Cataluña 2014

El año que estamos a punto de iniciar puede ser clave para la relación entre España y Cataluña. Por una parte se cumplen doscientos años de

El año que estamos a punto de iniciar puede ser clave para la relación entre España y Cataluña. Por una parte, se cumplen doscientos años de los decretos de Felipe V que liquidaron el régimen político catalán y, por otra, una mayoría amplia de 87 diputados (sobre 135) –que no alcanza no obstante los dos tercios precisos para la reforma estatutaria– preconiza la celebración de un referéndum.

Hay dos contendientes frente a frente: Rajoy, el presidente del Gobierno español que dispone de una cómoda mayoría absoluta, y Artur Mas, el presidente de la Generalitat, que gobierna en minoría pero que mantiene una mayoría no uniforme a favor del derecho a decidir. Y la opinión pública, tanto en Cataluña como en España, es muy crítica con la acción de sus Gobiernos, que se enfrentan a la peor crisis económica desde 1929 y a otra político-institucional. Y ambas crisis se han convertido en un desafío al régimen democrático instaurado en 1977. ¿Cuáles son los puntos fuertes y las debilidades de cada uno de los contendientes que, pese al actual enfrentamiento, son –por su trayectoria– personas razonables y que en el pasado han colaborado con alguna intensidad? Hoy me centraré en Artur Mas.

Su primer punto fuerte, aparte de la gran movilización de amplios sectores (ahí están las dos grandes manifestaciones del 11 de septiembre del 2012 y 2013), es que ha logrado superar las disensiones –unos quieren la independencia (CDC, ERC y CUP) y otros son confederalistas o federalistas (UDC e ICV-EUA)– y solidificar un frente soberanista que apuesta por celebrar la consulta el próximo 9 de noviembre. Es un desafío en toda regla. Cierto que se ha tenido que recurrir a dos preguntas para satisfacer a cada una de las dos facciones del soberanismo y que –bastante escandaloso– no hay consenso sobre el sistema de recuento de las preguntas. Es pues una unidad con muchas grietas, pero hay frente común y desafío. El PSC se ha apartado, lo que debilita el frente, pero los socialistas también va a tener problemas internos.

Su segundo activo es que una gran mayoría de catalanes (74% según la encuesta de El Periódico y el 73,5% La Vanguardia) quieren la consulta. Hay un 40% (encuesta de El Periódico) partidarios de un Estado independiente y un 42% (encuesta de La Vanguardia) que votarían independencia aunque ello implicara salir de la Unión Europea. El sentimiento de protesta por la sentencia del Constitucional sobre el Estatut parece pesar más que los indiscutibles perjuicios que tendría para Cataluña quedar fuera de las instituciones comunitarias.

El tercer punto es la negativa radical de Rajoy a la consulta. Independientemente de los argumentos constitucionales, lo que el presidente del Gobierno debería tener en mente es que su primera obligación es solucionar la crisis con Cataluña y que ello es poco compatible con insistir (lo hizo el pasado viernes) en que “dedicaré todo mi esfuerzo a evitar ese perjuicio” (la consulta). Evitarla lo puede hacer porque tiene una amplia mayoría para ello (como mínimo PP y PSOE). Por eso “todo el esfuerzo” no debe dirigirse a combatir lo que dicen querer las tres cuartas partes de los catalanes, sino a encontrar una vía de salida. Cierto que es complejo y difícil, pero si no se tiene claro que la prioridad es evitar el choque de trenes y se le antepone la prohibición, las cosas pueden empeorar. El independentismo apuesta a que la negativa de España a la consulta sin ofrecer nada a cambio –y pondrán difícil las alternativas– puede hacer que el 74% de partidarios de la consulta evolucione hacia posturas más radicales.

El cuarto punto de Artur Mas es que, por una serie de errores políticos graves (el último, el del aborto), el PP está convirtiendo su mayoría absoluta en –como dijo el viernes Rubalcaba– una soledad absoluta. Y la soledad absoluta no ayuda a encontrar aliados y generar complicidades. El PP y el PSOE pueden votar juntos en Madrid, pero la distancia entre el PPC y el PSC es muy fuerte y el PPC y Ciutadans, más que colaborar, se pelean por enarbolar la bandera españolista. Y la soledad absoluta le ha imposibilitado cualquier complicidad con IU para intentar que ICV-EUA no se sumara al frente soberanista. Incluso la actitud de Duran Lleida habría podido ser otra si Rajoy hubiera mostrado más cintura.

El quinto y último punto es que aunque Rajoy deseara abrirse al diálogo –es significativo que el discurso del Rey, que el Gobierno como mínimo revisa, hablara de “la actualización de los acuerdos de convivencia”– lo tiene difícil porque un sector de su partido –la aznaridad– es radicalmente contrario y porque los barones autonómicos, que son los primeros en enfrentarse a las urnas en el 2015, no quieren nada que pueda interpretarse como un trato de favor a Cataluña. La prueba es el chasco que se llevó la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, cuando, con como mínimo algún visto bueno de Moncloa, presentó su moderado pero interesante sistema de financiación para Cataluña a la ejecutiva del PP. Sólo evitó salir quemada en la hoguera porque enterró rápidamente la propuesta.

Mas tiene puntos a favor y puntos en contra en la batalla que se avecina pero el desenlace también dependerá de si Rajoy sabe ser creativo o sólo se coloca tras la barricada del noPero Mas también tiene como mínimo cinco obstáculos a los que enfrentarse. El primero es que la deriva independentista no beneficia a su coalición (CiU), sino a la más radical ERC, históricamente más coherente pues en el 78 Heribert Barrera no votó la Constitución. En todas las encuestas no sólo ERC sale como el primer partido si hubiera elecciones anticipadas, sino que Artur Mas no es el político más valorado al ser superado ampliamente por Oriol Junqueras. El liderazgo independentista está ahora compartido entre el presidente de la Generalitat (un moderado que se ha radicalizado) y Oriol Junqueras (un radical que no está cometiendo errores).

El segundo obstáculo será decidir el camino a tomar cuando se constate que la consulta no va a poder ser legal en el 2014. ¿Intentar una consulta ilegal? Despertaría gran inquietud en la sociedad catalana, sería censurado por todos los Gobiernos europeos y podría tener consecuencias graves. No creo que lo haga. Pero tampoco puede quedarse cruzado de brazos porque hay independentistas de base (muchos nutren las manifestaciones de la ANC, Asamblea Nacional Catalana) que creen de buena fe –ayudados por el agit-prop del propio Mas– que la independencia será inmediata y sin dolor. ¿Convocar elecciones anticipadas? Perdería la única ventaja lograda con el adelanto electoral del 2012, la posibilidad de negociar con un Gobierno español posterior a las elecciones generales del 2015 que previsiblemente será más débil y no tendrá mayoría absoluta.

El tercer gran hueso –el más importante– es que Cataluña no está fracturada –al menos todavía–, pero sí partida. Según la encuesta de La Vanguardia, en la consulta planteada por el frente soberanista, el 44,9% votaría a favor de la independencia y el 45% en contra. Bien es verdad que el arbitraje corresponde a los minoritarios que votarían a favor del Estado propio (primera pregunta) pero no al Estado independiente (segunda pregunta). Sea como sea, lanzarse a un proceso independentista –que siempre comporta algún dolor– con la sociedad dividida es bastante arriesgado. Ahora bien, ¿tiene otra alternativa Artur Mas después de haber ido tan lejos? ¿Cree que el marcador se moverá a su favor con la negativa de Rajoy al referéndum y con la campaña en contra del PP que puede conllevar grandes dosis de nacionalismo español, que será aplaudido en España pero que erizará a un sector importante de los no independentistas catalanes (entre los que hay muchos que votan PSC, ICV y CiU)?

El cuarto obstáculo para Artur Mas es el escepticismo y la progresiva definición a la contra –siempre de forma suave y diplomática– de la mayoría del empresariado catalán. Hay pequeños empresarios que tienen su mercado sólo en Cataluña y que se han hecho independentistas, pero las organizaciones patronales saben que la mitad de las ventas catalanas se hacen en España y que no conviene jugar con las cosas de comer. El Foment, la Cámara de Comercio, el Círculo de Economía, la propia PIMEC, son firmes partidarios del pacto fiscal, pero también escépticos sobre la independencia. Y en esta dirección se mueven también los dos bancos catalanes (CaixaBank y el Sabadell), que están entre los cinco primeros españoles y tienen más del 60% de su negocio fuera de Cataluña.

Finalmente, el quinto obstáculo es Europa. La idea vendida por Artur Mas es que Cataluña puede ser un nuevo estado de la Unión Europea con plenitud de derechos y que España no lo podría evitar. Tras las advertencias de Bruselas afirmando que con la independencia Cataluña se situaría fuera de la UE y tendría que pedir el ingreso, lo que implica una negociación larga y estaría expuesta al veto de cualquiera de los 28 Estados miembros, Artur Mas ha tenido que admitir la realidad para no ser catalogado en los medios internacionales como un “testarudo irresponsable”. Así, el pasado viernes, en declaraciones a un diario italiano, pidió que se inventara un “régimen transitorio” para aquellas naciones –Escocia o Cataluña– que decidieran ser independientes. Pero un “régimen transitorio” es algo que puede enervar a los Estados que, como reconoce el propio Mas, no desean problemas suplementarios.

Mas tiene puntos a favor y puntos en contra en la batalla que se avecina, pero el desenlace también dependerá de si Rajoy sabe ser creativo o sólo se coloca tras la barricada del no. No quiero acabar esta crónica de fin de año sin levantar acta de la propuesta, todavía a media voz, del PSC. Sabiendo que la reforma constitucional es un asunto espinoso y lento, y por lo tanto poco creíble en Cataluña, el portavoz en el Parlament, Maurici Lucena, ha hablado de una enmienda suplementaria a la Constitución que blindara la excepción cultural catalana y un nuevo sistema de financiación. Sería algo cercano a la “mutación constitucional” de la que habla Miguel Herrero de Miñón, previa a la reforma constitucional. Puede ser una tercera vía a explorar. Cierto que el PSOE ya se ha manifestado en contra y que Pere Navarro no ha asumido el protagonismo, pero Lucena, brillante economista que ha vivido largos años en Madrid y con buenas relaciones con el sector liberal del PSOE (Solchaga participó en la presentación en Barcelona de su último libro), es un político preparado y racionalista. Claro que esto en la España y la Cataluña de hoy no es siempre un activo. 

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