La fórmula Herrero

Tras el debate en el Congreso que rechazó la cesión de competencias a la Generalitat para el famoso referéndum y ya en plena campaña europea, el

Tras el debate en el Congreso que rechazó la cesión de competencias a la Generalitat para el famoso referéndum y ya en plena campaña europea, el conflicto entre una mayoría del Parlamento de Cataluña (no llega a los dos tercios precisos para la reforma estatutaria o incluso para la siempre pendiente ley electoral catalana) y otra más amplia del Congreso de los Diputados está enquistado. Y durará.  

Rajoy argumenta que la petición de Mas ha sido ampliamente rechazada. El Gobierno no va a autorizar la consulta “aunque la mona se vista de seda” y a Mas no le queda otro remedio que retirar esta exigencia y negociar sin condiciones previas. ¿Cabe la reforma constitucional que preconiza Rubalcaba? Con la boca pequeña dice que sí, pero exige un pacto previo sobre el sentido de la reforma. Dice –no sin razón– que podría ser contraproducente abrir el melón sin garantías de que servirá para resolver el problema y no para encresparlo.

Mas sostiene que la votación del Congreso –a la que inexplicablemente no se molestó en acudir– no frenará la voluntad del pueblo de Cataluña que dice encarnar junto a sus aliados de ERC, ICV, las CUP y los democristianos de Duran i Lleida arrastrando los pies. Mas perdió en el Congreso español –para el soberanismo no es representativo– pero conserva su escueta mayoría en el Parlament, y tiene detrás a la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, una organización transversal que ha demostrado gran capacidad de movilización.

Y siente también cierto apoyo de fuerzas sociales y económicas que creen que si arría la bandera de la consulta, Rajoy no dará nada. En esta onda están los sindicatos –UGT y CCOO, ante los que Rajoy paga también la reforma laboral– y algunos sectores empresariales, no sólo los independentistas (FemCat) y el Cercle Català de Negocis, sino también la Cámara de Comercio e Industria que preside el prudente Miguel Valls y que ha hecho un ambiguo documento sobre las consecuencias de la independencia. El apoyo más espectacular ha sido el de Víctor Grifols, presidente de la multinacional farmacéutica, que animó a Mas “a no arrugarse y seguir adelante con el proyecto”.

Rajoy cree estar legitimado para no negociar sin retirada previa de la exigencia de consulta y Mas insiste en que es irrenunciable. Entre ambos se sitúa una constelación de empresarios y políticos que creen peligroso alargar el conflicto. En Cataluña, Pere Navarro, secunda a Rubalcaba en la reforma federal de la Constitución, y también Duran i Lleida, que en su discurso en el Congreso habló de abrir un proceso de revisión constitucional y luego se exhibió dialogando amistosamente con Rubalcaba. Aunque Duran i Lleida también reconoce los riesgos de quedarse con las manos vacías si Mas retira la exigencia de consulta. En una posición próxima se mueven los dirigentes de las organizaciones patronales catalanas. Incluso un dirigente sutil del PPC, Enric Millo, que procede de la democracia cristiana, ha saludado tímidamente la propuesta de Rubalcaba.

La reforma de la Constitución de Rubalcaba y Pere Navarro es una idea que, parafraseando a Felipe González, demuestra que se “ha entendido el mensaje”. España necesita una reforma en profundidad de la Constitución. No se trata de abrirla en canal, pero sí de convertir el Senado en una cámara territorial, de racionalizar el Estado autonómico, de modificar el sistema electoral –único entre la grandes democracias europeas– que da un poder desmedido a las cúpulas de los partidos y transforma a los diputados en funcionarios de partido, atentos no a sus electores sino al burócrata del aparato que confecciona las listas. Es imprescindible para sanear la democracia que se gestó tras la dictadura, cuando había que dar fuerza a unos partidos casi inexistentes.

Pero la crisis con Cataluña exige una solución más rápida para evitar que la desafección –ya llevamos ocho años desde la aprobación del Estatut del 2006– gangrene toda la vida política. Esta desafección ha hecho que los partidos soberanistas (no siempre independentistas) tengan una exigua mayoría en el Parlament y que los ciudadanos que dicen querer un Estado independiente hayan subido de menos del 20% a más del 40%.

El que fue padre de la Constitución y candidato a la presidencia de Alianza Popular cree que una reforma constitucional es algo demasiado largo y complicado y propone una “mutación constitucional” que pueda brindar a Cataluña una relación bilateral con España similar a la que tiene Navarra, que fue pactada por los dos Gobiernos y que sólo se puede alterar por acuerdo mutuoComo, parafraseando a Rajoy, dijo Joan Coscubiela (ICV) en el debate, “lo único que no se puede hacer es no hacer nada” porque entonces el desencuentro se infectará y la crisis del Estado puede alcanzar cotas peligrosas. Tanto para España como para Cataluña, que en respuesta al tremendo error –es frase de Miguel Herrero Rodríguez de Miñón– de haber recurrido y enmendado un Estatut ya votado en referéndum contesta –también equivocadamente– exigiendo algo similar a la autodeterminación.

En este panorama es interesante la propuesta de “mutación constitucional” que Miguel Herrero desarrolló en el Círculo de Economía de Barcelona el pasado jueves 9 y que ya había esbozado en el debate sobre Cataluña y España del Foro de Foros madrileño el pasado enero. En síntesis, Herrero argumenta que si en 1981 se mutó la Constitución por un pacto entre los grandes partidos que extendió a 17 comunidades el grado y estatus autonómico que las constituyentes diseñaron para tres, ahora sería posible que otro pacto similar acordara una interpretación de la Constitución que reconociera un estatus especial para Cataluña –que dice que es una nación porque ha tenido voluntad histórica de serlo– y también blindara su permanencia en España.

¿Cómo articular esta operación político-constitucional? Herrero propone añadir una disposición adicional a la Constitución (un asistente interpretó que sería algo así como las famosas enmiendas a la Constitución americana), o que se utilizara la primera adicional, que se refiere a los regímenes forales, para abrir el camino a un pacto entre los Gobiernos de España y Cataluña. Esta adicional se podría aprobar con las mismas condiciones que permitieron la reforma constitucional del 2012 respecto al déficit público pactada por Zapatero (presidente del Gobierno) y Mariano Rajoy (líder de la oposición).

Y respondiendo a la alusión a Navarra del catedrático de Derecho Constitucional Josep María Vallés, que fue conseller de Justicia con Pasqual Maragall, admitió que la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra de 1982, que fue fruto de un pacto entre los dos Gobiernos (el de Madrid y Pamplona), podía servir de precedente. Entonces, la negociación logró un texto unitario pactado que se votó –sin posibilidad de enmienda– en los dos parlamentos. Vallés afirmó que se negoció en parte como un tratado internacional (entre dos Gobiernos) y Herrero matizó que sólo parcialmente, pues Navarra (y en su caso Cataluña) forman parte de España.

La virtud de la ley surgida de esta disposición adicional que abriría la puerta a un pacto bilateral España-Cataluña (similar al de España-Navarra) sería ‘blindar’ la personalidad nacional de Cataluña, las competencias de la Generalitat, su sistema de financiación y su permanencia en España. Y sólo podría ser alterada por acuerdo de las dos partes, como sucede en Navarra.

En España y en Cataluña habrá múltiples objeciones, pero Herrero argumentó que “sólo los malos juristas atienden en exclusiva a la letra de la norma jurídica” y que “la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley”. Siguiendo el hilo tirado por Herrero (pero sin atribuirle el razonamiento), se podría concluir que el pacto de la España constitucional con el País Vasco y con Navarra fue la fórmula legal arbitrada para poner fin a las guerras carlistas en el siglo XIX y que ese pacto ha sido mantenido y renovado por la España actual.

Ahora se trataría de que los grandes partidos y una muy amplia mayoría parlamentaria llegaran a la conclusión de que el fracaso del Estatut de 2006 y la petición catalana de una consulta de autodeterminación han creado una situación de crisis de Estado que hace necesario recurrir a una fórmula específica para Cataluña que no se diferenciaría demasiado de la votada para Navarra en 1982.

¿Las objeciones? La primera vendrá de que el unitarismo al que tiende el PP (pero no para Euskadi ni para Navarra, ya que el Gobierno Aznar no cuestionó nunca los regímenes forales) reaccionará con el máximo recelo. Y el racionalismo del PSOE encontrará anticuado y “poco igualitario” el recurso a soluciones específicas, pero tampoco Felipe González y Zapatero objetaron los regímenes de Euskadi y Navarra que defienden los socialistas y ‘populares’ de esos territorios (Jaime Mayor y Patxi López los primeros). 

El argumento de que otras comunidades se opondrán a la relación bilateral o pretenderán tener el mismo estatus es una objeción más profunda que planteó Juan José López Burniol, notario de Barcelona, en el citado debate del Foro de Foros. Pero el propio Herrero dio entonces la respuesta. En los partidos españoles las cúpulas tienen un exceso de poder (muy superior al de otros países europeos) y sería inadmisible que ese poder no fuera utilizado para resolver una grave crisis de Estado.

Finalmente, es cierto que en el caso de Navarra (aunque no en el de Euskadi) la lengua utilizada por ambos Gobiernos es la española y los partidos de centro-derecha (la UPN y la UCD o el PP) han tenido siempre una relación estrecha. Pero ese sería un motivo suplementario. Lo que se hizo para una relación armoniosa con una comunidad que no tiene lengua propia con más motivo se debería hacer con otra que sí la tiene, que es más diferente y con la que hoy hay un grave contencioso, fruto de errores por ambas partes pero al que interesa poner fin (como pasó con las guerras carlistas).

La propuesta Herrero –que es miembro permanente del Consejo de Estado, que fue uno de los padres de la Constitución y que fue candidato (entonces con Aznar como secretario general) a la presidencia del PP– no es algo que los dirigentes españoles puedan rechazar con un manotazo porque es una aproximación pragmática a un contencioso que envenena el funcionamiento del Estado. Y en Cataluña, Pujol –que en el Círculo de Economía siempre responde educada pero firmemente (lo hizo con José Luis Feito y Antonio Garrigues) y escuchó en silencio a Herrero– podría concitar un consenso de autonomistas, federalistas y confederalistas (incluso de bastantes soberanistas). El objetivo sería alcanzar un punto de encuentro con España tras un decenio de crisis creciente que tiene sus orígenes remotos nada menos que en la guerra de sucesión a Carlos II, que acabó con instituciones de autogobierno que estuvieron vigentes bajo los Austrias, el célebre 1714.

Es una propuesta práctica, y menos aparatosa que una reforma global de la Constitución, a una seria crisis de Estado que puede complicarse. El pragmatismo (la inclinación por las soluciones frente a los dogmas) de Rajoy y Rubalcaba y el acreditado posibilismo del catalanismo (hasta hace muy poco) podrían encontrar ahí una senda por la que transitar. A condición de que se quiera de verdad –como puso de relieve Herrero– encontrar una solución y se reconozca que para ello sería bueno que no hubiera vencedores ni vencidos.

Confidencias Catalanas
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