Rajoy y Mas: el enquistamiento

Lo normal sería que la eclosión -en gran escala- de la corrupción aconsejara a los partidos de gobierno (en Madrid y Barcelona) a suavizar el choque frontal que, con la intensidad actual, no se había producido desde la transición y que puede llevar al sistema político al estado catatónico. Sería lo lógico, pero no es lo que sucede.

El Gobierno del PP lucha para que el descrédito del caso Bárcenas (un tesorero que 'ahorra' 22 millones en Suiza y unos dirigentes acusados de cobrar parte del salario en negro) no le conduzca al desastre. En Catalunya, el president Mas sabe que la posible imputación de Oriol Pujol por el caso de las ITV, más las sospechas sobre el comportamiento de otros hermanos, puede afectar gravemente la credibilidad de CiU. Lo lógico sería que las dos partes frenaran la huida hacia delante…, pero las cosas discurren por otro cauce pese a que el espectáculo es cada día mas grotesco. Ayer se supo que el vicepresidente de la patronal -que no ocultaba su simpatía política por Esperanza Aguirre- pagaba en negro una parte del salario de sus empleados y que la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola (el mayor de los hermanos) había explicado a Alicia Sánchez Camacho, hace ya más de dos años, los viajes a Andorra con paquetes de billetes de 500 euros. Y que el encuentro en el reservado de un restaurante fue grabado por una agencia de detectives que -según El Mundo- fue contratada por el PSC. Pese a que este partido lo niega tajantemente, ello no impidió que ayer Cospedal pidiera explicaciones a Rubalcaba (debe creer, como CiU, que el PSC es el PSOE) y que la portavoz de ERC acusara al PPC y al PSC de ocultar datos a la justicia. Cuando en el debate político coinciden el enquistamiento de un problema de fondo -el encaje de Catalunya en España- con la antología del disparate sobre otro asunto relevante –el poder de la cúpula de los partidos, mayor que en otros países europeos, y la corrupción política-, la mezcla puede ser explosiva.

Cuando en el debate político coinciden el enquistamiento de un problema de fondo -el encaje de Cataluña en España- con la antología del disparate sobre otro asunto relevante –el poder de la cúpula de los partidos, mayor que en otros países europeos, y la corrupción política-, la mezcla puede ser explosiva.El viernes en las jornadas económicas de S'Agaró, que la empresaria y exdiputada del PSC Anna Balletbó anima desde hace 17 años, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, volvió a solicitar al president Mas –lo había hecho pocos días antes el Círculo de Economía- el diálogo con Madrid. Cuando el mundo económico catalán pide que el contencioso transcurra por la vía de la negociación -lo que implica aparcar el secesionismo- Artur Mas no da su brazo a torcer. Contestó que el diálogo debía exigirse también al Gobierno de España (clara alusión al rechazo de Rajoy al pacto fiscal) pero remarcó que él ya daba por superada la reivindicación del pacto fiscal y que estaba en otra derivada. ¿Cuál? El enfrentamiento. Pese al tono mesurado de sus palabras -Mas sabe siempre parecer razonable a quien se dirige- quedó claro que, hoy por hoy, la estrategia de CiU es la alianza con ERC y el choque de trenes que el conseller Homs, el ideólogo, dice que ya se ha producido.

Desde Madrid tampoco se apuesta por rebajar la tensión, sino todo lo contrario. El sábado en S'Agaró Luis de Guindos –que tiene un lenguaje mas conciliador que Montoro- se mostró receptivo a reconsiderar el objetivo de déficit de Cataluña para 2013 –algo que sería importante- si la UE suaviza el de España, pero sus palabras quedaron casi sepultadas por las portadas de los diarios, que destacaban el informe de la Abogacía del Estado que propugna recurrir al Tribunal Constitucional la declaración soberanista del parlamento catalán. Entre los empresarios catalanes la declaración no tiene partidarios –sólo los del lobby FemCat próximo a CDC y los de las pequeñas empresas que operan en el mercado interior catalán-, pero recurrir al Constitucional una declaración parlamentaria se cree inconveniente. Primero porque el Constitucional, con su sentencia sobre el Estatut, marcó un punto de no retorno en 'la desafección'. Segundo, porque suena raro prohibir a un Parlamento que haga declaraciones, por más disparatadas que puedan parecer. Tercero, porque el propio presidente del Gobierno dijo inmediatamente -buscando rebajar la tensión- que la declaración no servía para nada porque no tenía efectos jurídicos.

Entonces, ¿por qué ahora el despliegue sobre el informe de la Abogacía del Estado y sobre la consulta al Consejo de Estado? Quizás la vicepresidenta no quería afrontar la rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes con el caso Bárcenas como plato único. Y desde luego sabe que el conflicto con Cataluña tiene morbo y no molesta a parte de sus electores.  

¿Cargar contra Catalunya para 'distraer' del caso Bárcenas? ¿Disparar contra la cerrazón de Madrid para desviar la atención de la familia Pujol? Pensando en el corto plazo puede ser oportuno para pasar un trago difícil, pero la descalificación permanente del Gobierno de una comunidad autónoma que representa el 20% del PIB, o del Estado, sólo puede conducir a un peligroso enquistamiento y a que, en el momento de la verdad, nadie sea capaz de frenar las locomotoras y acabe llegando el choque de trenes. Con toda su brutalidad. En ese caso la crisis económica y política habría dado un fatídico salto cualitativo hacia lo peor.