¿Catalunya suspendida?

Intentemos simplificar lo que sucede, porque es la única forma de entenderlo. Primer acto: el sábado pasado, el Gobierno catalán –el tren pequeño– convoca la consulta sobre la independencia. Artur Mas lo hace con pompa, ruido, mayoría parlamentaria aunque ajustada y variopinta, y entusiasmo de los seguidores (abundantes) pero con un argumento jurídico endeble, ya que para sostener que un referéndum independentista es una inocente consulta, casi una encuesta de opinión, hay que tener –como se decía antes– más moral que el Alcoyano.

Segundo acto: el tren grande reacciona. Mientras el presidente regresa de China, la vicepresidenta moviliza a lo que Enric Juliana sintetiza como “Brigada Aranzadi”. El Consejo de Estado dictamina el domingo, el Gobierno se reúne el lunes por la mañana para presentar recurso al Tribunal Constitucional, y el mismo lunes por la tarde el tribunal en pleno –¡quién podrá decir ahora que la justicia española es lenta!– decide por unanimidad suspender cautelarmente la consulta y la campaña que la acompaña.

La argumentación jurídica del Gobierno –aparte de lo de que la soberanía reside en las Cortes Generales, que el nacionalismo discute– es sólida porque, aunque se vista de seda, un referéndum es un referéndum. El PSOE, el principal partido de la oposición, apoya al Gobierno pero pide diálogo y una respuesta política, y la prensa de Madrid sintoniza mucho más con Rajoy que la catalana (con excepciones notables) lo ha hecho nunca con Mas. El tren grande dispara su pitido con fuerte eco mediático.

Tercer acto: ayer martes se reúne el Consell Executiu de la Generalitat, tras la reacción de acertado comentarista de Artur Mas del lunes, destacando la velocidad supersónica del Constitucional que contrasta con los cuatro años necesarios para la sentencia del Estatut. Se toman varias decisiones: pedir al TC que levante la suspensión cautelar (voto pío), solicitar que dictamine sobre el fondo con rapidez (razonable), acatar cautelarmente la orden de suspensión (el papel aquí de la vicepresidenta Joana Ortega, del grupo democristiano de Duran i Lleida, fue relevante) y afirmar que “el proceso continúa”.

Previsiblemente el tren grande se ha impuesto porque es mayor y tiene razones jurídicas. Pero políticamente no ha vencido ni convencido, estamos donde estábamos. Ahora, eso sí, el tren pequeño va a tener que cambiar de vía. Y los independentistas y los partidarios de la consulta (no siempre los mismos) van a protestar con energía. Ayer, pese a la fuerte lluvia, lo hicieron ante muchos ayuntamientos catalanes. Y los simpatizantes pueden incrementarse ya que, como dijo Rubalcaba, “como fórmula de marketing el derecho a decidir es imbatible”. ¿A quién no le gusta que se le consulte?

Una parte muy significativa de la sociedad catalana reivindica el derecho a votar haciendo abstracción de que vota cada cuatro años en elecciones tan políticas como las autonómicas y las legislativas. Y que nunca ha ganado un partido independentista. Y que CiU nunca se ha presentado como tal. ¿Razones para esto? Varias, pero no puedo dejar de citar –sin querer ponerme pesado ni molestar a mis amables contradictores del foro de El Confidencial– la sentencia del TC que fue sentida por muchos catalanes como un portazo al autogobierno. Las grandes manifestaciones independentistas (ya ha habido cuatro) se inician entonces en julio del 2010.   

Cuarto acto (supuesto optimista): como pese al incremento de la tensión, ni España ni Cataluña han perdido sus reflejos de supervivencia, la Generalitat va a acatar la suspensión cautelar y luego la sentencia (forcejeando un poco, eso sí) y el Estado va a actuar con prudencia. Y los manifestantes van a ejercer su derecho y hacer oír su voz –que es potente– pero no van a equivocarse rompiendo con su método ‘festivo’ (aunque puede haber algún incidente).

Pero pese a que todo vaya así (repito que no es la peor hipótesis) estamos donde estábamos. El Estado habrá ganado una batalla jurídica pero la batalla política está abierta. Y no es nada seguro –más bien todo lo contrario– que la protesta en la calle vaya a remitir. Alguien poco informado –o de los que confunden sus creencias con la realidad– pudo creer el 2010 que el ‘asunto catalán’ quedaba resuelto. Cuatro años después hay una mayoría parlamentaria independentista (en gran parte sobrevenida) y se ha convocado un referéndum separatista. Ahora nadie debería volver a caer en el mismo error.

En Catalunya volverá a haber elecciones –quizás más pronto que tarde– y, salvo que la crispación haya bajado porque se haya retomado una vía de diálogo, la victoria de un bloque que volvería a plantear la independencia –con la legitimidad que hasta ahora no tenía de haber ganado unas elecciones– no es descabellada. Es más, la huida hacia delante de Mas puede ser la convocatoria de unas elecciones anticipadas ‘plebiscitarias’ con una lista única de CDC, ERC y acompañantes distinguidos que llevara la independencia en el programa.

Vídeo: Manifestaciones ante los ayuntamientos en defensa de la consulta

Pero tras lo de Escocia y la reacción de alivio por los resultados de todos los Gobiernos europeos, el nacionalismo catalán sensato (incluso algunos que se han entusiasmado con la consulta) deberá admitir que el camino de la ruptura con España está erizado de obstáculos y podría tener más inconvenientes que ventajas.

Por eso cuanto antes, o inmediatamente después de la sentencia definitiva del Constitucional, tienen que estar activados los mecanismos de diálogo. Con seriedad, no sólo para no quedar mal ante la opinión pública sino para llegar a ‘algo’ que inicie el desbloqueo. Rajoy dijo ayer que, si se acepta la sentencia, “aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero”.

Fíjense en el “aún”. Es un reconocimiento de muchas cosas. Agregó que el diálogo no ha sido posible porque desde la Generalitat se han tomado decisiones unilaterales que se ha pretendido que después las avalase el Gobierno de España. Suponiendo que tenga razón, lo que es inexplicable –e imperdonable– es que en tres años de gobierno no haya sido capaz de hacer ningún gesto significativo hacia Cataluña. En política no mostrar empatía es suicida.

El último incidente estúpido es el de los Presupuestos del 2015, en los que la inversión pública en Cataluña es sólo el 9,5% del total español, la mitad de la aportación catalana al PIB, violentando así no sólo un artículo (cierto que hoy no imperativo) del Estatut, sino también una reivindicación catalana unánime y la racionalidad económica que aconseja no obstaculizar el progreso de las regiones motoras.

¿Es lo más inteligente –e incluso lo más propio de un Gobierno conservador– en este momento de eclosión independentista? Y si la buena voluntad que Rajoy exhibe algunos días no es seguida por sus ministros tiene dos soluciones: destituirlos (como fácticamente ha hecho con Gallardón), o dimitir por falta de autoridad.

Demostraría una total falta de sentido de Estado que no hubiera responsables –en Madrid y en Cataluña– ya que algún arreglo es un imperativo. Aunque fuera provisional, que a veces son los más estables y fructíferos. Hay urgencia, y a corto plazo el camino de la reforma de la Constitución (el ideal) no está disponible. Es largo, laborioso y ningún Gobierno sensato va a abrir ese melón a un año de las elecciones generales. Hay que ir a una solución sui generis.

Herrero de Miñón, miembro del Consejo de Estado y antiguo candidato a la presidencia del PP, ha apuntado alguna vez (en un debate en Madrid en el Foro de Foros el pasado enero y en el Círculo de Economía de Barcelona en primavera) a una solución ‘a la navarra’ basada en un pacto bilateral. Quizás las 23 demandas planteadas por Mas a Rajoy en la reunión del pasado julio –que acordaron negociar antes de diciembre– sean un punto de partida.

Pero pactar implica renunciar. Para la Generalitat, aceptar la sentencia y acompasar a lo que ella indique la reivindicación de la consulta. Para Rajoy, admitir que Cataluña no es una autonomía sólo como consecuencia de una forma de organización del Estado. Así se reconoció con el retorno del presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, con el término “nacionalidades” en la Constitución y con la distinción clara de las autonomías que tuvieron autogobierno durante la II República.

Claro que para la derecha española no será cómodo, pero Adolfo Suárez y Martín Villa (los llamados “azules”) lo hicieron en su momento porque era preciso para estabilizar. Estabilizar no es una palabra revolucionaria. Y el argumento populista y falaz (utilizado también por algunos dirigentes del PSOE como Rodríguez Ibarra) de que todos los españoles deben ser iguales no sirve a la hora de arreglar un problema relevante. ¿Es que los vascos y los navarros han dejado de ser españoles? Por favor, vuelvan a leer este interrogante.

Lo que exige no siempre coincide con la realidad, pero si Rajoy y el catalanismo (y Pedro Sánchez) no buscan con rapidez una pista de aterrizaje para el conflicto, las cosas se van a complicar mucho. Alguien me escribió el otro día diciendo que el origen del desencuentro actual fue el intento del tripartito catalán (con la colaboración de CiU) de imponer una amplia reforma estatutaria contra el partido de la derecha española. Puede ser. En todo caso no es el momento de repetir ni el error del catalanismo del 2004-2005 (al que la segunda legislatura de Aznar invitaba) ni el del PP del 2006-2010.

La prima de riesgo española ya ha notado (afortunadamente poco) el contencioso actual y la agencia Fitch ha puesto en perspectiva negativa (amenaza de bono basura) la ya muy débil nota de la deuda catalana. Lo que menos le conviene a España y a Cataluña es que la incipiente y débil recuperación se vea afectada por una querella político-territorial que amenaza con enquistarse.