El orgullo crea desorden

Isabel Galí, una inteligente periodista que ha sido corresponsal de TV3 y pertenece a una familia muy ligada al catalanismo desde principios del pasado siglo, escribió un tuit al finalizar el pasado domingo el debate entre Felipe González y Artur Mas en ‘Salvados’: “Lo que está haciendo Jordi Évole hace tiempo que lo debería haber hecho la meva (la mía)” ¿Por qué el encuentro entre dos personalidades tan del establishment y tan consagradas como el presidente más longevo de la democracia y el de la Generalitat de Cataluña sobre un tema tan candente no se ha podido celebrar en TV3? ¿O en TVE?

Como los que mandan en estas televisiones no son incompetentes (al menos totales) la única explicación es que ni al Gobierno de Cataluña ni al de España les interesa un debate correcto sobre el fondo del asunto. Prefieren a Artur Mas diciendo que España no admite el ejercicio democrático del voto o a Mariano Rajoy presumiendo de que España es el estado más antiguo de Europa. Algo corrompe la democracia cuando Felipe González y Artur Mas no debaten en las televisiones públicas con grandes presupuestos (y números rojos) y lo hacen en una televisión privada de segunda y en un espacio algo ‘contestatario’.

Y resulta que fue el programa de mayor audiencia de la semana (más de un 19% en España y un 30% en Cataluña) y varios puntos por encima de la reciente entrevista a Mariano Rajoy. Jordi Évole y laSexta han suplido a unas televisiones públicas degradadas por la prepotencia de los partidos dominantes.

Tanto Felipe González como Artur Mas expusieron bien –y correctamente– sus tesis, pero me volvió a quedar claro –ya tuve esa impresión en el reciente debate sobre Cataluña del madrileño Foro de Foros– que el acercamiento de posiciones es, hoy por hoy, casi un imposible. Artur Mas y la mayoría soberanista del parlamento catalán exigen la celebración de un referéndum previo sobre la independencia –algo muy poco habitual en los países democráticos– antes de cualquier negociación. Y los dos grandes partidos españoles con una gran mayoría en el parlamento español –que pese al voto de protesta lo seguirán siendo tras las próximas elecciones– dicen que ese referéndum secesionista no se celebrará porque no encaja en la Constitución que los catalanes votaron –más que los españoles– en 1978.

Felipe González tiene razón cuando dice que una hipotética independencia es poco viable en la Europa de hoy, pero Artur Mas tiene sus motivos al contestar que no puede colocar en vía muerta la protesta catalana que ha desencadenado una sentencia del Tribunal Constitucional que el mismo Felipe González consideró aberrante (dijo que artículos “inconstitucionales” del Estatut están vigentes en otros estatutos). Máxime cuando Rajoy sólo dice “no, no y no”. Artur Mas quedó en mala posición cuando no supo reaccionar ante un póster electoral de CiU que decía que la España subsidiada vivía a costa de la Cataluña productiva y Felipe González no sintoniza (en Cataluña) cuando insiste en que es toda España la que debería votar en un hipotético referéndum sobre el futuro catalán.

Un 43% admite que España sea un Estado plurinacional, pero para que lo acepten las grandes máquinas políticas –PP, PSOE y CiU– será necesario que antes los ciudadanos les hayan bajados los humos en las próximas citas electorales

¿Por qué hemos llegado a este bloqueo? Quizás la raíz de problema está en que, como decía Carmen Moreiras en un reciente tuit citando una frase de Baudelaire, “el orgullo crea desorden”. El PP no admitió por prepotencia que Cataluña tuviera un estatuto al que se oponía quien presume de encarnar la españolidad. Ahora Artur Mas no admite que una mayoría variopinta que no llega a los dos tercios del parlamento catalán –necesarios para votar no ya un nuevo estatuto, sino la ley electoral– no tiene suficiente legitimidad para exigir algo parecido a una ruptura constitucional (sin contar que PSC y PPC tienen amplia mayoría en los diputados catalanes en el Congreso de los Diputados). Y los socialistas –que ahora buscan una tercera vía– pecaron de orgullo y de incoherencia. Orgullo al creer que podían imponer al PP, entonces el segundo partido pero por muy poco, el Estatut. Y luego se acobardaron cuando los sondeos indicaron que el Estatut les haría perder las elecciones. Y así vivimos en lo que el pensador francés Emmanuel Mounier llamaría “el desorden establecido”.

Si el desorden dominante es fruto de la prepotencia, quizás la solución exija una previa cura de humildad a los actores principales. Y esto puede venir tras el ciclo electoral que ahora se inicia con las europeas. Las últimas encuestas, por ejemplo la de El Periódico de Cataluña del pasado domingo, aseguran que el PP y el PSOE quedarán muy lejos de la mayoría absoluta y que numéricamente es difícil que puedan cohesionar mayorías de derechas o de izquierdas. Quizás una gran coalición a la alemana –que, como Merkel, todo el mundo negará hasta el día después– podría afrontar con realismo la salida de la crisis y un diálogo sin prejuicios con Cataluña. Aquí puede pasar algo similar porque hay encuestas que no dan a la suma de CiU y ERC los 68 diputados que forman la mayoría absoluta y que son necesarios para gobernar, no ya para una declaración unilateral de independencia. Pero que nadie repique campanas en Madrid porque tampoco se vislumbra una mayoría alternativa.

En este incómodo horizonte –habrá que convivir con “el desorden establecido” hasta como mínimo las legislativas de finales del 2015– hay algunos ‘brotes verdes’. Que Susana Díaz, la nueva presidenta andaluza, dijera el lunes en Barcelona que hay que blindar las competencias de las autonomías frente al Estado, que el Senado debe ser una cámara territorial con el mismo poder que el Bundesrat alemán, que hay que reformar en serio la financiación autonómica según el principio de ordinalidad porque no puede ser que la tercera comunidad en contribuir (Cataluña) quede muy por detrás a la hora de recibir, que hay que blindar la singularidad catalana, que entreabra la puerta a que España se defina como una nación de naciones y que exija a Rajoy que no se cierre a la negociación, es en cierta forma una novedad.

Sí, la declaración de Granada permitía estos desarrollos, pero el PSOE tiene poca credibilidad en Cataluña –aunque más que el PP– porque Zapatero no supo defender el Estatut que hizo aprobar en las Cortes españolas. Y Rubalcaba –que, no sin costes para unos y otros, ha logrado resintonizar al PSOE y al PSC– era vicepresidente cuando la sentencia del Constitucional. Por el contrario, Susana Díaz, una personalidad nueva y emergente, dice las cosas a su manera, con más frescura, como confesó ayer Ramón Jáuregui en la SER. Y Andalucía es un decisivo poder fáctico del PSOE desde el 77.

El panorama inmediato es incierto, pero me aventuro a pronosticar que para que las máquinas políticas dominantes permitan un parto complicado –un Estado plurinacional es más complejo que un Estado-nación, aunque según la encuesta de El Periódico el 43% de los españoles lo admitirían– será necesario que antes los ciudadanos bajen los humos tanto a la prepotencia de Dolores de Cospedal (el resto de España no es la nada) como al exclusivismo soberanista (los catalanes más numerosos son los que se sienten tan catalanes como españoles).