtad al Jefe del Estado y la Constitución, para más tarde seguir en el descrédito al sistema. La libertad de expresión e ideológica está amparada por nuestro ordenamiento, y nuestra Constitución no es militante. Pero anteriormente se entendía que un alcalde, un presidente, un ministro… representaba a todos los ciudadanos, con independencia del partido político donde venía, y que había una serie de hechos del Estado que se dejaban fuera del debate político.

Sin embargo, la mutación se da ahora a lomos del germen del populismo sistémico. Esto es, la idea de que incluso desde las instituciones se puede seguir representando a unos, no a todos, o a la mayoría. El caso más sonado el del gobierno independentista de la Generalitat, con sus ausencias a los actos del monarca, afirmando que “Cataluña no tiene Rey”, o abogando por los desdenes a la Constitución que abocaron al referéndum ilegal del 1-O.

Es obvio que las instituciones políticas no pueden ser neutrales por definición, porque de hecho, hacen política. Pero existe una diferencia entre la neutralidad –imposible– y respetar la institucionalidad. Por ejemplo, desde Felipe González el PSOE ha separado el respeto a la Monarquía del hecho de que una parte de sus bases fueran republicanas. Es el ejemplo del exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y su papel facilitador durante la abdicación del Rey emérito. El caso reciente es Pedro Sánchez, defendiendo a Felipe VI ante las informaciones del Juan Carlos I. De hecho, Podemos se excusó ante sus bases el haber prometido el cargo con lealtad al Rey porque era el decreto que había que seguir.

La actuación de los morados en estas semanas entraña un problema para el Gobierno de coalición, y en concreto para Sánchez. Facilita a Vox y al Partido Popular el discurso de que hay unas fuerzas que defienden al Estado, que sería la derecha, y una izquierda que quiere inmolarlo, junto a nacionalistas e independentistas. Eso es así, porque en España los axiomas del Estado se suelen identificar con los pilares de la Constitución de 1978.

Todo ello es clave a las puertas de la festividad nacional, por la carga simbólica que rodea a esa cita. Suele contar con la presencia del Rey, la cúpula del Poder Judicial o el Ejército, aunque este año los actos serán más reducidos por el covid-19. Sin embargo, Vox ha encontrado la forma de colar la idea de que no habrá desfile por “motivos ideológicos” de la coalición. Precisamente, Santiago Abascal encuentra legitimación retroalimentándose con Iglesias. Se mantiene además el interrogante sobre si el vicepresidente y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acudirán a la fiesta, de la que se han ausentado durante años.

Así las cosas, los giros de Podemos no solo deben entenderse ideológicamente, sino por la mera supervivencia política de un partido lleno de contradicciones, inmerso en un berrinche político por su escaso poder en el Gobierno y en los giros folclóricos de sus líderes –como escribí hace unas semanas–. Eso es así porque abogar por la “república plurinacional y solidaria” se ha convertido en el nuevo constructo populista de la formación, como la “casta” antiguamente. Podemos ya no puede impugnar los privilegios –Iglesias está aforado–, ni hacer discurso de La Gente, porque han perdido toda credibilidad.

Ahora bien, la creación de los conceptos amigo-enemigo, eligiendo ahora a la Monarquía como nuevo foco, le sirve al partido morado para reorientar el malestar de la población hacia algo irrealizable. La nueva quimera es la “república”, una nueva forma de decirle a los ciudadanos que así se solucionarán todos sus males. Con 35 escaños el partido morado debe saber que no puede reformar tan siquiera la inviolabilidad del Rey, menos aún la forma de Estado para la que hacen falta dos tercios de las cámaras y elecciones.

En segundo lugar, el descrédito hacia la acción de la Justicia es lo habitual en la ley del embudo esperable de todo populismo. Si afecta a otros, se dice que los jueces hacen su trabajo conforme a Derecho. El juez García-Castellón es el juez instructor del caso Kitchen (PP). Cuando afecta a uno mismo, se siembra el halo del descrédito, como en el caso Bousselham,. Otras veces, se alude a la existencia de una ‘lawfare’, guerra jurídica.

Pese a ello, los discursos pueden quebrar la institucionalidad, pero los hechos llevarían un paso más allá. En estos días han circulado globos sonda sobre una voluntad del Gobierno de reformar la elección del Consejo General del Poder Judicial y que se elija mayoría simple o absoluta. Ello hace saltar todas las alarmas porque rompe con los mecanismos de contención de toda democracia. No porque se politizara de pronto la Justicia –en la actualidad, el CGPJ ya se elegía por 3/5 de las cámaras– si acaso, porque se abundaría en esa senda de politización.

Ahora bien, poner freno a las pulsiones Anti-Estado también es una tarea de quienes dicen defender al Estado. Hay una frase que dice: “Somos la derecha porque nunca hacemos oposición al Estado, sino al gobierno”. El CGPJ lleva dos años caducado constitucionalmente. Tampoco parece un favor a la Monarquía su patrimonialización en un debate izquierda-derecha. PP, VOX y PSOE han votado conjuntamente en el Congreso no abrir comisiones de investigación sobre el Rey emérito para no generar un show político en torno a la institución, y dejarlo en manos de la Justicia. Sin embargo, el 12-O que viene va servido de la vieja polarización “Estado”, “Anti-Estado”, y algunos parecen satisfechos de haber tomado partido.

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