¿Se divorcian de Artur Mas?

Sólo han pasado tres años, pero parecen ya muy lejanas aquellas primeras semanas de la presidencia de Artur Mas en las que el candidato por el que apostó la burguesía catalana y que se había presentado como business friendly –en estrecha alianza con el PPC de Alicia Sánchez-Camacho– liquidaba el impuesto sobre la herencia pese al gran déficit de las finanzas públicas. Parece también lejano aquel día en que, subido ya al tren independentista, Pilar Rahola, editorialista de La Vanguardia y biógrafa autorizada de Mas, interpretaba el educado y algo consternado silencio empresarial como aquiescencia.

Luego, cuando tras las elecciones de finales del 2012 quedó prisionero de Oriol Junqueras (volvía la ERC del tripartito que tanto había irritado al conservadurismo bien pensante), la relación se enturbió. Ya a principios del 2013 el president del Foment, Joaquim Gay de Montellà, dio un toque de alerta. Los empresarios creían que había que resolver la situación de Cataluña en España y por eso habían apoyado el pacto fiscal, pero no creían conveniente ir más allá.

En todo caso apostaban por el diálogo, la negociación y el respeto de la ley, siempre susceptible de cambio. Pero todavía entonces (febrero del 2013) la Generalitat logró reducir la envergadura de un acto de Foment a favor del pacto fiscal, que interpretó como divergencia respecto al derecho a decidir y la consulta. En aquella época, Artur Mas nadaba en la tesis de que no pedía a los empresarios que apoyaran el derecho a decidir, sino que se limitaba a pedir que no lo entorpecieran, que callaran. El candidato business friendly exigía silencio.

A finales del 2010, Mas ganó las elecciones como candidato con el apoyo y simpatía de la burguesía catalana, harta del tripartito y de las iniciativas ‘extremistas’ de ERC e ICV. Pero su radicalización tras las elecciones del 2012 está originando un progresivo divorcio entre CDC y el empresariado, que cree que romper con España es un disparatePero tras la fijación unilateral en diciembre de una fecha para la consulta –que ha enervado a Rajoy– todo se ha envenenado y la alarma empresarial se ha incrementado. Tanto por la mayor verosimilitud de un aparatoso choque de trenes con Madrid sobre la consulta (que impide ya cualquier cooperación entre los dos Gobiernos) como por las negativas consecuencias que para la economía catalana y española podría tener una eventual declaración unilateral de independencia (DUI), hipótesis que CiU (o al menos CDC) y ERC contemplan como la más lógica si tienen mayoría en unas hipotéticas elecciones plebiscitarias que sustituirían a la consulta si esta no se puede celebrar.

El mundo económico no considera la independencia como una hipótesis razonable. El pasado miércoles, Josep Oliu, presidente del Banco de Sabadell, el segundo banco catalán y el cuarto o quinto español, presentó en Londres su plan trienal. Y contestó a una insistente pregunta (de la prensa española) sobre el proceso catalán: “En el banco no contemplamos el escenario de una Cataluña independiente porque en este momento se trata de algo remoto para lo que no vale la pena hacer previsiones”. El divorcio del segundo banquero catalán (el primero, Isidre Fainé, había dicho pocos días antes en Washington que sólo contemplaba la hipótesis de “un gran acuerdo”) con el president, que insiste en la consulta y en el voto sí-sí (sí al Estado propio y sí al Estado propio independiente) no podía ser más explícito.

Y eso pese a que Jaume Guardiola (el segundo del Sabadell, que viene del BBVA) tiene una relación muy estrecha con Mas. Pero Oliu no ninguneaba el conflicto catalán, porque añadió: “A los inversores no les preocupa un posible referéndum catalán, pero a mí sí; y deseo que los políticos encuentren las vías de acuerdo democrático para llegar a un pacto, ya que hay que encauzar este tema por la vía de la normalidad democrática y si hay que cambiar algo, pues se cambia”. Oliu no especificó si se refería a la reforma de la Constitución que había centrado, cuarenta y ocho horas antes, la cena en Barcelona de Alfredo Pérez Rubalcaba con seis grandes empresarios catalanes (entre ellos el propio Oliu).

El divorcio –con ribetes de repudio– entre el empresariado catalán y el candidato business friendly del 2010 se ha agudizado en las últimas jornadas. El viernes, en la presentación de un libro sobre la historia de algunas empresas catalanas en el auditorio del Banco de Sabadell, Oliu –que es también vicepresidente del Círculo de Economía y un economista respetado por su rigor y trayectoria académica– insistió ante el propio Mas en que los empresarios necesitan un horizonte de estabilidad política y económica.

Una manera educada de mostrar su preocupación por la exigencia de una consulta que conlleva un grave conflicto con el Estado central. Pero Artur Mas –seguramente afectado por la llamada ‘declaración de Barcelona’ de un grupo de empresarios y directivos alemanes que juzgaba nefasta la independencia– pidió a los empresarios “que se impliquen en el proceso soberanista” (El País) o “a trabajar juntos para conducir el proceso soberanista” (El Periódico de Cataluña). Mas, en un movimiento de aceleración poco calculado, había pasado de pedir a los empresarios la complicidad pasiva del silencio de primeros del 2013 a una incitación al cierre de filas a favor de la consulta y del derecho a decidir.

En las últimas semanas Isidre Fainé (CaixaBank), Josep Oliu (Banco de Sabadell), Josep Lluís Bonet (Fira y Freixenet), Joaquim Gay de Montellà (Foment) y Joan Rosell (CEOE) se han ido expresando con creciente claridad Y la respuesta ha sido contundente: el portazo. El presidente de la CEOE, Joan Rosell, que hasta hace poco prefería el papel de mediador entre la Generalitat y la Moncloa, no dudó el lunes en afirmar que los empresarios no se van a sumar al proceso soberanista porque no están para hacer pactos políticos, sino para generar riqueza y empleo. Y secundado por Gay de Montellà añadió que “agravado por la sentencia del Constitucional sobre el Estatut existe un problema político en Cataluña que hay que abordar”, pero que el papel de los empresarios debe circunscribirse a pedir diálogo y negociación a la clase política para conseguir un horizonte de estabilidad.

Como se ve, las coincidencias de Oliu, Rosell y Gay de Montellà son fuertes, casi totales. Y algunos apuntan que concuerdan (o quizás algo más) con la recomendación lanzada por Isidre Fainé desde Washington del “gran acuerdo” para evitar el choque de trenes.

El divorcio entre Artur Mas y el empresariado catalán está, pues, casi consumado. Y así se constató también en la reunión del president con los directivos del Círculo de Economía el pasado miércoles, que vieron con cierto asombro que, ante la advertencia de Alfredo Pastor (un conciliador profesor del IESE y admirador de Paul Samuelson) de que “el proceso” en curso podía acabar en una “gran frustración”, oyeron responder que las frustraciones podían ser de dos tipos: por no pedir nada (o poco) o por pedirlo todo. Y que él prefería la segunda.

También sorprende que, ante los avisos europeos sobre la permanencia de una Cataluña independiente en la UE o en la moneda única –la declaración de Barroso a la BBC el domingo por la noche sobre la imposibilidad de que una Escocia independiente pudiera seguir en la UE es el último ejemplo–, Artur Mas sólo haya contestado que el egoísmo es el motivo por el que Europa no escucha a Cataluña. ¿No comprende –o no admite– que la UE es una unión de 28 Estados que miran con cierta prevención cualquier ampliación porque complica la toma de decisiones y el funcionamiento interno? ¿Y que temen todavía más las complicaciones que pudieran derivarse de la partición de los Estados existentes?

Lo que más cuesta de entender no es sólo que Artur Mas esté en proceso de divorcio con la franja más dinámica del empresariado catalán tantas veces próxima a CiU por amor o por cálculo (ahí están también las tomas de posición de Josep Lluís Bonet, presidente de la Fira y de Freixenet, una de las primeras firmas exportadoras), sino que no escuche tampoco a su socio de coalición, el democristiano Duran i Lleida, que no para de repetir que Europa no ve bien la creación de nuevos Estados independientes y que el pasado domingo no dudaba en declarar a El Punt Avui (el diario más nacionalista) que “al final això pot acabar malament” (al final todo esto del proceso puede acabar mal).